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La Cámara Federal insistió ayer al juez Marcelo Martínez de Giorgi para que defina si procesa o no a los acusados por los supuestos sobornos por parte del grupo Odebrecht en la obra por el soterramiento del Sarmiento. En esa causa están apuntados el gigante brasileño y sus entonces asociadas, IECSA, Ghella y Comsa, y entre los indagados, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
“Insistiré nuevamente, en que se resuelvan las situaciones procesales de los imputados en condiciones de ser definidas, velando así por el resguardo de los intereses en juego, tomando en consideración la información y pruebas colectadas en la causa, sin prolongar su evaluación a la espera del arribo de otras”, advirtió el camarista Martín Irurzun en la resolución que se conoció ayer.
El juez ya tomó más de cincuenta indagatorias entre empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista, pero aún no definió las situaciones procesales. Por otra parte, en otro fallo, la Cámara ordenó al juez que tramite a su cargo una investigación originada en una maniobra en la que, durante los años 2011 y 2012, habría incurrido la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, reflejada en las transferencias efectuadas a través de la Banca Privada de Andorra por más de cuatro millones de dólares a favor de una empresa española. La Cámara se expidió en tres incidentes (firmó Irurzun en forma unipersonal) donde se investigan posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos por parte de Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno” de la Línea Sarmiento.
Ese acto administrativo benefició al consorcio integrado -según anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht, Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A.
En uno de los casos, la Cámara trató los recursos de apelación interpuestos por la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, contra la decisión del juez Martínez de Giorgi que declaró la incompetencia parcial en razón de la materia en favor la Justicia Penal Económica. El camarista Irurzun revocó esa resolución por lo que deberá quedarse el juez con ese tramo también.
Se trata en ese caso de una denuncia de AFIP de una maniobra en la que, durante los años 2011 y 2012, habría incurrido la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, reflejada en las transferencias efectuadas a través de la Banca Privada de Andorra por un total de u$s4.495.250 a favor de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A.
El juez separó la investigación de los restantes hechos. Los acusadores sostuvieron que las operaciones financieras podrían tratarse de simulaciones de contratos de servicios, posiblemente utilizados por el Grupo Odebrecht como instrumento del esquema internacional de pago de sobornos
Irurzun coincidió con esta última posición de los acusadores señalando: “El contexto y período temporal de las transacciones, los actores involucrados y las evidencias hasta ahora reunidas en el sumario -de acuerdo a las imputaciones efectuadas en los actos de indagatoria- demuestran la íntima vinculación entre las operaciones. No puede perderse de vista que los sucesos denunciados por la AFIP dan cuenta a priori del complejo sistema utilizado para efectuar pagos que se presumen espurios mediante contratos simulados, giros de dinero al exterior y un sistema de transferencias tendiente a dificultar la trazabilidad del dinero. Esta investigación exige un análisis que abarque la totalidad de las implicancias.
Martínez de Giorgi debe decidir si acepta a Manuel Vázquez, supuesto testaferro de Ricardo Jaime como arrepentido, tras señalar a Calcaterra como el nexo para los pagos.ÁmbitoFinanciero.com
La Cámara Federal insistió ayer al juez Marcelo Martínez de Giorgi para que defina si procesa o no a los acusados por los supuestos sobornos por parte del grupo Odebrecht en la obra por el soterramiento del Sarmiento. En esa causa están apuntados el gigante brasileño y sus entonces asociadas, IECSA, Ghella y Comsa, y entre los indagados, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
“Insistiré nuevamente, en que se resuelvan las situaciones procesales de los imputados en condiciones de ser definidas, velando así por el resguardo de los intereses en juego, tomando en consideración la información y pruebas colectadas en la causa, sin prolongar su evaluación a la espera del arribo de otras”, advirtió el camarista Martín Irurzun en la resolución que se conoció ayer.
El juez ya tomó más de cincuenta indagatorias entre empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista, pero aún no definió las situaciones procesales. Por otra parte, en otro fallo, la Cámara ordenó al juez que tramite a su cargo una investigación originada en una maniobra en la que, durante los años 2011 y 2012, habría incurrido la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, reflejada en las transferencias efectuadas a través de la Banca Privada de Andorra por más de cuatro millones de dólares a favor de una empresa española. La Cámara se expidió en tres incidentes (firmó Irurzun en forma unipersonal) donde se investigan posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos por parte de Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno” de la Línea Sarmiento.
Ese acto administrativo benefició al consorcio integrado -según anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht, Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A.
En uno de los casos, la Cámara trató los recursos de apelación interpuestos por la fiscalía, la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción, contra la decisión del juez Martínez de Giorgi que declaró la incompetencia parcial en razón de la materia en favor la Justicia Penal Económica. El camarista Irurzun revocó esa resolución por lo que deberá quedarse el juez con ese tramo también.
Se trata en ese caso de una denuncia de AFIP de una maniobra en la que, durante los años 2011 y 2012, habría incurrido la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, reflejada en las transferencias efectuadas a través de la Banca Privada de Andorra por un total de u$s4.495.250 a favor de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A.
El juez separó la investigación de los restantes hechos. Los acusadores sostuvieron que las operaciones financieras podrían tratarse de simulaciones de contratos de servicios, posiblemente utilizados por el Grupo Odebrecht como instrumento del esquema internacional de pago de sobornos
Irurzun coincidió con esta última posición de los acusadores señalando: “El contexto y período temporal de las transacciones, los actores involucrados y las evidencias hasta ahora reunidas en el sumario -de acuerdo a las imputaciones efectuadas en los actos de indagatoria- demuestran la íntima vinculación entre las operaciones. No puede perderse de vista que los sucesos denunciados por la AFIP dan cuenta a priori del complejo sistema utilizado para efectuar pagos que se presumen espurios mediante contratos simulados, giros de dinero al exterior y un sistema de transferencias tendiente a dificultar la trazabilidad del dinero. Esta investigación exige un análisis que abarque la totalidad de las implicancias.
Martínez de Giorgi debe decidir si acepta a Manuel Vázquez, supuesto testaferro de Ricardo Jaime como arrepentido, tras señalar a Calcaterra como el nexo para los pagos.ÁmbitoFinanciero.com
Año 2023 y esta obra seguirá parada, igual que un gran agujero de guita hacia la nada misma.....no digan que no les advertimos.
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