UNA MEDIDA TARDÍA, PARA OCULTAR PRUEBAS EVIDENTES

NOTA DE OPINIÓN

Ing. Román Rafael Ballesteros (*) (Para Crónica Ferroviaria)

La sola fundamentación de la medida de intervención a la concesionaria del servicio TBA muestra la maniobra pergeñada por los abogados dependientes del Ministro De Vido, aparentemente acostumbrados a burlar a la Justicia, según se desprende de la “lectura de la resolución en la que se establece que la intervención es "administrativa, técnica y operativa" y se extenderá por "15 días" o mientras duren las pericias judiciales”.

Ésta expresa la intención de intervenir en la causa como parte interesada, lo que sumado al hecho de querellar en forma pública y notoria a los damnificados (muertos y heridos), constituye un exabrupto legal de nulidad absoluta, acorde con lo establecido por la CN.

La designación del interventor en la Concesionaria TBA (Ing. Raúl Baridó), “un ingeniero especializado en transporte de la Sindicatura General de la Nación”, con competencia que abarca las líneas ferroviarias 1 y 2 (Mitre y Sarmiento), es visiblemente perniciosa para analizar las evidencias, evaluar u obtener en forma perfectamente fehaciente las conclusiones técnicas claras e intachables sobre el estado del material involucrado en el siniestro, las condiciones de trabajo en el taller de mantenimiento, en el procedimiento de operación de la formación 16 de TBA, Ramal Once-Moreno y en las medidas preventivas que debió atender la empresa TBA, según contrato de concesión, en ese 22-2-12.

Por otra parte el interventor, según se observa a priori, podrá encargarse, por mandato de esta medida cautelar (intervención transitoria) e “intervenir” por si mismo y conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) de la STN en el quehacer específico de investigar, requerir y/o fiscalizar todo lo actuado en este caso o en otros similares antecedentes y/o consecuentes, además de las medidas que sean necesarias para prevenir la secuencia operativa del sistema ferroviario, luego de este suceso fatal. Esto se traduce lisa y llanamente en alterar, entorpecer y/o burlar la acción de los peritos judiciales que el Juez requiera oportunamente para formar criterio técnico y legal dentro de la investigación judicial. Revela una clara intromisión y conflicto deliberado de poderes (CN).

Por otra parte, es indispensable advertir, frente a esta medida cautelar, que la fiscalización del Colegio de Ingenieros de la Capital Federal puede quedar sometida a toda manipulación dentro del desempeño profesional avalado por las incumbencias de la especialidad (Ley de las Entidades y Colegiaciones Profesionales dentro del ámbito federal). Este accionar indica la manifiesta intención de eludir la responsabilidad que le corresponde al PEN en un hecho de su exclusiva incumbencia, y que ocasionara un estrago público seguido de muerte múltiple en pleno centro de la Capital Federal. En realidad muestra la irresponsabilidad oficial ante el hecho luctuoso.

En otro orden de cosas, se observa que esta medida "la tomamos porque está en juego el interés público" (según puntualizó De Vido en el Palacio de Hacienda), es contradictoria por si misma, ya que por el estado mostrado por la televisión nacional, el material rodante, el taller de mantenimiento (más las manifestaciones públicas del personal competente en la materia) indica que parte de la flota de TBA que disponible para el servicio está en condiciones sumamente precarias y en evidente incumplimiento de la regulación nacional ferroviaria para operar en el transporte público de pasajeros (Normas Ferroviarias, RITO, etc.).

Por si fuera poco, el funcionario De Vido aseguró que "nunca hay consuelo si no se encuentra una explicación" al desastre. Es lo que la opinión pública exige ya sin cortapisas. Agrava más esta omisión el hecho notorio de que los medios de prensa están aún sin poder requerir públicamente del ministro y del Secretario de Transporte, Ing. Juan P. Schavi, una sola explicación después del momento de la tragedia. Clara y manifiesta intención de ocultar la información del caso a la opinión pública

UNA OMISIÓN DECLARADA

El Secretario Schiavi da una palmaria muestra de su responsabilidad omitida, cuando anunció, además la reducción de la frecuencia de trenes en la línea Sarmiento, el traslado de los pasajeros por otro medio de transporte, seguramente por conocer por si el estado deplorable de los coches actualmente disponibles. Se ha mostrado que existe en los talleres de TBA un manifiesto “canibalismo” o “desguace” del material rodante. ¿Cuánta flota “disponible” tendrá TBA al día de hoy, en similares condiciones a la fatídica formación 16?

Schiavi añadió: "No vamos a poder llevar a todos" en trenes, admitió el funcionario en su exposición (sin permitir preguntas a los periodistas) al tiempo que admitió que "va a haber un poco menos" de servicios. "Quizás vamos a tener algunos trenes menos, quizás vamos a tener horarios distintos a los diagramas habituales y esto no debería provocar situaciones de zozobra".

LAS EROGACIONES POR SUBSIDIO Y LAS PREBENDAS

Por lo visto y oído del Secretario, recién ahora podrá quedar una flota reducida, reparada precariamente técnica y disponible. ¿Para eso se subsidia a TBA desde hace 11 años? A confesión de parte, relevo de pruebas.

A todo esto, un especialista ferroviario y un perito contable podrán advertir fácilmente que las subvenciones del Estado Nacional mantendrán mientras tanto al concesionario libre de toda obligación correctiva, y por supuesto, manteniéndole su rédito y sin hacerse cargo de lo que pasó en esa línea el 22 de febrero desde la madrugada. Y con todas las consecuencias testimoniadas por el pueblo argentino desde hace una semana.

Bueno sería que el Ministerio Público indagara hoy el monto de las subvenciones (subsidios) estatales cobrados por el concesionario desde el 25 de febrero de 2001, para determinar fehacientemente cuánto dinero público se invirtió en mantenimiento del material rodante, vías, infraestructuras de seguridad y comunicaciones, capacitación de personal de control de tráfico y de conducción, guardas, personal técnico de mantenimiento y de la empresa en general desde esa fecha.

Posiblemente es muy probable comprobar pronto que ese monto de la inversión estatal (graciosamente concedido por el PEN en prebendas) hubiera permitido tener hoy un nuevo ferrocarril Sarmiento con todas las medidas y requisitos de seguridad ferroviaria en las dos líneas que atiende TBA, además del presupuesto nacional para el soterramiento de vías que no se ha podido iniciar entre Once y la Avenida Gral. Paz.

TODO ESTO REVELA UNA TRAMA DEL DESMANEJO ESTRUCTURAL EN LAS VIAS CONCESIONADAS A TBA.

(*) Ingeniero Mecánico Electricista Especialista en Sistemas de Transportes Públicos)