El Gobierno apeló la cautelar del juez de La Plata que frenó el aumento de micros y trenes

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Se trata del fallo determinado por el Juez Federal de La Plata Ernesto Kreplak que impidió la suba en la tarifa del Transporte Público.

En las últimas horas se dio a conocer que el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar emitida por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que frenó la suba en la tarifa del transporte de pasajeros tanto en trenes como en micros en la zona del AMBA.

El fallo del juez como subrogante del juzgado civil y comercial federal de Lomas de Zamora la semana pasada fue al hacer lugar a un planteo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. El intendente había cuestionado el proceso de participación ciudadana que se le daba a los usuarios.

La resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, establecía un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo. Gray sostuvo que “es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizás un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación".

Añadió que, de esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes. No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”.

El intendente se mostró asimismo "muy preocupado por el esquema tarifario que propone el gobierno nacional. Aumenta el costo de los boletos de colectivos en un 251 por ciento y de trenes del 169 al 247, según la línea”, adujo el Jefe Comunal.

Por último concluyó diciendo: “Cada mañana, miles de vecinas y vecinos de nuestro distrito se trasladan a sus trabajos y en muchos casos toman dos y tres transportes públicos. Estos aumentos, junto a los anunciados de luz y gas, solo les dificultarán más la vida a las trabajadoras y los trabajadores”.

Ahora, el Gobierno a través de la secretaría de transporte apeló el fallo y será evaluado por la Cámara Federal de La Plata. Se espera por saber cómo se dará la resolución del conflicto y lo que resolverá la Justicia, aguardando por determinar si habrá un nuevo impacto al bolsillo de los usuarios del Transporte Público.0221,com.ar

Santa Fe: Archivan una denuncia de la empresa Trenes Argentinos Cargas por la usurpación de un terreno fiscal en barrio Candioti Norte

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El caso fue denunciado en 2022 por la ocupación de un predio en donde el tren dejó de pasar hace dos años. Según un fallo judicial, "este tipo de conflictos exceden al derecho penal".

La Sala B de la Cámara Federal de Rosario le puso punto final a una denuncia por usurpación de terrenos fiscales que había impulsado la empresa Belgrano Cargas, en torno a una vieja traza ubicada en Dorrego al 4600, en el límite entre los barrios Candioti Norte y San Roque de la ciudad Santa Fe. En dicho lugar, el ferrocarril no circula desde hace por lo menos dos años, ya que de manera recurrente solían provocarse descarrilamientos por lo que la firma decidió cambiar de zona de circulación.

La medida fue mediante un fallo judicial en donde las juezas camaristas, Elida Vidal y Silvina María Andalaf, resolvieron confirmar el archivo que dispuso inicialmente el fiscal federal Walter Rodríguez (y avalado por el Juzgado N°2) que consideró necesario abordar el caso bajo otras instancias judiciales o, en su defecto, que se le dé intervención al Estado municipal o provincial. 

La resolución judicial fue a partir de una denuncia impulsada por el abogado Gustavo Guillermo Huarte, que en representación de la empresa Belgrano Cargas impulsó en agosto del 2022 una denuncia en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en donde pidió que se investigue la usurpación de un terreno fiscal ubicado en la manzana que componen las calles Dorrego y Pedro Díaz Colodrero y Avellaneda y Luciano Torrent. Allí, según estableció la denuncia, fueron levantadas siete viviendas y el terreno baldío quedó recubierto con chapas.

La denuncia recayó en la Fiscalía de Rodríguez, que tras un relevamiento ejecutado con la Policía Federal resolvió archivar el caso y no instar ninguna medida judicial al considerar que se está ante un problema de “vulnerabilidad social” generado principalmente por imposibilidad de acceso a la vivienda digna. De hecho, el relevamiento de la fuerza policial determinó que algunas de las familias se encuentran radicadas en el lugar desde hace por lo menos 20 años.

“Una aproximación al presente conflicto mediante el derecho penal no haría otra cosa que desencadenar males mayores y complicar más aún el ya complejo panorama”, remarcó el funcionario judicial en su dictamen. El fiscal sostuvo además que en todo caso el conflicto podría destrabarse en otra área del Estado por lo que pidió que se remitan las actuaciones a la Agencia de Hábitat de la Municipalidad de Santa Fe o provincia o a la de Administración de Bienes del Estado Nacional. 

No conforme con el archivo del fiscal, la empresa Trenes Argentinos Cargas apeló la resolución judicial y fue hasta la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en noviembre del año pasado y presentó un pedido para desarchivar la denuncia y continuar con la investigación.

“Dichas obras se han realizado de manera clandestina y a partir del despojo de los terrenos de propiedad y explotación de mi representada”, señalaron desde la firma. En tanto, calificaron que la Fiscalía tuvo una “actitud pasiva” y pidieron el apartamiento del fiscal por “perdida de objetividad”. 

Radicado el pleito judicial en la Cámara Federal, las juezas de la Sala B resolvieron no hacer lugar al planteo de la empresa al considerar que este tipo de conflictos no pueden ser abordado de manera penal. La resolución contempló además lo que había indicado la Fiscalía que desde hace dos años el ferrocarril dejó de pasar por esa zona ya que la empresa utilizó una vía paralela más alejada de las viviendas precarias. 

“Estamos frente a un cuadro de vulnerabilidad social que conduce irremediablemente a sus involucrados a situaciones como la ventilada en autos, por lo que –con independencia del derecho a recuperar la posesión de los terrenos en cuestión-, este tipo de conflictos exceden al derecho penal”, sentenció el fallo judicial.AireDigital.com