Exterior
El consorcio privado aceptó que el pagadero de los u$s 160 millones fuera en cuotas porque el gobierno describió esa situación, pero un informe del MEF puso freno al desembolso.
La Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elaboró un informe con diferentes observaciones sobre la obra del Ferrocarril Central que fue uno de los insumos principales para que el presidente Luis Lacalle Pou decidiera no pagar a las empresas contratistas y que éstas activaran un arbitraje internacional en respuesta: el documento señala debilidades en la elaboración del contrato que firmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), así como en su accionar; y generó una nueva respuesta por parte del consorcio Grupo Vía Central (GVC), que dijo que el Estado comunicó no tener dinero para saldar las deudas.
La defensa del Poder Ejecutivo ante los reclamos empresariales por los pagos atrasados tras la construcción del Ferrocarril Central apunta a distintas imprecisiones que quedaron plasmadas en las modificaciones que sufrió el contrato. Entre ellas, por ejemplo, diferencias respecto al comienzo de la disponibilidad de la vía.
En ese sentido, según el informe elaborado por la directora de la unidad del MEF, Silvina Panizza, que publicó El País, apunta que en la última modificación no están definidos “los criterios técnicos de aplicación y clasificación de los indicadores de disponibilidad”, por lo que este hito aún no está cumplido.
La importancia radica en que el pago por parte del Estado debe efectuarse una vez que la vía entre en disponibilidad. Para las empresas, esto ocurrió en diciembre de 2023, cuando UPM comenzó a transportar su carga de celulosa desde Paso de los Toros hasta el Puerto de Montevideo; pero para el gobierno, no está especificado en ningún lado que dicho momento sea el comienzo de la disponibilidad.
“No parece ser una buena práctica contractual dejar un aspecto tan sustancial –como lo es la definición de los indicadores de disponibilidad- para una instancia posterior a la firma de esta modificación", señaló el texto, en una crítica no solo a GVC, sino también al MTOP.
Según señaló Panizza en el informe, la última modificación en el contrato —elaborada en enero— tendría un impacto fiscal de 131 millones de dólares. El consorcio de empresas exige una deuda que estiman en 160 millones de dólares, pero para el MEF “no surgen informes técnicos elaborados por la supervisión del contrato o por el órgano de control del MTOP que respalden la cifra de compensación".
"Tampoco se incluye en estas actuaciones una evaluación financiera que contenga una valorización económica sobre el monto a otorgarse por la administración a la contratista", agregó. Un elemento que también apunta contra la poco eficiente gestión desde la cartera dirigida por José Luis Falero.
La respuesta de las empresas y el no pago del Estado
Grupo Vía Central no tardó en responder los reparos del gobierno, indicando en primer lugar que el reclamo no es por una “compensación”, sino que los 160 millones de dólares corresponden a “pagos debidos” por el MTOP.
"Se trata de pagos por la utilización de vía desde el 24 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, parte de los cuales (como se acordó en la mediación) serán financiados a largo plazo por el estado, a través de un aumento de plazo e incremento de precio por disponibilidad diario", apuntó el consorcio, aclarando que se acordó el pago en cuotas porque les fue informado que el Estado “no disponía de fondos suficientes ”.
Sobre la falta de criterios para evaluar el inicio de la disponibilidad de la obra, por su parte, indicaron que los mismos “fueron establecidos en las bases técnicas”, y que “se trata de aclarar los criterios para su aplicación efectiva, sin modificar la definición de los indicadores de disponibilidad ya establecida en el contrato".
“Este aspecto que fue objeto de tratamiento y acuerdo en la mediación realizada, responde a que, una vez otorgada la Puesta en Servicio de la Infraestructura e iniciado el procedimiento de determinación de incidencias y de aplicación de los indicadores de disponibilidad previstos en las Bases Técnicas, se advirtió tanto por la Administración Contratante como por la Sociedad Contratista que en muchos casos existe una gran dificultad para determinar fehacientemente la causa de los incidentes y eventos (y la eventual responsabilidad derivada de los mismos), el mecanismo de cálculo y la eventual superposición de penalidades. Esto es inherente al periodo de puesta en marcha de un proyecto del tamaño y la complejidad del Ferrocarril Central, que no tienen antecedentes en el país", concluyó GVC, dejando en evidencia la falta de cumplimientos de aspectos que fueron acordados en la mediación.Ámbito.com
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