Nota de Opinión
Por: Antonio Rossi (para LetraP.com)
Pasado el efecto inicial que intentó instalar el relato libertario en torno a una supuesta mayor asignación de recursos, los cálculos de empresarios y especialistas dejaron en evidencia que las obras públicas seguirán siendo en 2026 una de las variables principales de ajuste del gobierno de Javier Milei.
Los análisis sobre las planillas y cifras del proyecto de Presupuesto 2026 muestran que no hay motivos para el optimismo: el deterioro de las rutas nacionales, el estancamiento en los planes de viviendas y la parálisis de obras de infraestructura energética, educativa y hospitalaria tienden a agravarse en el tercer año de gestión.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) advirtió que, “si bien el texto oficial prevé un incremento nominal del 50% en las partidas de capital, la comparación con la evolución del PBI revela que el gasto en inversión en obra pública representará apenas el 0,3%, por debajo del 0,4% de 2024 y muy lejos del 1,3% registrado en 2023”.
Según personal técnico de la entidad, pese a que los números marcan una suba de 26,1% en la inversión real directa, en términos efectivos ese aumento no alcanza a recomponer los recortes de los años previos.
Presupuesto con poca inversión pública
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, alertó que “el nivel de inversión pública previsto apenas alcanza para sostener parte de las obras en marcha, pero no para impulsar nuevos proyectos ni revertir el deterioro acumulado de la infraestructura”.
“El presupuesto 2026 fija una inversión en obra pública equivalente al 0,4% del PBI, el mismo porcentaje de este año, que además se encuentra subejecutado. Resulta insuficiente para el mantenimiento de la infraestructura nacional y debería ser sustancialmente mayor, teniendo en cuenta que en años anteriores la inversión alcanzó hasta el 1,7% del PBI”, agregó.
El vicepresidente de Camarco, Ricardo Griot, también fue categórico: “La presentación del Presupuesto dejó más dudas que certezas porque, solo para mantener la infraestructura existente, se necesita mucho más que el 0,4% del PBI”.
Tras remarcar que el Gobierno mantiene frenados proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), estimó que “para volver al nivel que tenía la infraestructura en diciembre de 2023 se requerirían entre u$s 10.000 y 20.000 millones de inversión pública”.
El sector de la construcción se derrumba
El panorama es especialmente delicado para la construcción, que atraviesa un momento crítico por los ajustes y paralizaciones de obras aplicados por la administración libertaria.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el sector acumula una caída del 20,7% entre noviembre de 2023 y julio de este año. En tanto, en agosto el índice Construya -que mide la venta de insumos y el movimiento de proyectos inmobiliarios- registró una baja del 8,6% mensual desestacionalizada y del 5,5% interanual.
La interrupción de los contratos de obra pública y el freno en la actividad privada provocaron la pérdida de casi 70.000 puestos de trabajo desde la asunción de Milei hasta mediados de este año, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).
Si bien el sector no esperaba grandes cambios en la política oficial, el Presupuesto 2026 dejó más interrogantes sobre el futuro inmediato y de mediano plazo de la obra pública. Uno de los anuncios más llamativos fue de Milei, quien aseguró que “la reactivación de la obra pública se dará a través del superávit primario”.
Sin mayores precisiones, el Presidente afirmó que ese mecanismo permitirá financiar al sector privado para que desarrolle obras “fundamentales para la infraestructura y la logística del país”. Sin embargo, esa alternativa no figura en el extenso “mensaje” que acompaña al proyecto de ley y detalla las prioridades presupuestarias para 2026.
Allí, el Gobierno plantea que “en la promoción del crecimiento económico, el rol del Estado reside en generar las condiciones para el desarrollo de la iniciativa privada, disminuyendo el peso relativo estatal y contribuyendo a elevar la tasa de ahorro privado, de forma tal que la inversión pública no compita con la privada en la obtención de financiamiento”.
Venta de empresas estatales
Otro aspecto sin definiciones claras son las ventas de empresas estatales incluidas en la ley Bases aprobada en 2024. El capítulo II de la norma 27.742 habilitó la enajenación y/o concesión de AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, Enarsa, Corredores Viales y la ferroviaria SOFSA, además de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), estas últimas con restricciones.
La ejecución de las privatizaciones quedó en manos del ministro de Economía, Toto Caputo, y de Diego Chaher, exgerente del Grupo Vila-Manzano y exinterventor de Télam, actualmente al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP).
A comienzos de agosto, el Gobierno dictó decretos y resoluciones que prorrogaron hasta el primer semestre de 2026 la transferencia de estas compañías a manos privadas.
Pese a que se trata de una de las banderas principales de la administración libertaria, el proyecto de Presupuesto sólo dedica un párrafo de dos líneas al tema: “La privatización de empresas públicas aportará a reducir el gasto público, atraer capital privado y mejorar la eficiencia de los servicios prestados”.
