Los sindicatos públicos, así como los sectores conservadores del Frente Amplio que los respaldan, han desvaído la reforma del Estado, prioridad del presidente José Mujica desde que asumió. A los tristes ejemplos corporativos en la educación, COFE y otras áreas, la Unión Ferroviaria acaba de agregar su airado levantamiento contra la modernización de ese epítome de inoperancia estatal que es la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).
Foto: Carlos A. Salgado
Luego de varios años de intentos frustrados para restablecer un sistema ferroviario medianamente útil, el gobierno bajó finalmente la cortina de la tolerancia y creó una empresa pública que funcionará bajo el derecho privado, con el cometido de asegurar el transporte de cargas por riel.
El sindicato de AFE de inmediato hizo paro, acusando al gobierno de privatizar el ente. El argumento es un disparate sin el menor asidero, ya que la nueva empresa es totalmente estatal. Es propiedad de dos organismos del Estado, AFE con el 51% de las acciones y la Corporación Nacional para el Desarrollo con el 49%.
La acusación sindical solo pretende esconder la defensa del empleo por vida de que gozan los funcionarios públicos, el mantenimiento de una envejecida plantilla laboral que duplica las necesidades reales y otros privilegios igualmente improcedentes. Debilita aun más la resistencia sindical el hecho de que ninguno de los 1.140 funcionarios actuales perderá ingresos, ya que los excedentes se jubilarán o irán a una bolsa de trabajo para llenar vacantes en otros organismos, lo cual es un beneficio insólito.
En su forma actual, AFE es un enfermo costoso que se agrava año a año. Los trenes circulan a paso de tortuga por el deterioro de las vías, restringiendo el transporte de mercaderías que necesita la actividad económica para aliviar de transporte pesado el recargado sistema carretero. Y este servicio precario le costó al resto de la sociedad US$ 19 millones en 2010, monto del subsidio requerido para cubrir el déficit de AFE. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, informó que desde 1985 hasta ahora "la sociedad uruguaya ha invertido en AFE más de US$ 400 millones para que más o menos transporte la misma cantidad de toneladas".
Pese a esta acumulación abrumadora de pruebas de ineficiencia, el presidente del gremio, Carlos Aramendi, amenazó con que el sindicato hará fracasar a la nueva empresa estatal porque ninguno de los funcionarios actuales aceptará pasar a trabajar bajo el derecho privado. En ese caso el gobierno dispone de recursos legales, que incluyen hasta causales de despido, para frenar el extremismo sindical. Pese a la afirmación de Aramendi, es improbable que la totalidad de los funcionarios que necesitará la nueva empresa opten por poner en riesgo sus empleos.
El gobierno, que anticipa que en 2012 ya estará en funcionamiento un mejorado sistema ferroviario, no puede permitir que esta meta sea obstaculizada por un puñado sindical que se niega empecinadamente a trabajar bajo el mismo sistema laboral que rige para más del 80% de los trabajadores del país. Por un lado, la pronta modernización ferroviaria es ineludible como parte de los esfuerzos de Uruguay por salir del subdesarrollo. Y por otro, será un paso, aunque modesto, hacia la postergada reforma de una estructura estatal que el propio Mujica ha descrito acertadamente como paquidérmica.El Observador
