Schiavi aseguró a Télam que "la acción del gobierno de la provincia configura la flagrante violación de la Constitución nacional, al romper el sistema que declara a los ferrocarriles nacionales de competencia del Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional".
Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Juan Pablo Schiavi
"Ferrocarriles -dijo- que dieron origen a la cláusula del progreso en la originaria Constitución nacional, y que hoy el gobierno provincial de San Luis en pleno pretende desconocer aprobando una ley que usurpa el patrimonio ferroviario de todos los argentinos".
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, firmó un decreto que promulgó la ley que declara de "utilidad pública y sujetos a expropiación terrenos del sistema ferroviario General San Martín para la construcción de un Corredor Vial Central Urbano en la ciudad".
El decreto fue firmado y Rodríguez Saá confirmó durante el acto que "la Provincia está dispuesta a hacer las obras correspondientes para que el tren pase por otro lugar y llegue a (la localidad de) Beazley, donde haríamos la gran estación de trenes, o si se quiere más allá de Donovan".
Schiavi apuntó que "una ley que decide apropiarse indebidamente de ferrocarriles nacionales viola el régimen republicano y federal adoptado por la Constitución y las provincias que conforman la Federación, desde los pactos originarios hasta la fecha actual, sistema político al cual la provincia de San Luis también se ha adherido, debiendo dar cumplimiento a los pactos y la Constitución".
Destacó que "el gobierno provincial, por el contrario, no cumple con la ley suprema y comete entonces la aberración no solo jurídica, sino política de promover una expropiación ilegal de los ferrocarriles nacionales, avasallando los derechos de todos los habitantes de la Nación que son los propietarios finales del ferrocarril argentino".
El titular de Transporte agregó que "la expropiación debe ser declarada de utilidad publica, debe atender el interés publico y el mismo no solo no existe sino que ha sido arrasado por la provincia que pretende la desintegración del patrimonio ferroviario nacional".
Afirmó Schiavi que "además esta decisión implica la interrupción de los servicios públicos, en tanto se trata del robo de un sector de vía principal, configurando esto un hecho punible por el código penal argentino".
Explicó que "la ley promulgada pone a los funcionarios que la aprobaron y al gobernador que la promulgó ante graves delitos federales como el incumplimiento de los deberes de funcionario publico por desconocer la forma representativa y republicana de gobierno; el incumplimiento de los deberes de funcionario publico por apoderamiento indebido de bienes del estado nacional y el incumplimiento de los deberes de funcionario publico por interrupción de un servicio público".
Schiavi señaló que "desde la Nacion intimamos a la cordura y por ende a la derogación de la ley de robo de los ferrocarriles nacionales, ordenando el cese inmediato de las acciones de contenido eminentemente político, que altera el interés del estado y solo persigue un espurio lucimiento mediático".
Aclara que en caso de no ocurrir esto, el Estado Nacional "accionará penal, civil y administrativamente, con la responsabilidad del estado provincial por los daños y perjuicios que provoque su decisión".
Finalmente apuntó que "la provincia de San Luis, si es guiada por el interés público, sabrá que su atención debida, como político y funcionario es construir nuevos y mejores ferrocarriles, contribuyendo con el Estado Nacional en un esfuerzo conjunto para su recuperación, pero no en base al robo de los ferrocarriles argentinos, que solo traerán desintegración social y política a nuestro país".(Fuente. Terra)
