Polémica por el pago QR en las Líneas de Subte: hay quejas contra Mercado Pago por parte de sus billeteras competidoras

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En bancos y fintech hay reproches porque la empresa tendrá a su cargo la adquisición  del sistema que arrancará en diciembre y temen que eso puede darle una situación ventajosa frente al resto. El doble rol y los antecedentes conflictivos con la banca tradicional

La apertura de los medios de pago alternativos a la tarjeta SUBE en los subterráneos de Buenos Aires despertó algunas quejas en el sistema financiero por el doble rol que asumirá Mercado Pago. La empresa de Marcos Galperín fue adjudicada por Emova, la concesionaria de los subtes, para prestar el servicio de adquirencia en los pagos QR, que en base al pedido del gobierno porteño deberá estar en funcionamiento el próximo diciembre. Dado que se trata de un sistema interoperable, Mercado Pago deberá facilitar la documentación de acceso al sistema a todas las billeteras que quieran participar de él, es decir, a sus propias competidoras.

Por lo menos en cuatro empresas de billeteras virtuales señalaron ante Infobae su malestar por la creciente sospecha de que el doble rol de Mercado Pago (adquirente y billetera) puede perjudicarlos. Esa posición le permitiría diseñar el estándar a su conveniencia, no compartir a tiempo la información con sus competidores o bien hacer ambas cosas a la vez. El conflictivo antecedente de la disputa entre la empresa y los bancos por la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, resuelto tras dos años de disputas, alimentó las quejas.

“Les regalaron la principalidad, vamos a pasar del monopolio SUBE al monopolio Mercado Pago”, señalaron con enojo en una de esas compañías. Con esa palabra, definen a la situación en la que se acostumbra al usuario a que hay una sola billetera que sirve para pagar el subte mientras todas las demás recién comienzan el proceso de integración. Se sabe que en esta clase de negocios, el que entra primero, gana. Y el negocio no es pequeño: cada año más se venden 240 millones de boletos de subte. Y puede servir además como punto de partida para la pelea de fondo, la apertura de SUBE a nivel nacional.

Cuando el Gobierno anunció la apertura del sistema SUBE, no había certeza sobre la inclusión de los pagos QR ya que se dudaba sobre si eran adecuados para usar en las largas filas del transporte público. De hecho, en América Latina solamente en Chile se usa el QR para el transporte. Pero finalmente se incluyeron junto a las tarjetas de débito y crédito contactless y los pagos con celulares NFC. En los bancos advierten que esa decisión para Mercado Pago fue crucial, justamente por el hábito de los consumidores. Si los argentinos se acostumbran a pagar día a día subtes y colectivos acercado una tarjeta o un celular a un lector, tal vez ese hábito reemplace al de pagar con QR en los comercios, el terreno en el que Mercado Pago es líder.

El QR para el transporte público no es igual al utilizado en los comercios. Se lo llama “QR comprador” y utiliza otro estándar tecnológico que reduce tiempos, ya que de otra forma no sería viable usarlo en el transporte. “A diferencia del QR que se usa en el comercio, este estándar no está regulado por el BCRA. Por lo tanto, Mercado Pago puede armarlo a su medida y compartirlo con el resto cuando quiera. Ya nos pasó”, se lamentan en otra billetera. Aclaran que “el resto” son todas las billeteras virtuales en funcionamiento, tanto de bancos como de fintech. Varias de ellas aseguran haber tomado contacto con Mercado Pago sin éxito. Es impensado que una billetera con QR no quiera sumarse al pago de los transportes.

Ante la consulta de Infobae, en Mercado Pago se limitaron a decir que “es falso” que estén ocultando o retaceando los documentos con la información para integrarse al sistema y que los mismos “todavía no fueron hechos”. Aseguraron que el estándar para el QR a utilizar en el transporte saldrá de “un trabajo conjunto” entre los distintos actores del sistema.

En Emova, la concesionaria de los subtes porteños, explican que la intención de la empresa es que se incluyan la mayor cantidad de medios de pago posibles para acceder al subte, sin exclusiones y con la incorporación de todas las opciones disponibles. El anuncio del propio jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, puso la fecha de diciembre. Emova ya comenzó la instalación de una primera tanda de 600 máquinas validadoras para que, para esa fecha, en cada acceso al subte de la ciudad haya al menos un molinete en el que se pueda pagar con tarjetas, celulares o QR, en paralelo a los molinetes en los que se pagará con la SUBE.

Luego de “contactar a varias empresas”, según explican en Emova, la concesionaria otorgó la adquirencia para los pagos QR a Mercado Pago al mismo tiempo que hizo lo propio con la adquirencia para tarjetas y celulares NFC con otras dos empresas. En este terreno no hay doble rol ni quejas, ya que ninguna de las dos compañías es emisora de los medios de pago que va a procesar.

La primera de ellas es Payway, propiedad del fondo Advent, que provee soluciones de cobro para más de 350.000 comercios de todo el país y es líder en el negocio de la adquirencia. La otra empresa que manejará el negocio es Open Pass, una empresa tecnológica fundada en 2020 que cuenta entre sus accionistas a Fabio Calcaterra, el primo del ex Presidente Mauricio Macri, además de a un grupo de ejecutivos del sector que años atrás crearon Monedero, la primera tarjeta para el pago de los subtes porteños. Un 50% de Open Pass fue adquirido por Telecom a sus accionistas fundadores en abril de 2023.

Según explicaron en la compañía, “hace más de 2 años que OpenPass se encuentra trabajando en conjunto con Payway para introducir en la Argentina el modelo de pagos abierto de transporte, que permite pagar con cualquier tarjeta contacless, de crédito, débito, prepaga y a través de distintos dispositivos”. Cuando la Ciudad decidió abrir el sistema de pagos del transporte, OpenPass ya contaba con más de 2 años trabajando en aspectos del negocio como “pagos offline, cálculo de tarifa batch, esquemas diferenciales de riesgo transaccional, etc., y fue la única en presentar una solución lista para implementar en el mercado y cumplir con las certificaciones internacionales correspondientes que exigen las marcas de tarjetas”. Open Pass tiene un acuerdo de exclusividad con Visa Internacional para ser la plataforma en la Argentina como medio de pago en transporte.Infobae.com

Demoras y largas filas para cargar la tarjeta SUBE en las estaciones de la Línea Roca: hasta cuándo seguirá el conflicto

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Sólo están en funcionamiento 17 de las 48 boleterías del servicio de trenes que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la zona sur del conurbano; la respuesta de Trenes Argentinos Operaciones, las complicaciones para los usuarios y el reclamo de los empleados por la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo

Como parte de su política de reducción de gastos y recortes de subsidios, el Gobierno actualizó en febrero las tarifas para los trenes y colectivos en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que luego se extendió a todo el país a partir de la quita del Fondo Compensador del Interior. Sin embargo, el aumento del precio hasta el momento no se tradujo en mejoras en el servicio, sino que se abrieron nuevos frentes conflictivos para los usuarios, entre los que se cuentan la reducción y demoras de los servicios, además de severas dificultades para recargar la tarjeta SUBE.

Si bien las complicaciones para viajar son recurrentes en todas las líneas de la red ferroviaria que conectan la Capital Federal con el Gran Buenos Aires (GBA), el Ferrocarril Roca constituye una muestra representativa del panorama generalizado porque se trata del servicio que traslada la mayor cantidad de personas diariamente. Según la última actualización del informe de la Comisión de Regulación Nacional del Transporte (CNRT), en enero de este año se contaron 10.292.202 “pasajeros pagos” de los 27.475.813 que viajaron en toda la red ferroviaria del AMBA, compuesta por las líneas Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, Urquiza y el Tren de la Costa.

Pese al caudal de gente que diariamente se moviliza desde la zona sur del GBA hacia la Ciudad de Buenos Aires y en sentido contrario, en las últimas semanas el cierre de muchas de las boleterías de las estaciones potenció las dificultades para recargar el saldo del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), ya complicado por la falta de puntos habilitados para esa función. Trenes Argentinos, encargada de la prestación del servicio de pasajeros, encuadró la situación como parte de “un problema operativo con la carga y la recaudación”.

“Se está trabajando para solucionarlo”, dijeron a LA NACION voceros de la empresa y aclararon que de las 48 boleterías que hay entre los cinco ramales eléctricos que integran la línea –Alejandro Korn, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, La Plata y Ezeiza- sólo están en funcionamiento 17: Plaza Constitución Alejandro Korn, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Lomas, Monte Grande, Burzaco, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Berazategui, Adrogué, Banfield, Claypole, Ezeiza, Glew, La Plata y Longchamps.

En ese sentido, reconocieron que efectivamente hay un problema con el sistema, pero no pudieron dar precisiones respecto a cuándo se resolverá el inconveniente. “Nosotros no nos ocupamos de nada que tenga que ver con la SUBE, no tenemos nada que ver con el sistema, ni con los cambios que se pueden hacer ni con los topes”, remarcaron.

La versión que recibieron, contó, es que “no se firmaron los contratos con los responsables de llevarse el dinero de las terminales” debido a que no asumieron las nuevas gerencias. “Estamos exigiendo que se reabran las boleterías y que se hagan las cuestiones administrativas entre SUBE y Ferrocarriles Argentinos, que le tira la pelota a la empresa SUBE y viceversa. Pero no dan información certera, son cientos los puestos de trabajo que corren peligro y, de hecho, ya son muchos boleteros que los han cambiado de sector y los han mandado a estaciones más lejanas”, relató.

La problemática ocurre mientras circulan versiones referidas a la puesta en marcha de un plan para que se utilicen otras alternativas de pago. En ese sentido va la iniciativa del diputado del Pro Damián Arabia, quien presentó el proyecto denominado “Sistema universal de pago en el transporte público”, según el cual se podría utilizar “tecnología para tarjetas de crédito, débito, prepaga, NFC y otras tecnologías emergentes o que pudieran desarrollarse para la percepción del boleto electrónico”.

“Parte de su política es cambiar el sistema SUBE por un sistema donde participen empresas como Mercado libre o Ualá”, sugirió Tomás, integrante de la Asamblea Vecinal de Lanús, una organización que –junto con otras similares- se manifestó “en contra de la privatización, del cierre de las boleterías y del tarifazo en el transporte” en una protesta que se hizo el 20 de febrero en el hall de la estación de Constitución para también acompañar el reclamo de los trabajadores.

Desde la Secretaría de Transporte, en tanto, se expresaron en el mismo sentido que Trenes Argentinos y, de igual forma, tampoco dieron plazos para la resolución del conflicto. “No hay un tema de sistema ni de cierre de boleterías, es un tema administrativo y de recaudación”, repitieron ante la consulta de LA NACION sobre los rumores que indican que el objetivo sería reemplazar el mecanismo de recarga o incluir otros métodos de pago.

El plan de privatizar empresas en manos del Estado fue una de sus principales consignas de campaña. Trenes Argentinos Operaciones –en realidad, Operadora Ferroviaria SE- es una de las firmas de las cuales el Gobierno pretendía desprenderse si lograba la aprobación de ley ómnibus. Si bien el proyecto quedó trunco en la Cámara de Diputados y volvió a comisiones, el presidente Javier Milei aseguró, en más de una oportunidad, que seguirá adelante pese “a las trabas del Congreso”.DiarioLaNación.com

Santa Fe: Archivan una denuncia de la empresa Trenes Argentinos Cargas por la usurpación de un terreno fiscal en barrio Candioti Norte

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El caso fue denunciado en 2022 por la ocupación de un predio en donde el tren dejó de pasar hace dos años. Según un fallo judicial, "este tipo de conflictos exceden al derecho penal".

La Sala B de la Cámara Federal de Rosario le puso punto final a una denuncia por usurpación de terrenos fiscales que había impulsado la empresa Belgrano Cargas, en torno a una vieja traza ubicada en Dorrego al 4600, en el límite entre los barrios Candioti Norte y San Roque de la ciudad Santa Fe. En dicho lugar, el ferrocarril no circula desde hace por lo menos dos años, ya que de manera recurrente solían provocarse descarrilamientos por lo que la firma decidió cambiar de zona de circulación.

La medida fue mediante un fallo judicial en donde las juezas camaristas, Elida Vidal y Silvina María Andalaf, resolvieron confirmar el archivo que dispuso inicialmente el fiscal federal Walter Rodríguez (y avalado por el Juzgado N°2) que consideró necesario abordar el caso bajo otras instancias judiciales o, en su defecto, que se le dé intervención al Estado municipal o provincial. 

La resolución judicial fue a partir de una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Guillermo Huarte, que en representación de la empresa Belgrano Cargas impulsó en agosto del 2022 una denuncia en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en donde pidió que se investigue la usurpación de un terreno fiscal ubicado en la manzana que componen las calles Dorrego y Pedro Díaz Colodrero y Avellaneda y Luciano Torrent. Allí, según estableció la denuncia, fueron levantadas siete viviendas y el terreno baldío quedó recubierto con chapas.

La denuncia recayó en la Fiscalía de Rodríguez, que tras un relevamiento ejecutado con la Policía Federal resolvió archivar el caso y no instar ninguna medida judicial al considerar que se está ante un problema de “vulnerabilidad social” generado principalmente por imposibilidad de acceso a la vivienda digna. De hecho, el relevamiento de la fuerza policial determinó que algunas de las familias se encuentran radicadas en el lugar desde hace por lo menos 20 años.

“Una aproximación al presente conflicto mediante el derecho penal no haría otra cosa que desencadenar males mayores y complicar más aún el ya complejo panorama”, remarcó el funcionario judicial en su dictamen. El fiscal sostuvo además que en todo caso el conflicto podría destrabarse en otra área del Estado por lo que pidió que se remitan las actuaciones a la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe o provincia o a la de Administración de Bienes del Estado Nacional. 

No conforme con el archivo del fiscal, la empresa Trenes Argentinos Cargas apeló la resolución judicial y fue hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en noviembre del año pasado y presentó un pedido para desarchivar la denuncia y continuar con la investigación.

“Dichas obras se han realizado de manera clandestina y a partir del despojo de los terrenos de propiedad y explotación de mi representada”, señalaron desde la firma. En tanto, calificaron que la Fiscalía tuvo una “actitud pasiva” y pidieron el apartamiento del fiscal por “perdida de objetividad”. 

Radicado el pleito judicial en la Cámara Federal, las juezas de la Sala B resolvieron no hacer lugar al planteo de la empresa al considerar que este tipo de conflictos no pueden ser abordado de manera penal. La resolución contempló además lo que había indicado la Fiscalía que desde hace dos años el ferrocarril dejó de pasar por esa zona ya que la empresa utilizó una vía paralela más alejada de las viviendas precarias. 

“Estamos frente a un cuadro de vulnerabilidad social que conduce irremediablemente a sus involucrados a situaciones como la ventilada en autos, por lo que –con independencia del derecho a recuperar la posesión de los terrenos en cuestión-, este tipo de conflictos exceden al derecho penal”, sentenció el fallo judicial.AireDigital.com

Los frentes conflictivos de la empresa concesionaria Ferrosur Roca S.A. y el sombra macrista de Iguacel

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Manejada por el grupo brasileño Camargo Correa a través de su controlada Loma Negra, la empresa ferroviaria de cargas Ferrosur Roca se ha convertido en un nuevo motivo de preocupación y problemas para el ministerio de Transporte que comanda Mario Meoni.

La compañía ferroviaria --cuya concesión tiene fecha de vencimiento en 2023—quedó envuelta en dos frentes conflictivos que han encendido las luces de alerta sobre su futuro accionar en el corto y mediano plazo. En el primero tiene como contendientes a los gremios del sector. Y en el segundo, el aparece del otro lado del ring con cuestionamientos de fondo y denuncias de irregularidades es el propio Gobierno nacional.

El caso que involucra a los sindicados surgió a mediados de abril, cuando Ferrosur Roca S.A. (alegando que había sufrido una caída del 80% en las cargas transportadas en el primer trimestre del año) solicitó acogerse a un “procedimiento preventivo de crisis” (PPC) para despedir parte de su personal y reducir hasta un 40% los sueldos.

Ante esa movida, los cuatro gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y APDFA) se declararon en estado de alerta y denunciaron que la empresa ya venía incumpliendo desde enero con los pagos de los aumentos y adicionales que estaban acordados. Además, en la negociación abierta por el ministerio de Trabajo de Claudio Moroni; los dirigentes ferroviarios arrimaron datos que demuestran que el descenso en los trenes de carga entre enero y marzo fue solo del 15% y no del 80% como adujo la empresa.

Pese a que aún no hubo acuerdo, Ferrosur ya anticipó que pagará los sueldos de abril con recortes y que empezará con las suspensiones. Mañana lunes seguirán las negociaciones en la cartera laboral, pero todo indicaría que el conflicto va camino a agrandarse y no sería extraño que derive en un paro de actividades que afecte a todas las líneas de cargas.

En tanto, la disputa con los funcionarios nacionales quedó planteada en la reciente asamblea de accionistas donde ingresaron los nuevos directores estatales que no convalidaron el último balance de 2019.

El primer dato saliente que saltó sobre el tapete fue el listado de los representantes estatales que la administración de Mauricio Macri había puesto en Ferrosur. Uno de los directores titulares hasta mediados de abril fue el polémico y multifacético, Javier Iguacel, quien estuvo acompañado por Gonzalo García Oliva y Alejandro Marti.

Actual intendente de Capitán Sarmiento, Iguacel fue un gerente todoterreno del macrismo. Había arrancado a fines de 2015 como Administrador General de Vialidad Nacional, desde donde armó y llevó adelante las denuncias por sobreprecios y asociación ilícita que terminaron con Lázaro Báez preso. Luego paso a ocupar el sillón de secretario de Energía hasta fines de 2018. Y a principios de 2019 le dieron el premio consuelo de director en Ferrosur, donde también ha quedado en la mira por haber permitido una serie de operaciones de la empresa que serían irregulares y lesivas para el Estado.

En la asamblea de accionistas de Ferrosur realizada el 15 abril, Iguacel y los otros representantes macristas fueron remplazados por los nuevos directores estatales Carlos Battista, Celia Yannuzzi y Eduardo Rodríguez, quienes--siguiendo las instrucciones del ministro Meoni-- se abstuvieron de aprobar el último balance y los estados contables de la empresa.

Si bien Loma Negra hizo valer su mayoría accionaria (80%) para aprobar todas las cuestiones administrativas y contables que figuraban en el orden del día de la asamblea, los funcionarios nacionales dejaron asentados varios puntos oscuros que podrían derivar en multas y posibles denuncias judiciales por incumplimientos contractuales y acciones no permitidas en el marco legal de las concesiones ferroviarias.

Entre otros aspectos polémicos y con información incompleta de la empresa se encuentran: el detalle de las deudas exigibles, el endeudamiento de corto plazo, los ingresos por arrendamientos y la forma de distribución de los 170 millones de pesos previstos como “remuneraciones para los directores que ejercen funciones técnicas y administrativas” durante 2020.

Pero sin dudas la cuestión que más revuelo ha causado es la referida a la venta de varias locomotoras que Ferrosur hizo en forma directa a Loma Negra, su empresa controlante.

Pese a las locomotoras fueron entregados en concesión y siguen siendo propiedad del Estado, Ferrosur igual decidió cederle máquinas a la cementera Loma Negra con el argumento de que necesitaba los recursos para cancelar deudas que tenía con acreedores.

Dicha venta que ahora está bajo la lupa fue aprobada por el directorio de Ferrosur en los últimos días de la gestión macrista y sin que Iguacel y los otros representantes estatales de entonces se opusieran a la operación.

Ahora los técnicos del ministerio de Transporte le están reclamando a la empresa que aporte la documentación vinculada con:

* Las tratativas previas a la venta de las locomotoras.

* El certificado del ingeniero o perito que determinó el valor residual de las máquinas.

* Las consultas efectuadas a fabricantes para determinar el precio de mercado.

* El informe de los asesores legales de la empresa sobre la viabilidad de la enajenación.

* La nota de consulta y pedido de autorización al Estado para concretar la operación.

Tanto en la cartera de Transporte, como la estatal Ferrocarriles Argentinos --que ha heredado la fiscalización de la concesión—estiman que Ferrosur Roca S.A. no tiene los elementos para responder lo requerido y que frente a eso el caso derivará en la apertura de un expediente sancionatorio y en una demanda en Tribunales si la empresa no logra retrotraer la situación y recupera las locomotoras cedidas. Por: Antonio Rossi para Letra P


Ferrosur Roca S.A. opera una red de cargas de 3.110 kilómetros de la ex línea Roca que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y sur de La Pampa.

La concesión se inició en 1993 y expira en 2023. Inicialmente la empresa estuvo bajo el control del grupo Fortabat. Luego pasó a manos del grupo brasileño Camargo Correa cuando adquirió la cementera Loma Negra. Su composición accionaria actual tiene a Cofesur –sociedad controlada por Loma Negra- con el 80%; a Ferrocarriles Argentinos, con 16% y al PPP (Personal de Ferrosur) con el 4 % restante.

Camargo Correa (CC) aparece involucrado en los dos casos más resonantes de corrupción de Brasil (Lava Jato) y Argentina (Cuadernos). En el caso local, CC quedó pegado --junto con la constructora Esuco del ex titular de la CAC, Ernesto Wagner--en el supuesto pago de sobornos para quedarse con la obra de la planta depuradora de AySA que se construyó en Berazategui.