Demoras y largas filas para cargar la tarjeta SUBE en las estaciones de la Línea Roca: hasta cuándo seguirá el conflicto

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Sólo están en funcionamiento 17 de las 48 boleterías del servicio de trenes que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la zona sur del conurbano; la respuesta de Trenes Argentinos Operaciones, las complicaciones para los usuarios y el reclamo de los empleados por la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo

Como parte de su política de reducción de gastos y recortes de subsidios, el Gobierno actualizó en febrero las tarifas para los trenes y colectivos en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que luego se extendió a todo el país a partir de la quita del Fondo Compensador del Interior. Sin embargo, el aumento del precio hasta el momento no se tradujo en mejoras en el servicio, sino que se abrieron nuevos frentes conflictivos para los usuarios, entre los que se cuentan la reducción y demoras de los servicios, además de severas dificultades para recargar la tarjeta SUBE.

Si bien las complicaciones para viajar son recurrentes en todas las líneas de la red ferroviaria que conectan la Capital Federal con el Gran Buenos Aires (GBA), el Ferrocarril Roca constituye una muestra representativa del panorama generalizado porque se trata del servicio que traslada la mayor cantidad de personas diariamente. Según la última actualización del informe de la Comisión de Regulación Nacional del Transporte (CNRT), en enero de este año se contaron 10.292.202 “pasajeros pagos” de los 27.475.813 que viajaron en toda la red ferroviaria del AMBA, compuesta por las líneas Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, Urquiza y el Tren de la Costa.

Pese al caudal de gente que diariamente se moviliza desde la zona sur del GBA hacia la Ciudad de Buenos Aires y en sentido contrario, en las últimas semanas el cierre de muchas de las boleterías de las estaciones potenció las dificultades para recargar el saldo del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), ya complicado por la falta de puntos habilitados para esa función. Trenes Argentinos, encargada de la prestación del servicio de pasajeros, encuadró la situación como parte de “un problema operativo con la carga y la recaudación”.

“Se está trabajando para solucionarlo”, dijeron a LA NACION voceros de la empresa y aclararon que de las 48 boleterías que hay entre los cinco ramales eléctricos que integran la línea –Alejandro Korn, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, La Plata y Ezeiza- sólo están en funcionamiento 17: Plaza Constitución Alejandro Korn, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Lomas, Monte Grande, Burzaco, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Berazategui, Adrogué, Banfield, Claypole, Ezeiza, Glew, La Plata y Longchamps.

En ese sentido, reconocieron que efectivamente hay un problema con el sistema, pero no pudieron dar precisiones respecto a cuándo se resolverá el inconveniente. “Nosotros no nos ocupamos de nada que tenga que ver con la SUBE, no tenemos nada que ver con el sistema, ni con los cambios que se pueden hacer ni con los topes”, remarcaron.

La versión que recibieron, contó, es que “no se firmaron los contratos con los responsables de llevarse el dinero de las terminales” debido a que no asumieron las nuevas gerencias. “Estamos exigiendo que se reabran las boleterías y que se hagan las cuestiones administrativas entre SUBE y Ferrocarriles Argentinos, que le tira la pelota a la empresa SUBE y viceversa. Pero no dan información certera, son cientos los puestos de trabajo que corren peligro y, de hecho, ya son muchos boleteros que los han cambiado de sector y los han mandado a estaciones más lejanas”, relató.

La problemática ocurre mientras circulan versiones referidas a la puesta en marcha de un plan para que se utilicen otras alternativas de pago. En ese sentido va la iniciativa del diputado del Pro Damián Arabia, quien presentó el proyecto denominado “Sistema universal de pago en el transporte público”, según el cual se podría utilizar “tecnología para tarjetas de crédito, débito, prepaga, NFC y otras tecnologías emergentes o que pudieran desarrollarse para la percepción del boleto electrónico”.

“Parte de su política es cambiar el sistema SUBE por un sistema donde participen empresas como Mercado libre o Ualá”, sugirió Tomás, integrante de la Asamblea Vecinal de Lanús, una organización que –junto con otras similares- se manifestó “en contra de la privatización, del cierre de las boleterías y del tarifazo en el transporte” en una protesta que se hizo el 20 de febrero en el hall de la estación de Constitución para también acompañar el reclamo de los trabajadores.

Desde la Secretaría de Transporte, en tanto, se expresaron en el mismo sentido que Trenes Argentinos y, de igual forma, tampoco dieron plazos para la resolución del conflicto. “No hay un tema de sistema ni de cierre de boleterías, es un tema administrativo y de recaudación”, repitieron ante la consulta de LA NACION sobre los rumores que indican que el objetivo sería reemplazar el mecanismo de recarga o incluir otros métodos de pago.

El plan de privatizar empresas en manos del Estado fue una de sus principales consignas de campaña. Trenes Argentinos Operaciones –en realidad, Operadora Ferroviaria SE- es una de las firmas de las cuales el Gobierno pretendía desprenderse si lograba la aprobación de ley ómnibus. Si bien el proyecto quedó trunco en la Cámara de Diputados y volvió a comisiones, el presidente Javier Milei aseguró, en más de una oportunidad, que seguirá adelante pese “a las trabas del Congreso”.DiarioLaNación.com

Santa Fe: Archivan una denuncia de la empresa Trenes Argentinos Cargas por la usurpación de un terreno fiscal en barrio Candioti Norte

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El caso fue denunciado en 2022 por la ocupación de un predio en donde el tren dejó de pasar hace dos años. Según un fallo judicial, "este tipo de conflictos exceden al derecho penal".

La Sala B de la Cámara Federal de Rosario le puso punto final a una denuncia por usurpación de terrenos fiscales que había impulsado la empresa Belgrano Cargas, en torno a una vieja traza ubicada en Dorrego al 4600, en el límite entre los barrios Candioti Norte y San Roque de la ciudad Santa Fe. En dicho lugar, el ferrocarril no circula desde hace por lo menos dos años, ya que de manera recurrente solían provocarse descarrilamientos por lo que la firma decidió cambiar de zona de circulación.

La medida fue mediante un fallo judicial en donde las juezas camaristas, Elida Vidal y Silvina María Andalaf, resolvieron confirmar el archivo que dispuso inicialmente el fiscal federal Walter Rodríguez (y avalado por el Juzgado N°2) que consideró necesario abordar el caso bajo otras instancias judiciales o, en su defecto, que se le dé intervención al Estado municipal o provincial. 

La resolución judicial fue a partir de una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Guillermo Huarte, que en representación de la empresa Belgrano Cargas impulsó en agosto del 2022 una denuncia en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en donde pidió que se investigue la usurpación de un terreno fiscal ubicado en la manzana que componen las calles Dorrego y Pedro Díaz Colodrero y Avellaneda y Luciano Torrent. Allí, según estableció la denuncia, fueron levantadas siete viviendas y el terreno baldío quedó recubierto con chapas.

La denuncia recayó en la Fiscalía de Rodríguez, que tras un relevamiento ejecutado con la Policía Federal resolvió archivar el caso y no instar ninguna medida judicial al considerar que se está ante un problema de “vulnerabilidad social” generado principalmente por imposibilidad de acceso a la vivienda digna. De hecho, el relevamiento de la fuerza policial determinó que algunas de las familias se encuentran radicadas en el lugar desde hace por lo menos 20 años.

“Una aproximación al presente conflicto mediante el derecho penal no haría otra cosa que desencadenar males mayores y complicar más aún el ya complejo panorama”, remarcó el funcionario judicial en su dictamen. El fiscal sostuvo además que en todo caso el conflicto podría destrabarse en otra área del Estado por lo que pidió que se remitan las actuaciones a la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe o provincia o a la de Administración de Bienes del Estado Nacional. 

No conforme con el archivo del fiscal, la empresa Trenes Argentinos Cargas apeló la resolución judicial y fue hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en noviembre del año pasado y presentó un pedido para desarchivar la denuncia y continuar con la investigación.

“Dichas obras se han realizado de manera clandestina y a partir del despojo de los terrenos de propiedad y explotación de mi representada”, señalaron desde la firma. En tanto, calificaron que la Fiscalía tuvo una “actitud pasiva” y pidieron el apartamiento del fiscal por “perdida de objetividad”. 

Radicado el pleito judicial en la Cámara Federal, las juezas de la Sala B resolvieron no hacer lugar al planteo de la empresa al considerar que este tipo de conflictos no pueden ser abordado de manera penal. La resolución contempló además lo que había indicado la Fiscalía que desde hace dos años el ferrocarril dejó de pasar por esa zona ya que la empresa utilizó una vía paralela más alejada de las viviendas precarias. 

“Estamos frente a un cuadro de vulnerabilidad social que conduce irremediablemente a sus involucrados a situaciones como la ventilada en autos, por lo que –con independencia del derecho a recuperar la posesión de los terrenos en cuestión-, este tipo de conflictos exceden al derecho penal”, sentenció el fallo judicial.AireDigital.com

Los frentes conflictivos de la empresa concesionaria Ferrosur Roca S.A. y el sombra macrista de Iguacel

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Manejada por el grupo brasileño Camargo Correa a través de su controlada Loma Negra, la empresa ferroviaria de cargas Ferrosur Roca se ha convertido en un nuevo motivo de preocupación y problemas para el ministerio de Transporte que comanda Mario Meoni.

La compañía ferroviaria --cuya concesión tiene fecha de vencimiento en 2023—quedó envuelta en dos frentes conflictivos que han encendido las luces de alerta sobre su futuro accionar en el corto y mediano plazo. En el primero tiene como contendientes a los gremios del sector. Y en el segundo, el aparece del otro lado del ring con cuestionamientos de fondo y denuncias de irregularidades es el propio Gobierno nacional.

El caso que involucra a los sindicados surgió a mediados de abril, cuando Ferrosur Roca S.A. (alegando que había sufrido una caída del 80% en las cargas transportadas en el primer trimestre del año) solicitó acogerse a un “procedimiento preventivo de crisis” (PPC) para despedir parte de su personal y reducir hasta un 40% los sueldos.

Ante esa movida, los cuatro gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y APDFA) se declararon en estado de alerta y denunciaron que la empresa ya venía incumpliendo desde enero con los pagos de los aumentos y adicionales que estaban acordados. Además, en la negociación abierta por el ministerio de Trabajo de Claudio Moroni; los dirigentes ferroviarios arrimaron datos que demuestran que el descenso en los trenes de carga entre enero y marzo fue solo del 15% y no del 80% como adujo la empresa.

Pese a que aún no hubo acuerdo, Ferrosur ya anticipó que pagará los sueldos de abril con recortes y que empezará con las suspensiones. Mañana lunes seguirán las negociaciones en la cartera laboral, pero todo indicaría que el conflicto va camino a agrandarse y no sería extraño que derive en un paro de actividades que afecte a todas las líneas de cargas.

En tanto, la disputa con los funcionarios nacionales quedó planteada en la reciente asamblea de accionistas donde ingresaron los nuevos directores estatales que no convalidaron el último balance de 2019.

El primer dato saliente que saltó sobre el tapete fue el listado de los representantes estatales que la administración de Mauricio Macri había puesto en Ferrosur. Uno de los directores titulares hasta mediados de abril fue el polémico y multifacético, Javier Iguacel, quien estuvo acompañado por Gonzalo García Oliva y Alejandro Marti.

Actual intendente de Capitán Sarmiento, Iguacel fue un gerente todoterreno del macrismo. Había arrancado a fines de 2015 como Administrador General de Vialidad Nacional, desde donde armó y llevó adelante las denuncias por sobreprecios y asociación ilícita que terminaron con Lázaro Báez preso. Luego paso a ocupar el sillón de secretario de Energía hasta fines de 2018. Y a principios de 2019 le dieron el premio consuelo de director en Ferrosur, donde también ha quedado en la mira por haber permitido una serie de operaciones de la empresa que serían irregulares y lesivas para el Estado.

En la asamblea de accionistas de Ferrosur realizada el 15 abril, Iguacel y los otros representantes macristas fueron remplazados por los nuevos directores estatales Carlos Battista, Celia Yannuzzi y Eduardo Rodríguez, quienes--siguiendo las instrucciones del ministro Meoni-- se abstuvieron de aprobar el último balance y los estados contables de la empresa.

Si bien Loma Negra hizo valer su mayoría accionaria (80%) para aprobar todas las cuestiones administrativas y contables que figuraban en el orden del día de la asamblea, los funcionarios nacionales dejaron asentados varios puntos oscuros que podrían derivar en multas y posibles denuncias judiciales por incumplimientos contractuales y acciones no permitidas en el marco legal de las concesiones ferroviarias.

Entre otros aspectos polémicos y con información incompleta de la empresa se encuentran: el detalle de las deudas exigibles, el endeudamiento de corto plazo, los ingresos por arrendamientos y la forma de distribución de los 170 millones de pesos previstos como “remuneraciones para los directores que ejercen funciones técnicas y administrativas” durante 2020.

Pero sin dudas la cuestión que más revuelo ha causado es la referida a la venta de varias locomotoras que Ferrosur hizo en forma directa a Loma Negra, su empresa controlante.

Pese a las locomotoras fueron entregados en concesión y siguen siendo propiedad del Estado, Ferrosur igual decidió cederle máquinas a la cementera Loma Negra con el argumento de que necesitaba los recursos para cancelar deudas que tenía con acreedores.

Dicha venta que ahora está bajo la lupa fue aprobada por el directorio de Ferrosur en los últimos días de la gestión macrista y sin que Iguacel y los otros representantes estatales de entonces se opusieran a la operación.

Ahora los técnicos del ministerio de Transporte le están reclamando a la empresa que aporte la documentación vinculada con:

* Las tratativas previas a la venta de las locomotoras.

* El certificado del ingeniero o perito que determinó el valor residual de las máquinas.

* Las consultas efectuadas a fabricantes para determinar el precio de mercado.

* El informe de los asesores legales de la empresa sobre la viabilidad de la enajenación.

* La nota de consulta y pedido de autorización al Estado para concretar la operación.

Tanto en la cartera de Transporte, como la estatal Ferrocarriles Argentinos --que ha heredado la fiscalización de la concesión—estiman que Ferrosur Roca S.A. no tiene los elementos para responder lo requerido y que frente a eso el caso derivará en la apertura de un expediente sancionatorio y en una demanda en Tribunales si la empresa no logra retrotraer la situación y recupera las locomotoras cedidas. Por: Antonio Rossi para Letra P


Ferrosur Roca S.A. opera una red de cargas de 3.110 kilómetros de la ex línea Roca que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y sur de La Pampa.

La concesión se inició en 1993 y expira en 2023. Inicialmente la empresa estuvo bajo el control del grupo Fortabat. Luego pasó a manos del grupo brasileño Camargo Correa cuando adquirió la cementera Loma Negra. Su composición accionaria actual tiene a Cofesur –sociedad controlada por Loma Negra- con el 80%; a Ferrocarriles Argentinos, con 16% y al PPP (Personal de Ferrosur) con el 4 % restante.

Camargo Correa (CC) aparece involucrado en los dos casos más resonantes de corrupción de Brasil (Lava Jato) y Argentina (Cuadernos). En el caso local, CC quedó pegado --junto con la constructora Esuco del ex titular de la CAC, Ernesto Wagner--en el supuesto pago de sobornos para quedarse con la obra de la planta depuradora de AySA que se construyó en Berazategui.