domingo, 27 de marzo de 2011

COMPLICA A FUNCIONARIO UN CHOQUE DE TRENES

Todo parece indicar que el choque de trenes ocurrido en San Miguel hace poco más de un mes, que provocó cuatro muertos y 116 heridos, fue una tragedia anunciada. Así lo estimó la Justicia, que ya comenzó a investigar la presunta responsabilidad de funcionarios de los gobiernos nacional y provincial.

Los últimos peritajes realizados en los vagones del ferrocarril San Martín determinaron que había pisos corroídos y paragolpes recuperados con el método de soldadura eléctrica, lo que indicaría que la formación N° 3443 de la empresa Ugofe no estuvo en condiciones de proteger del impacto a los pasajeros, por serias deficiencias en su estructura.


De la administración encabezada por el gobernadorbonaerense Daniel Scioli depende la empresa Ferrobaires, propietaria de la locomotora que salió a las vías con el sistema de frenos parcialmente anulado.

En tanto que las imputaciones a los funcionarios del gobierno nacional se fundan en la falta de controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a la empresa Ugofe, a cargo del ferrocarril San Martín, que permitió que circularan formaciones con graves fallas en su construcción y materiales incapaces de resistir un choque como el que provocó la tragedia en San Miguel.

La denuncia había sido presentada por el diputado nacional por la CC en el juzgado federal de San Martín y comenzó a ser analizada por el magistrado Juan Manuel Yalj.

Al revisar la locomotora de Ferrobaires, los peritos determinaron que los maquinistas no hubieran podido frenar la formación ante un caso de emergencia, como fue el hecho de hallar un convoy detenido en las vías, porque el sistema de frenos había sido parcialmente anulado.

A esto hay que sumar que los vagones del ferrocarril San Martín tenían el piso corroído y los paragolpes recuperados por el método de soldadura eléctrica. Esto significa que el sistema que debía absorber la violencia de cualquier impacto que recibiera la formación no estaba preparado para un choque como el que ocurrió en San Miguel.

El 16 de febrero pasado cuatro pasajeros de ese convoy murieron y otros 116 resultaron heridos cuando una locomotora de la empresa Ferrobaires, que había salido de Retiro rumbo a Junín, chocó contra la formación del ferrocarril San Martín.

La máquina N° 9076 se montó en el último vagón de la formación de la Ugofe que, según los peritajes, no logró absorber la violencia porque tenía serias deficiencias en los paragolpes y presentaba el piso corroído, lo que provocó el desplazamiento de la carrocería hacia los dos coches siguientes, identificados como U3624 y U3539, donde viajaban las cuatro personas que murieron y la mayoría de los 116 pasajeros heridos.

"Parecería que las causas del montaje del coche U3624 sobre el vagón U3539 se habrían debido a que la calota, por fisuras y/o deficiencias en su material, cedió provocando que el perno central de encastre del boggie se desprendiera literalmente del mismo, dejando a la carrocería libre en su desplazamiento, permitiendo que ingresara dentro de la U3539", indica el informe presentado por los peritos ante el juez federal Yalj.

"En otras palabras, si la calota no hubiese cedido liberando el perno central de encastre del boggie, ambos coches no se hubiesen montado, recibiendo y absorbiendo la fuerza del impacto los paragolpes. No obstante, es necesario destacar que los paragolpes no se encontraban aparentemente en óptimas condiciones por haber sido recuperados mediante el método de soldadura eléctrica", agregaron los peritos que firmaron el estudio técnico, incorporado en el expediente entre las fojas 106 y 135.

En la denuncia que el diputado Morán presentó ante el juez federal Yalj, el legislador acusó a la ministra de Infraestructura provincial, Cristina Alvarez Rodríguez; al secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi; al ex titular de esa dependencia Ricardo Jaime, y a Eduardo Gnarini, quien se desempeñaba como administrador de Ferrobaires en la época en que ocurrió la tragedia.

Según consta en la presentación, el legislador solicitó que se investigara la responsabilidad de los acusados por la presunta comisión y violación de los deberes de funcionario público.(Fuente. La Nación)