UNA TARIFA BARATA PARA TODOS SE CONVIERTE EN FACTOR REGRESIVO

*Por Miguel Von Rozemberg. Director del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la ciudad.

Un transporte público moderno, confiable, de calidad, con un alto nivel de avance tecnológico como el que pretendemos en el Area Metropolitana de Buenos Aires (que incluye 43 municipios, mas de 13 millones de habitantes, 840 kms de red ferroviaria, 53,7 kms de subte y premetro y 14000 colectivos y 23.000.000 millones de pasajeros/día), ante una creciente demanda de movilidad obliga, tras años de desinversión y priorización del uso del automóvil particular mayor que lo eficiente socialmente, a buscar fórmulas de financiamiento para las grandes inversiones necesarias tanto en equipos como infraestructuras y paralelamente tener tarifas accesibles para los sectores mas necesitados que son los usuarios mayoritarios, y a ello contribuirá también contar con una autoridad única.

La falta de ordenamiento provoca con frecuencia, además de disparidades territoriales, situaciones de inequidad pues se dan distintos niveles de calidad y tarifas para servicios semejantes.

El sistema de subsidios debe estar inserto en un contexto de política general del transporte.

Para alcanzar estos objetivos el subsidio estatal es esencial, en tanto no se lo emplee sólo como herramienta política o para cubrir gestiones deficientes sean públicas o privadas como ha venido ocurriendo.



El subsidio debe ir de la mano de un compromiso de ser implementado con un plan focalizado y explícito: a) compra de nuevas unidades; b) incorporación tecnológica; c) complementariedad de sueldos, d) rediseño del sistema o de los modos y en cada caso permitir su control por las auditorías correspondientes.

Al focalizarse el subsidio se convierte en transparente pues se sabe a qué o a quién va destinado.

Una tarifa “barata” para todos se convierte en factor regresivo que perjudica a quien dice defender, empeora servicios, el ferroviario es ejemplo, y da lugar a alternativas a veces marginales (la red de combis “ilegales que hoy circulan en la región, cuenta con unidades antiguas, sin habilitación para el uso y por lo tanto con falta de los seguros correspondientes).

Pero una red de las características deseadas implica incrementar los costos de explotación que presionan sobre las tarifas, de allí que el sistema esté sometido, en general, a precios que fijan los gobiernos (nacionales, provinciales o municipales), y da lugar a que las empresas operadoras tengan dos fuentes de ingresos:

• La tarifa o precio político que paga el usuario del servicio

• La compensación económica entre esa tarifa y el costo real que es cubierta por el Estado.

En ese camino las concesiones de rutas o líneas mas modernas obligan a las empresas, con cláusulas de calidad, invertir en información para promover el transporte público, modernizar la flota (cumplir con normas ambientales en materia de sonoridad, uso de combustible de bajo nivel de contaminación – reducción de emanaciones CO2 -híbridos, eléctricos-), incorporar sistemas de seguridad (cámaras, GPS) para el control y seguimiento en tiempo real de las unidades y formaciones, contar con comunicación wi-fi, validación electrónica de boletos, y mejoras de la gestión empresaria, promoviendo la explotación coordinada de líneas coincidentes, modificando redes para adaptarlas a la cambiante urbanidad, eliminando rutas irracionales y sub-utilización de flotas (que derivan en pérdidas económicas y sociales), asegurando la competencia entre operadoras, eliminando la evasión y profundizando la profesionalización del personal (Ámsterdam, Curitiba, Ille-de-France).

El subsidio público (Francia tiene una ley denominada: De Orientación del Transporte (1982) cuyo fondo se basa en aporte privados y oficiales) para poder satisfacer esta evolución ha aumentado sus niveles en el mundo, pues los ingresos genuinos por venta de boletos apenas cubren un 50% de los costos operativos en Bruselas, Munich o Barcelona. En el caso del AMBA, al no contarse con información precisa, se sostiene que la tarifa actual llega a cubrir sólo el 40/50% de los costos salariales, de manera que no sorprende el nivel de aporte del Estado al sistema.

* Los aportes afectados por la Tesorería resultarían suficientes, aplicados eficientemente, para un sistema mejor de transporte público.

Las alternativas básicas de subsidio son:

• A los kilómetros de servicios realizados.
• Al número de pasajeros reales transportados.
• A la demanda (permite optimizar los recursos para los realmente necesitados).
• Combinadas entre si.
• Cruzados (fija precios por encima de los costos para algunos servicios y los entrelaza con otros por debajo de ellos), y se complementa con abonos que se privilegian frente al boleto unitario. Hay alternativas sociales que benefician a escolares, jubilados, en horarios valle, con tiempos de uso combinados, por áreas urbanas. El abono tiene gran penetración en los usuarios frecuentes y la fidelización pues permite ahorros de tiempo y costos.

En esa búsqueda resulta esencial la integración modal y tarifaria si se pretende contar con una red pública de transporte alternativa al vehículo particular, siendo el SUBE (Decreto PEN 84/09) un primer paso para la región metropolitana pues incluye tarjeta única de acceso a ferrocarril, subte y colectivos. Un siguiente paso será contar con una tarifa intermodal.

El transporte masivo es un bien público y sólo el Estado planificando y con un correcto uso del subsidio como instrumento redistributivo puede otorgar a la ciudades una movilidad para las mayorías.(Fuente. Noticias Urbanas)