SEGURIDAD VIAL, OTRA ALARMA QUE PIDE ATENCIÓN DEL CONGRESO

Las estadísticas muestran que en la Argentina muere más gente producto de un accidente de tránsito que como consecuencia de un hecho delictivo. Sin embargo es poco lo que desde el Congreso se hace, y muchos son los reclamos y también propuestas de las asociaciones civiles de víctimas.

Un nuevo accidente como el de la ruta 11, donde murieron catorce personas, pone el foco en el tema de la seguridad vial y pide la atención de los legisladores, como en su momento el caso de Carolina Píparo hizo notorio el tema de la seguridad bancaria.

Según datos de la Asociación Luchemos por la Vida, la Argentina se alza con uno de los números más altos en el mundo por muertes en accidentes de tránsito: unas 27 personas mueren por día víctimas de accidentes viales. En el 2009 hubo un total de 7.885 muertos, y aproximadamente 120 mil heridos en distinto grado.

En las últimas semanas el tema volvió a ser tapa de los medios a partir de una seguidilla de choques fatales protagonizados por colectivos. Uno de ellos sobre la porteña avenida Santa Fe, hace pocos meses convertida en doble mano pese a la resistencia de los vecinos que alegaban justamente que el cambio de circulación provocaría más accidentes. Pero no sólo son los colectivos sino también los autos, las motos, las bicicletas, los trenes interurbanos y los peatones mismos los que provocan los accidentes.

La ley 23.348 prevé la incorporación de la educación vial en el nivel inicial y en la escuela primaria. No obstante, la enseñanza de normas viales brilla por su ausencia. Y pocas leyes hay en el Congreso que apunten a mitigar el mortal problema.

Últimas novedades en las Cámaras

La senadora del FpV Nanci Parrilli se reunió a mediados de agosto con representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, de las Madres del Dolor y asesores de distintos bloques, para comenzar a trabajar en un proyecto consensuado sobre delitos en accidentes de tránsito.

Por su parte, la Comisión de Obras Públicas de Diputados citó el 24 de agosto al administrador general de Vialidad Nacional, Abel Periotti. Si bien el objetivo no era hablar de los accidentes de tránsito sino del estado de las rutas nacionales y provinciales, privatizadas y no, el tema de la seguridad vial surgió al referirse los diputados al mal estado de las carreteras.

“Vialidad Nacional implementó en el 2009 un plan de obras mejorativas para resolver las zonas más críticas de las rutas en el momento más crítico en cuanto a accidentes de tránsito. Se invirtieron 220 millones de pesos”, explicó Periotti, y agregó que entre 2003 y 2009 se incrementó el presupuesto año tras año: se pasó de 556 millones a 750 mil millones de pesos.

Sobre las medidas de seguridad que el Estado y las empresas concesionarias están obligadas a tomar para evitar los accidentes de tránsito, señaló que todas las rutas deben tener un servicio de emergencias desde el celular, detectores de humo, servicios de primeros auxilios, control de animales sueltos y móviles de seguridad vial. Dejó bien en claro que esos requisitos están presentes en los contratos de concesión y que quien debe controlar que los requisitos de esos contratos se cumplan es el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

Pero lo que Periotti afirma con convicción, Ricardo Lasca, presidente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CNDUV), lo niega. Lasca sostiene que “de nada sirve el control y la educación si no hay buena infraestructura. A nivel rutas lo que hay que hacer es un proyecto de vialidad nacional que contemple toda la red caminera del país, eliminando las cabinas de peaje que no sirven para nada y reasignando los fondos para hacer la obras necesarias para así tener una red vial en perfecto estado de transitabilidad”.

Lasca, presente en la reunión de comisión, opina que lo que Peirotti dijo ante los diputados “fue una vergüenza. Encima los legisladores no tienen ni idea, no saben nada del tema, las preguntas eran totalmente ridículas. No se está tratando como una política de Estado, los diputados demostraron una indiferencia total”, resalta, y agrega: “Lo que no se dice es qué es lo que hace el Gobierno con los 1os 14 mil millones de pesos anuales que el Estado recauda en fondos viales, que son los que pagamos cuando cargamos combustible”.

Proyectos, nada más

Existen varios proyectos sobre el tema en el Congreso, pero ninguno ha avanzado. Uno de ellos es de Eduardo Macaluse (SI) y obliga a que en los pasos a nivel de la red metropolitana de trenes exista personal de seguridad que actúe como banderillero y guardabarrera.

El tucumano Gerónimo Vargas Aignasse (FpV), en tanto, propone un sistema de control de alcoholemia que se deberá realizar en las rutas nacionales y en todas las ciudades del país. Las policías federales, provinciales y metropolitanas más un médico y representantes de ONGs serán los encargados de hacer los controles. Si en el conductor se descubre alcohol se le secuestrará el vehículo y deberá pagar una multa.

En abril de este año, un amplio grupo de diputados propusieron declarar la emergencia en materia de seguridad vial por el plazo de dos años, contemplando la elaboración de un Programa de Emergencia Nacional que incluya nuevas leyes o reformas al Código Penal o Procesal, la unificación de los procedimientos de otorgamiento del registro de conducir, establecer más mecanismos de control, que exista un Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, y realizar controles de alcoholemia.

Por su parte, Silvia Majdalani (PRO) presentó una iniciativa destinada a poner más controles en la instancia de entrega del registro de conducir. Una de esas cláusulas es asistir obligatoriamente a un curso teórico práctico de educación para la seguridad vial y rendir distintos exámenes físicos, psíquicos, de educación y ética ciudadana, y de conocimiento del vehículo.

Otros proyectos hablan de utilizar el limitador de velocidad en vehículos, realizar a los choferes de larga distancia estudios para ver si padecen de apnea de sueño, modificar los límites de la velocidad máxima, aumentar las penas... Ninguno ha conseguido aún un avance significativo.

Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro Popular y Solidario), vicepresidente segundo de la Comisión de Tránsito de Diputados, le confesó a NCN que “a veces la urgencia hace que se trabaje en otros temas y no estos que son de suma importancia porque causan la pérdida de muchas vidas. Hay que trabajar en el aspecto de la educación vial desde la escuela primaria, en la Argentina se maneja muy mal, para eso hace falta presupuesto. Es un trabajo cultural también.

De acuerdo con el legislador bonaerense, una manera de acabar con los accidentes de tránsito es “endureciendo las sanciones; que el que mata a alguien realmente no vuelva a manejar nunca más”.

“No creo que la implementación del scoring o la quita del registro sean medidas que puedan ser llevadas adelante eficazmente. Las autoridades de la Ciudad y de los municipios están más preocupadas en recaudar levantando con la grúa que otra cosa”, opinó Basteiro.

Otro tema de importancia es el estado de las rutas. De acuerdo con el diputado, “el problema de las rutas no es el estado, sino la infraestructura, entendida por ejemplo en la amplitud de los carriles. Hoy el tránsito no es el mismo, los camiones que circulan por la Ruta 3 son más grandes que hace algunos años”. Por eso “hace falta que los organismos de control hagan cumplir a las empresas concesionarias con los planes de inversión. En esto hay intereses de las petroleras, de automotrices y de peajes, por lo que no se fomentan otros medios como el tren”.

La sociedad propone

Uno de los accidentes viales que conmovió a la opinión pública fue el de la escuela porteña Ecos, donde murieron doce personas, entre ellas nueve adolescentes y una maestra que regresaban de un viaje solidario. Desde entonces los padres trabajan para concientizar sobre la seguridad vial. De hecho, fueron impulsores de la ley 26.363, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y que contempla medidas como el registro único nacional y el sistema de scoring.

“Creemos que hay que cambiar algunas legislaciones un tanto permisivas en el tema de las penas. Queremos cambiar ciertas categorizaciones del Código Penal, del abandono de persona, la reincidencia, que tiene que tener una sanción mayor”, explica Augusto Lasalvia, de “Conduciendo a conciencia”, el grupo que formaron los amigos y familiares de las víctimas de la tragedia de Ecos.

En cuanto a la legislación vigente, Lasalvia sostiene que “la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada por la nueva ley, viene trabajando bastante bien”. Sin embargo resalta que no todas las provincias han adherido a la norma. “Santa Fe es una de ellas, y es donde los chicos fallecieron, y restan provincias como Entre Ríos, San Luis y Córdoba”, explica.

Por su parte, Teresa Mellano, de la Red de Familiares de las Víctimas de Tránsito, sostiene que “las medidas que el Estado aplica son incompletas, sin olvidarnos, por supuesto, de que el Estado somos todos”.

“Se necesitan cambios en educación, justicia, más penas. Pero tenemos que tener en cuenta que todos tenemos que actuar, ya que se realizan muchas campañas de concientización pero el índice de muertos no baja”, se preocupa Mellano.

Destaca también una realidad: “Puede haber muchos cambios en la legislación, y leyes hay muchísimas, pero los que no las aplican son los jueces. La justicia debe ser ejemplificadora en los hechos graves”.

No obstante, su principal propuesta es que, en lo que respecta al transporte de pasajeros, se realicen controles sobre las horas que trabajan los choferes. “Cumplen con horarios excesivos. Debería controlarse que los choferes no estén recargados de trabajo ni con exceso de cansancio. Se les exige un recorrido en un determinado tiempo que debería reverse teniendo en cuenta las circunstancias actuales del tránsito, como el incremento del parque automotor, o los piquetes. Las empresas tendrían que respetar al trabajador. Porque las empresas les exigen cualquier cosa y, cuando les ponen una multa por exceso de velocidad, lo arreglan con plata porque los entes de control no controlan”.

Teresa es la madre de Paolo Mellano, un joven de 19 años que murió el 21 de septiembre de 2003 en Olivos, víctima de una de las picadas que se corren por la porteña Avenida del Libertador. Todos los días de la primavera, la Red de Familiares de Víctimas del Tránsito realiza la campaña “Primavera sin estrellas amarillas”, pintando en el asfalto una estrella amarilla por cada víctima de accidentes automovilísticos. También, junto a los padres de ECOS, pidieron y lograron la creación de una Agencia de Seguridad Vial que, según ella, es muy nueva y hay que darle tiempo para que trabaje. Sin embargo, lo que señala como más importante es que “los jueces hagan cumplir la ley”.

Mientras los diputados y senadores planean proyectos y desde el Gobierno se intentan articular políticas de seguridad vial, 27 personas siguen muriendo por día víctimas de un accidente de tránsito. Un dato más: se ha convertido en la más importante causa de muerte entre los jóvenes.(Fuente. Noticias del Congreso Nacional)