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15 de octubre de 2026

Santa Cruz: Un tren de dudas y millones

Trenes Regionales

Vidal destinó más de $248 millones de UNIRSE a la recuperación ferroviaria. Pero surgen versiones sobre una locomotora que no funcionaría, que habría sido descartada como chatarra y cuyo peso podría superar la capacidad de las vías.

Millones para un tren que podría no funcionar

El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, reconoció una inversión de más de $248 millones del Fondo UNIRSE para reactivar el ramal ferroviario Puerto Deseado–Las Heras. Sin embargo, surgen dudas sobre el estado de la locomotora, su procedencia y la capacidad de las vías para soportarla.

El Gobierno de Claudio Vidal reconoció oficialmente que destinó $248.262.500 del Fondo Fiduciario UNIRSE como parte del anticipo para la puesta en valor y reactivación del ramal ferroviario Puerto Deseado–Las Heras. La información aparece en el propio informe de gestión 2026 presentado por el Ejecutivo provincial.

Según el documento, ese desembolso representa el 50% del anticipo previsto para el proyecto. Es decir, el anticipo total ascendería a $496.525.000, aunque el informe no precisa el costo definitivo de los trabajos ni ofrece mayores detalles sobre las condiciones de contratación.

Hasta ahí, la versión oficial. Pero detrás del anuncio de recuperación ferroviaria comienzan a aparecer interrogantes bastante más incómodos.

Según información aportada por una fuente vinculada al ámbito ferroviario, la locomotora destinada al proyecto podría no encontrarse en condiciones de funcionamiento debido a problemas mecánicos en su motor. La misma fuente sostiene que el material habría sido recibido sin costo de adquisición, dado que supuestamente estaba destinado al desguace.

De confirmarse esta versión, la provincia habría afrontado importantes gastos de traslado para incorporar una máquina cuya recuperación operativa todavía estaría pendiente.

Pero hay un dato aún más llamativo. De acuerdo con esa misma información, las vías reacondicionadas tendrían una capacidad de aproximadamente 70 toneladas, mientras que la locomotora pesaría alrededor de 100 toneladas.

La afirmación necesita ser corroborada mediante informes de ingeniería ferroviaria, ya que la capacidad de una vía depende de distintos factores, entre ellos la carga por eje y las condiciones de la infraestructura. Sin embargo, si existiera una incompatibilidad técnica, resultaría difícil explicar cómo se avanzó con el proyecto sin resolver previamente una cuestión tan elemental.

El Gobierno informó también trabajos de reacondicionamiento de 21 kilómetros entre Jaramillo y Fitz Roy, como parte del proceso de recuperación ferroviaria. No obstante, todavía resta establecer si el anticipo de $248 millones corresponde específicamente a esa intervención, qué tareas fueron certificadas y qué organismo recibió efectivamente los recursos.

La discusión no es menor. Mientras YCRT enfrenta cuestionamientos sobre el estado y la seguridad de su infraestructura ferroviaria, la provincia destina recursos de UNIRSE a la recuperación de otro ramal. Una decisión que obliga a revisar las prioridades y, sobre todo, los estudios técnicos que respaldaron la inversión.

¿Quién verificó las condiciones mecánicas de la locomotora? ¿Existe un informe que certifique su aptitud para circular? ¿Cuánto costó trasladarla? ¿Se evaluó previamente la capacidad de las vías? ¿Qué trabajos se pagaron con los fondos de UNIRSE?

Son preguntas que el informe oficial no responde.

La recuperación del ferrocarril Puerto Deseado–Las Heras es una aspiración histórica de Santa Cruz y nadie discute su importancia para el desarrollo regional. Precisamente por eso, una inversión de estas características debería estar respaldada por estudios serios, documentación accesible y un presupuesto claramente identificado.

Por ahora, hay un desembolso millonario reconocido por el Gobierno y versiones sobre posibles problemas técnicos que todavía requieren verificación.

La pregunta es sencilla: antes de poner millones para que el tren vuelva a circular, ¿alguien se aseguró de que realmente pudiera hacerlo?.WouNoticias.com

12 de octubre de 2026

Tafí Viejo: El gobierno de Milei incorpora sectores de los históricos talleres ferroviarias al proceso de privatización

Privatizaciones

Una resolución del Ministerio de Economía de la Nación dispone que parte de los terrenos ferroviarios de Tafí Viejo sean asignados a la empresa Belgrano Cargas y Logística. La medida forma parte del plan de privatización de la compañía estatal y vuelve a generar interrogantes sobre el futuro de uno de los establecimientos más emblemáticos de nuestra ciudad.

Los Talleres Ferroviarios, en el centro de una nueva decisión nacional 

El Gobierno de Javier Milei dio otro paso en la reorganización del sistema ferroviario argentino. A través del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, se dispuso transferir administrativamente a la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. determinados sectores de los históricos Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo.

La disposición quedó establecida mediante la Resolución 1761/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se encuentra vinculada al proceso de privatización de la empresa.

¿Qué parte de los talleres es alcanzada?

La documentación oficial identifica terrenos situados sobre avenida Independencia, pertenecientes a la Línea Belgrano, Ramal C.

El predio ferroviario de referencia cuenta con una extensión de 229.468,71 metros cuadrados, aunque la resolución especifica que la asignación no abarca toda esa superficie, sino únicamente sectores determinados.

Para establecer los límites se confeccionaron planos y croquis técnicos, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

De esta manera, se diferencian las áreas que continuarán bajo la órbita de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSA) de aquellas que serán destinadas a Belgrano Cargas.

Los talleres, dentro del esquema de privatización

La decisión se encuadra en la Ley 27.742, que habilitó el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística.

El proyecto nacional prevé dividir las actividades de la compañía en tres segmentos: material rodante, vías e inmuebles vinculados, y talleres ferroviarios.

Precisamente, los espacios asignados en Tafí Viejo corresponden a instalaciones consideradas necesarias para el funcionamiento y mantenimiento del sistema ferroviario.

La medida tiene como antecedente una disposición de la AABE del 14 de enero de 2026, que autorizó avanzar con concesiones de uso de instalaciones ferroviarias de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Entre los establecimientos incluidos figuraban los Talleres de Mantenimiento Pesado de Vagones de Tafí Viejo.

Un lugar histórico para los taficeños

Hablar de los talleres ferroviarios no significa referirse solamente a edificios, galpones o terrenos.

Se trata de una parte fundamental de la identidad de Tafí Viejo, una ciudad cuya historia estuvo profundamente ligada al ferrocarril y al trabajo de generaciones de familias ferroviarias.

Por eso, cada decisión relacionada con estas instalaciones despierta interés entre trabajadores, extrabajadores y vecinos que conocen su importancia histórica, económica y social.

¿Qué pasará con el futuro de los talleres?

Por el momento, la resolución establece una asignación de inmuebles dentro del esquema de privatización. Esto no significa que se haya concretado la venta de la totalidad del predio ni que se haya dispuesto su cierre.

Sin embargo, quedan cuestiones importantes por conocer: cómo se instrumentará la participación privada, qué ocurrirá con las actividades de mantenimiento y cuáles serán las condiciones futuras de funcionamiento.

Mientras el Ejecutivo nacional continúa avanzando con su plan de reorganización ferroviaria, Tafí Viejo vuelve a mirar con atención lo que sucede con uno de sus mayores símbolos industriales.

Los talleres forman parte de nuestra historia. Su futuro también es un asunto de interés para toda la comunidad. Por: Tafiviejo.com.ar

25 de octubre de 2024

Con más interrogantes que certezas, Milei quiere privatizar la empresa Belgrano Cargas desmembrándola en 21 unidades de negocios

Actualidad

Sin precisiones de fechas y condiciones, el Gobierno anuncio el “inicio del proceso de privatización” de la ferroviaria estatal BCYLSA. Un esquema atípico con múltiples actores. Los números de la empresa en la mira.

El “inicio del proceso de privatización” de la empresa Belgrano Cargas y Logística (BCYLSA) que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni dejó más interrogantes que certezas sobre las condiciones operativas, los alcances y los plazos en juego que demandará la implementación de la medida.

Apuntando solamente a un problema fiscal debe ser eliminado y sin tener en cuenta la mejora en las cuentas que venía mostrando la compañía en lo que va del año; el relato oficial salió a apuntalar la senda privatizadora sin dar mayores detalles sobre el rol que tendrá el Estado en el nuevo y complejo tablero ferroviario que imagina la administración de Javier Milei.


Con una extensión total de 7.600 kilómetros y 4.429 empleados, la compañía BCYLSA está estructurada sobre la base de tres redes de cargas: la de trocha angosta del ferrocarril Belgrano; la de tocha media de la línea Urquiza y la de trocha ancha correspondiente a las vías del San Martín.

De acuerdo con la escueta información brindada por el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher; la privatización de la ferroviaria estatal de cargas va a tener un formato atípico que daría paso a una elevada concurrencia de unidades de negocios.

Señaló que “para cada una de las tres líneas de cargas que tiene la empresa, vamos a instrumentar siete procesos de concesión diferenciados: una concesión por las vías--con derecho a cobro del peaje y que contemplará el traspaso de trabajadores--; dos concesiones de locomotoras con sus respectivos conductores; dos concesiones de vagones y dos concesiones más de talleres que también incluirán a los empleados".

De esta manera, la instrumentación en la práctica de ese esquema de privatización implicaría la creación y funcionamiento de 21 nuevas sociedades concesionarias de las actividades y servicios inherentes a la corrida de los trenes cargueros que hoy están íntegramente bajo la órbita del BCYSA.

Según explicó Chaher “el esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto. Todas las vías quedarán concesionadas al sector privado, permitiendo triplicar el volumen de carga transportada, ya que se incrementará la cantidad de trenes y sus frecuencias”. Agregó además que el concesionario de las vías –que seguirán siendo del Estado Nacional-- tendrá la obligación de permitir el paso de los operadores que quieran usarlas, evitando conductas monopólicas”.

Más allá de no precisar si los llamados a licitación para adjudicar esas concesiones serán en forma separada por cada línea o todas en una sola convocatoria, el “modelo Chaher” de transformación ferroviaria va a exigir un funcionamiento operativo futuro que tenga una coordinación y sincronización semejante a un mecanismo de relojería suiza; un requisito que no encajaría con el actual escenario de incertidumbre económica y ajustes constantes de precios y tarifas.

En cuanto a la situación de la empresa –que según la particular visión de Adorni resulta “obscenamente deficitaria”—hay dos datos llamativos que muestran cierta cliclotimia y doble discurso de la gestión libertaria.

En primer lugar, la “ruinosa” situación actual del BCYLSA era diametralmente distinta a que salió a difundir a mediados de agosto la propia administración mileísta cuando informó que, durante los primeros seis meses de 2024, “la empresa logró reducir significativamente su déficit e incluso quedó con números cercanos al equilibrio operativo”. Según los datos que difundieron en ese momento desde la Casa Rosada, la empresa había incrementado sus ingresos en dólares un 6% con una reducción de sus costos de operación del 29% comparado con el primer semestre del año anterior.

A eso se agrega una marcada diferencia entre los subsidios y aportes estatales que recibió la empresa el año pasado. Según Adorni fueron US$ 112 millones, pero de acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ayuda estatal para gastos corrientes y de capital se ubicó en torno de US$ 40 millones.

Además, en el proyecto de Presupuesto 2025 remitido al Congreso, no se contemplaba la privatización de la empresa y de hecho estaba pautada una transferencia total para gastos operativos e ingresos de capital equivalente a US$ 83 millones.

En el terreno legal, hay dos cuestiones claves que permanecen en la nebulosa. La ley de reordenamiento ferroviario 27.132 de 2015 --que no fue derogada, ni mutilado por la ley Bases—establece como principios indelegables que tanto la administración de la infraestructura, como el sistema de control de circulación de los trenes deben seguir a cargo del Estado.

Por el momento se desconoce cómo se van a ordenar y controlar las corridas de los trenes y quién definirá y llevará adelante las inversiones de renovaciones de vías e incorporaciones de material rodante y tractivo.(Por Antonio Rossi Nota Editada en LetraP)