GREMIALES
Redacción CRÓNICA FERROVIARIA
En el documento que fue presentado ante el Delegado de la OIT en la Argentina , donde se
solicita la intervención del Comité de Libertad Sindical de la OIT y que en el curso de esta
semana sera analizado en la sede de ese organismo en Ginebra, se denunciaron
los siguientes hechos:
a) La afectación del derecho de huelga de los trabajadores nucleados en
este Sindicato, al decretarse, en forma absolutamente extemporánea e ilegal, la
“conciliación obligatoria”. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires es parte
directamente interesada en el conflicto, tal como ha quedado debidamente
probado durante su desarrollo. Por lo tanto, la Subsecretaría de
Trabajo de la ciudad carece de la necesaria neutralidad e imparcialidad para
intervenir, limitando el ejercicio del derecho de huelga;
b) La aplicación de una sanción (multa), sin el menor respeto por el
derecho de defensa del Sindicato, ya que no se nos dio la posibilidad de
efectuar un descargo, ofrecer prueba y alegar sobre los hechos que se nos
imputaban. Con el agravante que la desmesurada magnitud de la multa (casi cinco
millones de pesos), tiene por evidente objetivo la liquidación económica de la
organización sindical, ya que no puede ser pagada ni afectando todo su
patrimonio y la recaudación de varios años;
c) La burda y torpe intención de que se nos cancele la personería
jurídica, peticionada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Justicia Laboral.
Se trata de una sanción que implicaría la muerte jurídica del Sindicato, que no
está prevista en la Ley
Sindical 23.551 (ver art. 56). Además, equivaldría a aplicar
dos sanciones por el mismo hecho (multa y cancelación de la personería
jurídica);
d) Por la persecución penal a los trabajadores que estaban ejerciendo el
derecho constitucional de huelga. Debe tenerse en cuenta que durante los diez
días que duró el conflicto, con una altísima exposición mediática, los medios
no registraron ni un solo incidente u acto de violencia.
Según la AGTSyP
dice que en pleno siglo XXI, el siglo de los derechos humanos, amenazar con la
cárcel a los trabajadores en huelga, y con la liquidación económica y jurídica
de su sindicato, prueba el pensamiento político prediluviano del gobierno de
Mauricio Macri, que sueña con un mundo sin sindicatos. Al menos, sin sindicatos
como el de la ASTSyP ,
finalizan diciendo en su comunicado.
