La Nación en la disyuntiva: Alconada Mon insiste con Calcaterra, el primo objetado

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El portal de noticias de La nación afirmó que la Justicia brasileña abrió una investigación sobre las coimas que pagó el gigante Odebrecht para obtener el financiamiento en Brasil que le permitiera soterrar en la Argentina parte del trayecto de la Línea Sarmiento. La pesquisa ya cuenta con un 1er protagonista: el ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, según determinó el Superior Tribunal de Justicia de ese país.

La investigación buscará determinar la responsabilidad de Pimentel y otros 5 acusados de corrupción por US$ 5 millones y de lavado de activos, como así también altos ejecutivos de Odebrecht, que cosecharon "ventajas indebidas" gracias a esas coimas. Entre ellos, Marcelo Odebrecht.

En diciembre de 2017, el fiscal que investigaba las coimas que circularon alrededor de esa obra (la obra es uno de los capítulos argentinos del Lava Jato porque entre las empresas que participaron de la licitación se encuentra la compañía Odebrecht. Es, además, uno de los proyectos ferroviarios más grandes de los últimos años) pidió embargar al primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, por más de $54.000.000.

La definición sobre aquella medida cautelar quedó en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene el respaldo del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, para ser implacable con los empresarios. En esta nueva etapa del país, los jueces decidieron, con retardo, apuntar sus investigaciones hacia la pata empresaria, aun a riesgo de meterse con un familiar del poder. Un dato insólito sobre este caso: el expediente se inició por una denuncia de la actual diputada electa por Cambiemos, Graciela Ocaña.

Por otro lado, Elisa Carrió ya había advertido en diciembre de 2017 que Ángelo Calcaterra, el hijo de la hermana de Franco Macri o sea el primo de Mauricio la iba a pasar mal.

En una entrevista con el diario La Nación, Carrió expresó: "La legitimidad de Cambiemos la evalúa la sociedad. Si para Cambiemos nuestros actos son buenos, la Coalición Cívica (CC) va a ser parte de Cambiemos. Pero si la sociedad se inclina por un Cambiemos más ligado al fútbol, a los negocios, a las viejas tradiciones políticas, seguramente nosotros no tenemos más nada que hacer. Y esa es una definición de 2018, no llego al 2019 sin definiciones claras en esta materia".

En este sentido, la diputada dijo que "Calcaterra seguramente va a ir preso, pero no lo afecta al Presidente. Que lo haga en lo personal no quiere decir que él vaya a impedirlo. El problema no es quién es, sino si tiene impunidad. Y el Presidente eso lo tiene clarísimo".

Por lo pronto, tanto Calcaterra como su lugarteniente en IECSA, Javier Sánchez Caballero, al igual que el "Corcho" Rodríguez y los ex secretarios de Transporte y de Obras Públicas, Ricardo Jaime y José López , integran la lista de acusados sobre los que el fiscal federal Franco Picardi solicitó trabar embargos millonarios el 27/11 pasado.Urgente24.com

Las causas contra empresarios, con pocos avances y sólo dos indagados

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A un año del caso Odebrecht, los actores privados de la obra pública casi no pasaron por Tribunales. Hay unos 58 imputados en siete expedientes.

El 21 de diciembre de 2016, el caso Odebrecht se transformaba en la mayor investigación de corrupción en América Latina. Un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que contó Perfil en Argentina, revelaba las confesiones de seis ejecutivos de la constructora más grande de Brasil y sacaba a la luz sobornos por US$ 439 millones a funcionarios públicos de 12 países del continente y Africa, además de otros US$ 599 millones en Brasil. Un año después, el capítulo argentino de este caso dejó una impronta singular en los tribunales federales, hizo sentir expuestos a varios jueces y fiscales y puso el ojo sobre actores esenciales en los casos de corrupción: los empresarios.

El Lava Jato -como se conoce al caso en Brasil- mostró también cómo los ritmos judiciales son el perfecto juego de las diferencias cuando se trata del poder económico versus el poder político. A doce meses de las revelaciones, sólo dos referentes de la élite empresaria de la obra pública fueron indagados por el presunto pago de sobornos. Tienen sus cuentas bancarias congeladas. Los casos se dividen en siete causas judiciales, repartidas entre cuatro jueces, que incluyen sospechas de pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas, direccionamiento de licitaciones, irregularidades en los contratos y cartelización de la obra pública. Hay al menos 58 ex funcionarios, ejecutivos y empresarios imputados, según el relevamiento de PERFIL. Ninguno está procesado, aún.

Además de Odebrecht y sus socias locales, la brasilera Camargo Correa también quedó el ojo de una investigación por la y la argentina Electroingeniería, una indiscutible aliada de los Kirchner que logró acomodarse a los tiempos de Cambiemos, está involucrada en el caso Transener, en el que se investigan supuestos sobornos al ex ministro Julio De Vido. 

Los ejecutivos de Odebrecht confesaron que la compañía habría pagado sobornos por US$ 35 millones a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014. El caso no admite doble vara: involucra tanto a kirchneristas como a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, cuya entonces constructora Iecsa es socia de la brasileña en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El fiscal Franco Picardi pidió embargarlo por $ 54 millones, al igual que otros de los involucrados en el caso. El juez Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir el próximo año si lo aprueba.

Otro hombre cercano a Macri, el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, corrió mejor suerte. Sospechado de recibir pagos de un valijero de Odebrecht, fue sobreseido en tiempo exprés a pesar de los documentos que prueban las transferencias recibidas en su cuenta suiza

Las pruebas de las supuestas coimas nunca llegaron a la Justicia. PERFIL reveló en junio las planillas con los detalles de algunos de los pagos de coimas en donde los destinatarios argentinos están identificados con seudónimos. Pero las idas y vueltas entre Brasil y los jueces argentinos frenaron el avance de la mayoría de las causas. Los magistrados optaron por cambiar el foco de las investigaciones locales y se concentraron en las presuntas irregularidades en las obras. A diferencia de las confesiones sobre pago de sobornos, las pruebas sobre irregularidades en las obras están aquí, en los documentos internos del ex ministerio de Planificación. Solo por caso: PERFIL reveló que durante un año, el gobierno de Néstor Kirchner y Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos de 2006-2008 por al menos US$ 2.300 millones. Las autoridades armaron luego una licitación exprés que sólo Odebrecht podía cumplir.  

Un año singular. Nunca antes habían pisado los tribunales. Los empresarios Aldo Roggio y Carlos Wagner, dos referentes de la construcción y la obra pública, fueron indagados el 18 y 19 de diciembre por el juez federal Sebastián Casanello, quien debe decidir si los procesa, junto a otros 26 indagados por el caso de las plantas potabilizadoras de Aysa en Tigre y Berazategui. Allí, las empresas Roggio Hermanos y Esuco fueron socias de Odebrecht y Camargo Correa. Hay más socias locales en la mira: Supercemento y Cartellone, otras dos grandes.  

Otros empresarios no corren la misma suerte. Los casos más lentos son los que apuntan contra la más grande: Techint, un emblema que parece difícil de tocar. La empresa de los Rocca tiene dos frente judiciales. La compañía ítalo-argentina está siendo investigada en Brasil, Italia y Argentina por el presunto pago de sobornos a funcionarios brasileños supuestamente ordenados desde la conducción central de la empresa, en Buenos Aires.Perfil.com

Causas K y nexos PRO: huellas del tanque ruso que se sube al tren de Dietrich

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El ministro de Transporte le entregó talleres ferroviarios a TMH. El CEO de la firma fue procesado por coimas a Jaime. El rol de un operador macrista investigado por operaciones con bonos porteños.

El impulso del sistema ferroviario nacional figura en la agenda retórica del gobierno de Cambiemos como uno de los aspectos a focalizar en el transitar de la actual gestión, aunque el arranque no fue demasiado alentador con la aletargada expansión de los servicios en el interior productivo, el cierre y –largamente- posterior restablecimiento parcial del tejido de ramales en territorio bonaerense y hasta los errores de cálculo en la construcción de puentes. 

En ese contexto, irrumpió este año en la escena criolla el gigante ruso Transmashholding (TMH), líder en ingeniería ferroviaria a escala mundial. Su primer paso en el país lo hace como beneficiario de una trama opaca que involucra al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a un CEO francés sospechado -y por eso, procesado- de pagarle coimas a uno de los emblemas de la corrupción K, y a un gestor financiero de larga trayectoria macrista, investigado por operaciones irregulares con bonos de la deuda porteña en tiempos de Mauricio Macri jefe de Gobierno de la Ciudad.  

La espalda de facturar más de 3 mil millones de euros, ser el fabricante de material rodante más importante de Rusia y uno de los mayores productores en ese rubro en el globo, son algunas de las credenciales con las que la cúpula de la multinacional se presentó meses atrás ante los ojos de Dietrich y del Presidente.

Como carta de presentación, la firma dio a conocer su intención de realizar una primera inversión de 200 millones de dólares en la construcción de vagones y locomotoras. Además, el interés se demuestra en licitaciones fuertes de la cartera de Transporte, como la adquisición de 1.500 vagones y proyectos ambiciosos como el tren hacia Vaca Muerta.

Mamushka

El pomposo afincamiento colocó de inmediato a TMH como uno de los novedosos jugadores fuertes del mercado ferroviario que el macrismo promete incentivar. Sin embargo, una de las dueñas del tanque ruso es otra firma de peso que, lejos de ser una novedad para los oídos argentinos, ya tuvo un tránsito turbulento por los rieles licitatorios locales: Alstom.  

La compañía francesa, que posee el 33% de THM -con sus respectivos asientos en la Junta Directiva de la multinacional rusa- , encabezó el consorcio empresario que en enero de 2008 se hizo de la primera adjudicación estridente del entonces flamante gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: el tren bala que auguraba unir en tres horas Buenos Aires y Córdoba, con escala en Rosario, bajo una inversión estimada que ascendía a cerca de 3 mil millones de dólares. Acompañando a Alstom en la oferta ganadora figuraban Emepa, la española Isolux y otra vieja conocida: Iecsa, en esos días manejada formalmente por el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

El primer ramal de alta velocidad de Latinoamérica nunca vio la luz. Pero la trama de su gestación finalmente abortada fue puesta bajo la lupa de la Justicia. La causa por sospechas de soborno se inició en 2008 y se extiende hasta la actualidad. Tal es así que en noviembre último el juez federal Luís Rodríguez dictó una serie de procesamientos, entre los que figuran los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, bajo la acusación de “cohecho pasivo”.

Según detalló Infobae, para esta medida el magistrado se basó en la firma de un contrato entre Alstom y la consultora Controles y Auditorías Especiales (CAESA), mediante el cual se pactó el pago de un millón de dólares en diversos desembolsos mensuales en caso de que se concretara el tren bala. Al aludir a un informe del Serious Fraud Office (SFO) –organismo británico que investiga fraudes-, el dictamen de Rodríguez marca: “Se cree que los contratos de consultoría tenían el único fin de proporcionar una fachada para explicar el retiro de fondos de las empresas de Alstom y transferir los fondos a las consultoras para la subsiguiente transmisión a los funcionarios públicos o de gobierno”.

Además de los entonces funcionarios K, el juez decidió procesar, por “cohecho activo”, a dos empresarios franceses de Alstom, uno de ellos, quien era en ese entonces su representante local: Thibault Desteract, con embargos por dos millones de pesos.

Pero Desteract no abandonó el mundo de los negocios ferroviarios por estos lares a pesar de estos episodios: hoy, es el director general de THM Argentina.

Prendiendo la mecha 

Más allá de los ambiciosos planes de THM Argentina, su ingreso al sistema ferroviario local se concretó esta semana con la rúbrica del convenio con Trenes Argentinos Infraestructura -dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación-, mediante el cual el Estado le cede a la empresa rusa “de forma provisoria y por el lapso de 3 años” el predio del centenario taller ferroviario de la localidad bonaerense de Mechita y la playa de maniobras de la estación Mecha (contigua al taller y sin uso desde hace varios años) con el fin de rehabilitarlo.

En tanto, THM promete invertir allí tres millones de dólares para la adecuación del predio y su puesta en funcionamiento pleno. Este acuerdo se celebró en medio de un clima de incertidumbre por parte de los trabajadores del histórico taller, que fueron notificados de sus despidos por parte de la desmantelada estatal bonaerense Ferrobaires, pero con la promesa de ser contratados por la firma rusa, que tiene cuatro meses de plazo para entregar un “proyecto definitivo” para el taller.

"Transmashholding ha tomado la decisión de responder activamente al nuevo clima de negocios imperante en la Argentina y al importante plan de modernización del sistema ferroviario lanzado por el actual gobierno”, sostuvo Oleg Kruglyakov, vicepresidente de negocios internacionales de THM, presente en la firma del acuerdo con el titular de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad.

Pero no fue Kruglyakov quien inició las gestiones para hacerse del taller de Mecha. Tampoco Desteract. En el encuentro desarrollado el lunes 9 de octubre a las 10 de la mañana en las oficinas de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE), ubicadas sobre la Avenida Ramos Mejia 1302 de la Ciudad de Buenos Aires, cuatro personas trataron con Fiad el interés de la firma rusa por el Taller Ferroviario Mechita.

Lazos PRO 

"En representación de THM Argentina", el solicitante del mitin con el funcionario nacional para tratar la "propuesta para reacondicionamiento y rehabilitación del taller Mechita" fue Pablo Emilio Basualdo, socio en la consultora KBR Argentina S.A. de otro de los asistentes a ese encuentro, Edgardo Saúl Srodek, quien supo ser aportante y jefe de campaña de la alianza Recrear-PRO en terreno bonaerense en 2005, además de hermano del ex diputado macrista y actual jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Jorge Srodek.

Basualdo es director titular de la “Clase B” de acciones de THM Argentina, mientras que su suplente es Mariano Arrigo, quien también forma parte del directorio de KBR, donde Edgardo Srodek es vicepresidente.

KBR Group es una consultora con sede en Frankfurt, Alemania, y con oficinas en Madrid, Atenas y Buenos Aires. Fue apuntada en 2010 en la denuncia por corrupción en una emisión de deuda del Gobierno de la Ciudad a cargo de Mauricio Macri. La presentación en aquel entonces fue realizada por el constitucionalista Ezequiel Nino, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Según se desprende de la denuncia que se asentó en ese entonces ante el juzgado de instrucción a cargo de Eliseo Otero, existieron irregularidades y manejos ineficaces en la emisión de los bonos de deuda Tango S8, por 475 millones de dólares, por esos días la operación más importante en el mercado de crédito internacional del Gobierno porteño bajo la órbita amarilla.

Esos títulos se emitieron entre marzo y abril de 2010 con el fin de financiar obras para extender las líneas de subte A, B y H, pero, como la mitad de las obras no había sido licitada al cerrarse la operación, el Ejecutivo –se marcó- la utilizó para otros fines.

Sobre la operación, la ACIJ cuestionó, entre otras cosas, el hecho de que se acordase una comisión mayor a la que en la misma época pagaron tres gobiernos provinciales y que se haya contratado en forma directa a la empresa de servicios financieros Credit Suisse y a la consultora KBR, ésta última ligada a Srodek, un hombre de comprobados antecedentes PRO, a cambio de una comisión del 2% de la operación, equivalente a 9.5 millones de dólares, mientras que la tasa obtenida para los bonos fue de 12,5%.

"La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente", sostuvo en esos días a La Nación el ex ministro de Economía y ex referente de Recrear Ricardo López Murphy.

Por estos días, Basualdo y Arrigo comparten también directorio en THM Argentina, mientras que Srodek forma parte de reuniones en las que comienza a extender sus rieles sobre el sistema ferroviario argentino la empresa rusa que tiene como socia al símbolo del polémico, infructuoso e investigado tren bala.LetraP.com (Nota enviada por el señor Jorge Zatloukal)

Dos firmas de la familia Macri contrataron al testaferro de Jaime

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Iecsa y Sideco Americana pagaron facturas de la consultora de Manuel Vázquez entre 2005 y 2009. Creen que serían coimas. A Calcaterra, primo del Presidente, pidieron embargarlo por $54 millones 

ntre diciembre de 2005 y al menos enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, asesor y testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Para la Justicia esa empresa fue utilizada para canalizar sobornos. Así consta en los escritos judiciales a los que accedió Perfil.

Ángelo Calcaterra

Angelo Calcaterra –primo del presidente Mauricio Macri– volvió a quedar en la mira luego de que el fiscal federal Franco Picardi pidiera su embargo por $54,3 millones por su supuesta participación en el pago de sobornos a funcionarios para obtener junto con la brasileña Odebrecht la licitación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra valuada en u$s3 mil millones.

La constructora de los Macri –que estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra– facturó unos $600 mil a la consultora de Vázquez.

La española Comsa, socia de Iecsa, Odebrecht y la italiana Ghella en la obra del soterramiento, también realizó pagos sospechosos a la consultora de Vázquez. Entre enero de 2006 y noviembre  de 2010, Vázquez le facturó 263.097 pesos.

La empresa que habría servido de pantalla para canalizar parte de las coimas destinadas a Jaime es Controles y Auditorías Especiales de Argentina SA (Caesa), supuestamente dedicada a servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Todos los clientes de la consultora eran contratistas del Estado, justamente en el área de Jaime.

El fiscal Picardi estableció que en al menos cinco expedientes judiciales, la empresa de Vázquez se usó como pantalla para blanquear sobornos.

Fue sólo una de las formas utilizadas por el asesor de Jaime para canalizar coimas como pagos hormiga, divididos en pequeños montos. Sería sólo una pequeña parte de los pagos al funcionario. 

Una de las causas data de 2012 y es por delitos tributarios contra la consultora de Vázquez. Allí, la AFIP informó qué empresas figuraban como clientes de Caesa entre diciembre de 2005 y enero de 2009: Iecsa SA; Sideco Americana SA; América Latina Logística Central SA; Emepa SA; y Comsa de Argentina SA.

La primera factura de la consultora de Vázquez a Iecsa se emitió el 13 de diciembre de 2005 por $10 mil. “Servicios de consultoría”, detalló Caesa en la descripción. Lleva el sello de “pagado”. Es la factura 184. Dos semanas después, el Ejecutivo firmó el decreto 1.683/2005 aprobando el programa de obras que incluía la realización del soterramiento.

El pago se repitió treinta veces, admitieron fuentes de Iecsa a Perfil. Cerca de Calcaterra aseguraron: “Fueron treinta facturas de $10 mil cada una –unos u$s2 mil de ese momento– y se hicieron por asesoramiento  de Vázquez en Brasil para los negocios de Socma en ese país. Vázquez había sido director de Bunge y no sabíamos que trabajaba para Jaime. Nos enteramos por los medios. En total, facturó $300 mil a Iecsa”.  Para el fiscal del caso son $600 mil.

En el caso de Sideco Americana, del Grupo Socma, un allegado a la compañía dijo que “la relación con el kirchnerismo, y en particular con Jaime, era muy mala y les costó muchos negocios. Sideco no tuvo relación con el soterramiento”. No recordaba pagos a Caesa.

Mientras Iecsa realizaba esos pagos, su socia española, Comsa SA, también comenzó a contratar a Caesa, la consultora de Vázquez unas semanas después. La primera factura está fechada el 26 de enero de 2006 por el total de $36.300. Comsa y Caesa incluso firmaron un contrato.IProfesional.com

Odebrecht pagó con ‘dinero negro’ en una obra argentina de 3.000 millones de dólares

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La obra se licitó en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino Néstor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre de 2016 por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecución del 10 %, la construcción de este proyecto que contempla más de 20 kilómetros de túnel finalizará previsiblemente en 2022.

Un consorcio donde figuró Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembolsó, al menos, 395.000 euros en negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento, según un informe de la Policía de Andorra del 11 de abril de 2017 al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los investigadores concluyen esta cifra tras analizar las actas secretas del departamento de compliance (cumplimiento) de la Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las entidades, junto con el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, utilizadas por Odebrecht para pagar comisiones ilegales a empresarios, altos funcionarios, políticos y cargos públicos.

"Operación triangular" Uno de estas actas confidenciales recoge como el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, Betingo, pidió a la entidad pagar con dinero negro a una firma de una obra en Argentina.

“Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’sSoul y Carday, para pagar a una subcontrata en B”, refleja un documento fechado el 22 de julio de 2011. Lion’sSoul y Carday son dos de las sociedades instrumentales de Odebrecht para pagar sobornos, según los investigadores.

Aunque la Policía de Andorra no precisa en su informe de qué obra se trata –llega a mencionar un tramo del metro de Argentina-, dos de las cuatro empresas del consorcio del tren de Sarmiento han vinculado los presuntos pagos irregulares con este proyecto.

“Tenemos conocimiento de la existencia de un procedimiento penal en fase de instrucción en Argentina contra la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de soterramiento del ferrocarril de Sarmiento”, admite esta compañía, que reconoce también que las pesquisas judiciales indagan presuntas irregularidades en la adjudicación de la infraestructura.

La española Comsa, que tras tener una participación del 10 % abandonó la UTE, asegura a través de una portavoz que no tuvo constancia “de ninguna irregularidad” y añade que “está colaborando con las autoridades que llevan a cabo la investigación”.

La constructora italiana Ghella asegura que “no tiene conocimientos de comportamientos ilegales” en la mega obra de Sarmiento.

“Siempre actuamos de manera correcta, legítima y con respeto a las leyes argentinas e internacionales”, justifica por correo un portavoz. Los delatores de Odebrecht, sin embargo, contradicen estos argumentos.

Admitieron el pago de sobornos en varios tramos de esta obra por un valor de 3,3 millones de dólares (2,8 millones de euros). El dinero habría ido a parar al entorno directo del exministro argentino de Planificación Federal Julio de Vido, según La Nación.

La cifra abonada en comisiones ilegales por el gigante brasileño, no obstante, ascendería a 20 millones de dólares, según este diario, que sitúa como intermediarios “al miembro de un grupo de presión Jorge ‘Corcho’ Rodríguez” y a un ejecutivo de Iecsa, una constructora que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente de Argentina, Mauricio Macri.DiarioNorte.com

Ghella no consigue financiamiento y se vuelve a complicar el soterramiento

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La firma italiana no consigue respaldo de los bancos, que temen consecuencias de las causas por coimas.

La firma italiana Ghella, que tras la salida de Odebrecht quedó al frente del soterramiento del Sarmiento, no consigue financiamiento internacional y se vuelven a complicar las obras, anunciadas hace más de diez años.

Como contó LPO meses atrás, molesto por las maniobras de los brasileños con la información del Lava Jato, Mauricio Macri presionó fuerte para que Odebrecht se retire de la obra, algo que finalmente sucedió a fines de junio pasado. Con el retiro también de la española ComSa, la UTE que tiene a su cargo las obras quedó a cargo de Ghella, asociada con Iecsa (ahora llamada Sacde, tras la venta de Ángelo Calcaterra a Mindlin). Ese fue el plan de Macri desde un principio: correr a Odebrechet y dejar a las dos empresas que hicieron la obra del arroyo Maldonado, muy cercanas a su familia.

Este medio también reveló que ya desde antes de la salida de Odebrecht, los ejecutivos de Ghella habían empezado a buscar financiamiento asegurando a los bancos extranjeros que los brasileños quedaban afuera, advertidos que ningún inversor se arriesgaría a poner un dólar en una obra a cargo de la empresa que enfrenta el mayor escándalo de corrupción del continente.

Ahora, con el terreno despejado, los italianos volvieron a la carga tratando de conseguir fondos y no depender del Gobierno argentino, que por decretó dispuso que el Tesoro transfiera los 45 mil millones de pesos que demandaría la obra. El problema es que la Casa Rosada parece haber modificado su estrategia y el año que viene pretende que el grueso de la obra pública sea financiado a través del esquema de participación público-privada (PPP), para empezar a reducir el déficit fiscal.

En rigor, el anuncio de que el Gobierno se haría cargo de la financiación del soterramiento fue una manera de mantener en pie un proyecto que estaba al borde de caerse, pero ningún cálculo serio haría pensar que semejante cifra saldría de las arcas nacionales. Eso sin contar que el contrato original establecía que las empresas debían conseguir el financiamiento.

Ghella pretende salir de ese enredo y destrabar el proyecto con fondos privados. Pero a pesar de que ya no tiene la mochila de Odebrecht, sigue teniendo serios problemas para convencer a los inversores. Según supo LPO, los bancos se siguen negando a involucrarse en la obra por las causas de corrupción que todavía están abierta.

Aunque todas las sospechas apuntan a Odebrecht, sus socios en la UTE del Sarmiento no están exentos de las investigaciones. En los últimos días, salió a la luz que los brasileños, Iecsa y ComSa abrían pagado "honorarios" durante años a Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime. No termina de quedar claro por qué tres de los socios se involucraron en esa maniobra y Ghella no.

También se conoció un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que determinó que hubo "múltiples" irregularidades en la licitación. Ese informe fue elaborado a pedido del fiscal Picardi, que investiga por presuntas coimas a los directivos de todas las empresas involucradas en la UTE. Es decir, que el escándalo al menos roza Ghella.

En ese contexto, los bancos afirman que no pueden arriesgarse a disponer de fondos para el soterramiento porque en los análisis de "compliance" que realizan dan muy mal. El "compliance" es una especie de índice que mide los riesgos de una inversión para evitar, entre otras cosas, incumplimientos o sanciones.

Ante esto Ghella argumenta que tiene la garantía de la Sociedad para el Seguro de Crédito a la Exportación (SACE), un organismo del gobierno italiano que recientemente levantó la calificación de riesgo para las inversiones en Argentina, en el marco de la visita del ex premier Matteo Renzi para reunirse con Macri.

Pero por más garantía que Ghella esgrima, el riesgo de quedar involucrado en alguna esquirla del Lava Jato o de la investigación por las coimas en el Soterramiento sigue espantando a los inversores. La alternativa sigue siendo que los fondos salgan de las arcas del Estado argentino, aunque eso ya no convence ni al Gobierno.Fuente: LaPolíticaonline

Odebrecht confirma que dejó las obras del Soterramiento del Sarmiento

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Como adelantó El Cronista el 29 de junio, la constructora brasileña Odebrecht vendió su participación en el megaproyecto de soterramiento de la ex línea Sarmiento de trenes, dijo ayer a la agencia Reuters una fuente de la empresa.

Odebrecht contaba con un 33% de participación en la obra para soterrar la línea de trenes entre la capital argentina y el oeste del Gran Buenos Aires.

"La Constructora Norberto Odebrecht confirma su salida del Consorcio Nuevo Sarmiento. La operación, realizada entre empresas privadas, es parte de la reestructuración de su actuación en Argentina para una mejor eficiencia operacional", indicó a Reuters una fuente al tanto de las operaciones.

A mediados de año, la justicia local, que investiga a la empresa por casos de sobornos, inhabilitó por un año a la constructora brasileña para licitaciones de obras públicas.

"Presente desde hace 30 años continuos, Odebrecht planea seguir contribuyendo con el desarrollo de Argentina de forma ética, íntegra y transparente", señaló la constructora, en pleno proceso de búsqueda de credibilidad tras sus escándalos por corrupción.

La empresa brasileña es investigada por pagos de sobornos en Estados Unidos, Suiza y varios países de América Latina, en el marco de un escándalo de corrupción que ha generado una profunda crisis política en Brasil y en toda la región.ElCronista.com

Volvieron a allanar la empresa Odebrecht Argentina

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Es en la causa que investiga el soterramiento del Sarmiento

Por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, las oficinas de Odebrecht Argentina fueron allanadas por segunda vez. Es en el marco de la causa que investiga posibles sobornos que se pagaron en la obra del soterramiento de la Línea Sarmiento. Según informaron, en el operativo buscaron información vinculada a los contratos de obra y al proceso licitatorio. 

Con este accionar, según aseguraron fuentes judiciales, el magistrado busca reconstruir la ruta de los sobornos que se pagaron en el marco de la obra del Soterramiento que tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares; además de un exhaustivo peritaje que se está realizando sobre los contratos de obra y el proceso licitatorio.

En Argentina, Odebrecht habría pagado coimas por cien millones de dólares para manipular diversos procesos licitatorios y, así, ganar contratos en el país, ya que además del Soterramiento, la compañia participó en la construcción de la planta potabilizadora de AySa, también investigada; y de la ampliación de gasoductos, causa que lleva el juez Daniel Rafecas y que tendría un sobreprecio de 800 millones de dólares.

Por su parte, la compañía confirmó, a un matutino, el operativo que se llevó a cabo en su oficina. Es que la constructora brasilera ya se había presentado el 9 de mayo en el juzgado para "colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia", indicaron.

La decisión de Martínez De Giorgi del allanamiento habría sido posterior a que se levantara el secreto de sumario en la causa. Mediante este procedimiento, la justicia buscó información vinculada a los contratos de obras, pagos realizados al respecto y sobre todo aquello que refiera al proceso licitatorio. En tanto, los pliegos están siendo peritados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

Vale destacar que la constructora brasilera está siendo investigada, además, en territorio carioca por corrupción en el marco de la famosa causa Lava Jato. En nuestro país, la empresa vendió su participación en la obra del soterramiento a la italiana Ghella, actual socia mayoritaria con el 70,4% del consorcio. En tanto, la local Sacde (ex Iecsa, asociada al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante. Por el momento, Odebrecht se encuentra suspendida del registro de empresas constructoras proveedoras del Estado y solo trabaja en el gasoducto de la provincia de Córdoba.ElIntransigente.com