España: Madrid tiene amianto en trenes de 2007 y estudia si se vulneró la ley en sus compras

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Metro admite la presencia de este material en convoyes que fueron adquiridos después de que la ley prohibiera comercializar con esta sustancia

"Atención, estación en curva". El 31 de julio, dos vagones de metro descarrilaron en la céntrica estación madrileña de Puerta de Toledo. El incidente no fue a más y tan solo provocó retrasos en la ruta de los 200 pasajeros que se encontraban en ese convoy de la línea 5. Sin embargo, al menos una de esas dos unidades, adquirida en 2005, tenía piezas de amianto. Fuentes conocedoras del caso informaron a El Confidencial y desde la Consejería de Transportes, de la que depende Metro de Madrid, confirman este extremo. En el Gobierno regional, reconocen que no solo han hallado ese material en modelos de 2005, sino que también lo han encontrado en coches más modernos que habrían sido comprados hasta 2007.

Coche abarrotado de viajeros en la estación de Sol. (EFE)

La Comunidad de Madrid admite que tenía constancia de la presencia de la sustancia en las piezas del convoy accidentado y señala que hay otros 32 trenes de esa misma serie, aunque las fuentes gubernamentales consultadas insisten en que han sido encapsuladas y que no suponen ningún peligro para usuarios o trabajadores. En este caso, las fechas de adquisición de los vagones son de especial relevancia, ya que fue a partir de 2002 cuando en España se prohibió la comercialización de derivados del amianto. Los aparatos mencionados fueron comprados después por parte de la Administración regional, que está estudiando el caso para averiguar si se incumplió la ley en la compraventa. 

Desde el departamento, a preguntas de este medio, aseguran que están en contacto con las compañías proveedoras para averiguar si esas piezas estaban presentes en los trenes desde su fabricación y, por tanto, en el momento de ser comprados. En la consejería, entienden que esto es así y que cuando se cerró la operación no se les comunicó con el detalle preciso, pero no lo saben "al cien por cien", por lo que están analizándolo. De confirmarse ese extremo, buscarían responsabilidades legales por parte de esas empresas. Las fuentes consultadas apuntan que han enviado recientemente una misiva a estas firmas para tener reuniones técnicas que ratifiquen su hipótesis: que no se les dio a conocer minuciosamente la composición.

"Metro está ahora en el proceso de pedir explicaciones y aclaraciones al fabricante de estos trenes [la empresa CAF] y tomar así las medidas oportunas", afirman en declaraciones a El Confidencial en relación con el vagón accidentado el pasado 31 de julio. Estas fuentes inciden en que en ese incidente ningún elemento de amianto se vio dañado. La compañía aludida ha evitado hacer comentarios ante este caso y se escuda en que no puede desvelar detalles de los bienes vendidos a sus clientes. 

Las fuentes gubernamentales consideran que otra opción podría ser que esas piezas se hubieran integrado luego en forma de recambios, si bien creen que esto es poco probable. "El amianto está actualmente presente en algunas instalaciones de estaciones antiguas y en pequeñas piezas de algunos modelos de trenes. Todo el amianto existente se encuentra en estado no friable, es decir, no emite fibras al ambiente, luego no hay riesgo alguno para la salud de trabajadores ni viajeros", defienden desde la consejería, que tiene previsto invertir 170 millones de euros en un plan para retirar todos los elementos que contengan la sustancia. Los trabajos comenzaron en 2018 y se prolongarán hasta 2027. "Hacemos un esfuerzo muy grande", argumentan.

Cuatro muertes

Desde Más Madrid, primera fuerza de la oposición en estos momentos, dicen no estar "sorprendidos" pese a "la gravedad de este hecho". "La comunidad ha ocultado la peligrosidad del amianto durante años poniendo en riesgo las vidas de los trabajadores de Metro de Madrid", consideran estas fuentes, que recuerdan el caso de la venta de vagones con esta peligrosa sustancia por parte de la región a Buenos Aires en el año 2011. En octubre de 2019, la Administración argentina demandó a Metro y le reclamó 15 millones de euros. Metro de Madrid tiene varios frentes abiertos por la gestión del amianto en sus instalaciones. 

En junio de 2020, indemnizó con 193.000 euros a la familia de un empleado que falleció en 2018 tras habérsele reconocido una incapacidad permanente por una enfermedad profesional derivada de la exposición a este material. Era el primer acuerdo al que llegaba la compañía pública con familiares de trabajadores afectados. Un año después, esta primavera, un maquinista murió tras una "larga enfermedad" vinculada a la exposición al amianto. Era la cuarta víctima mortal por este tipo de causas.ElConfidencial.com