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28 de agosto de 2026

Uruguay: Vuelve a mirar al ferrocarril: Más cargas, nuevos operadores y el desafío de recuperar pasajeros

Exterior

El director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, afirmó que Uruguay atraviesa una “posición histórica” para desarrollar el modo ferroviario.

Uruguay atraviesa, según el director nacional de Transporte Ferroviario, Waverley Tejera, una nueva etapa para el desarrollo del ferrocarril. La puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central, la incorporación de operadores privados, nuevas inversiones y una planificación de largo plazo pueden permitir que el tren vuelva a ocupar un lugar relevante en el sistema logístico nacional.

Tejera, funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), técnico universitario en Administración y con formación especializada en logística y transporte ferroviario, sostiene que el desafío actual es dejar atrás la mirada “romántica” sobre el ferrocarril y pensar el modo “hacia adelante”, adaptándolo a las necesidades del sector productivo, la logística y la movilidad de la población.

“Estamos transitando las primeras etapas de una nueva etapa del sistema ferroviario”, señaló. A su juicio, uno de los principales cambios es el pasaje desde un sistema históricamente monopólico y estatal hacia un modelo de acceso abierto, en el que la infraestructura pública puede ser utilizada por operadores habilitados, tanto públicos como privados.

Más de dos millones de toneladas

El Ferrocarril Central constituye, para Tejera, la columna vertebral sobre la cual debe construirse esta nueva etapa. En 2025, primer año completo de funcionamiento, se transportaron 1.912.000 toneladas netas de carga, fundamentalmente vinculadas a la producción de celulosa de UPM.

La cifra, explicó, se encuentra cerca de los objetivos establecidos para el sistema, aunque representa todavía menos de la mitad de la capacidad disponible del Ferrocarril Central. Durante el primer semestre de 2026 ya se superó el millón de toneladas, por lo que la expectativa oficial es cerrar el año por encima de los dos millones.

El funcionario destacó además una mejora sustancial en el funcionamiento del sistema. Los tiempos de traslado entre la planta de UPM y el puerto de Montevideo, que inicialmente rondaban las seis horas y media, llegaron a alcanzar las siete horas en determinados momentos, pero actualmente se ubican en torno a las cinco horas.

Incluso, cuando las condiciones operativas son óptimas, se han registrado recorridos de cuatro horas y 50 minutos.

Tejera atribuye la mejora a la solución de problemas que afectaron el funcionamiento durante los primeros meses de 2025. La actual administración debió negociar con la empresa encargada de la infraestructura ferroviaria para solucionar la deuda reclamada por 144 millones de dólares heredada de la administración anterior y frenar el proceso de arbitraje internacional.

“El ferrocarril tiene mucho para aportar al Uruguay pero “no le podemos pedir al ferrocarril que sea la solución para todo”.

El acuerdo alcanzado, según el jerarca, permitió generar ahorros para el Estado y establecer objetivos destinados a mejorar la operación. “Se empezó a transportar el 100% de la producción de celulosa”, afirmó, al tiempo que disminuyeron drásticamente las detenciones de los trenes, que anteriormente podían llegar a ser numerosas durante cada viaje.

SELF y el ingreso de nuevos operadores

En paralelo, el gobierno pretende fortalecer a Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF), sociedad integrada en un 51% por AFE y en un 49% por la Corporación Nacional para el Desarrollo. Tejera considera que SELF constituye una herramienta estratégica para el Estado, especialmente porque puede atender tráficos que eventualmente no resulten atractivos para operadores privados.

La empresa atraviesa actualmente un proceso para acceder nuevamente a financiamiento de CAF, que le permitiría renovar y mejorar su material operativo. Según el jerarca, SELF tiene además capacidades técnicas relevantes y un taller en Peñarol que ya presta servicios de mantenimiento a distintas empresas vinculadas al sistema ferroviario.

El nuevo escenario también incluye la incorporación de Grupo RAS como operador ferroviario. La empresa ya obtuvo su licencia y avanza en la homologación del material rodante, la capacitación y habilitación del personal y la implementación de su sistema de gestión de seguridad ferroviaria.

Para Tejera, que operadores logísticos de gran relevancia estén ingresando al negocio ferroviario constituye una señal positiva. “No es menor que los privados apuesten por un sistema que funciona”, sostuvo.

El jerarca cuestionó además una concepción tradicional según la cual el tren y el transporte carretero necesariamente compiten.

“Las cargas están en un lugar y cuando uno tiene que llevar una carga de un lugar al otro la tiene que llevar por algún medio”, explicó. Por eso, entiende que la estrategia debe apuntar a que ambos modos se complementen. En ese sentido, el gobierno pretende avanzar hacia un sistema multimodal, con zonas logísticas donde los distintos medios de transporte puedan integrarse.

El beneficio, sostuvo, no debe medirse únicamente por el precio del flete. También deben considerarse la trazabilidad, la seguridad, los tiempos de espera y el costo de mantenimiento de las carreteras.

Montevideo-Rivera, una prioridad

Uno de los principales objetivos de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario es recuperar y consolidar el corredor Montevideo-Rivera. Tejera anunció que se trabaja para realizar tareas de mantenimiento y rehabilitación en el tramo entre Paso de los Toros y Rivera, donde desde fines de 2020 o comienzos de 2021 no existe un contrato de mantenimiento integral. Las obras incluirán desmalezado, limpieza de cunetas, recambio de durmientes, reparación de terraplenes y mejoras en los sistemas de protección de pasos a nivel, especialmente en Tacuarembó y Rivera.

Pero la obra más relevante será la rehabilitación del puente ferroviario sobre el río Negro, que actualmente funciona como un “tapón” para la expansión del sistema hacia el norte. La intervención tendrá un costo aproximado de US$ 3 millones y demandará unos cuatro meses. El puente, explicó Tejera, presenta buenas condiciones estructurales, pero requiere una intervención importante en la vía y mantenimiento de sus apoyos.

El gobierno también pretende estudiar el papel del ferrocarril en la conexión con los puertos y en la consolidación de Uruguay como hub logístico regional. Tejera señaló que los puertos con conexión ferroviaria poseen una ventaja para ampliar su hinterland y generar corredores seguros y trazables. Nueva Palmira no cuenta actualmente con conexión ferroviaria y el jerarca admitió que se trata de una posibilidad que está lejos en el tiempo. También mencionó las oportunidades vinculadas al desarrollo de la hidrovía Laguna Merín-Laguna de los Patos y las eventuales nuevas terminales portuarias en el este del país.

Un plan maestro para 2027

Para ordenar todas estas iniciativas, el MTOP trabaja en un Plan Maestro de Transporte Ferroviario. La intención es que esté terminado durante el primer trimestre de 2027. Tejera aspira a que el plan permita establecer “las bases de una política de Estado en materia ferroviaria”.

La Dirección Nacional de Transporte Ferroviario trabaja, junto con el BID y expertos internacionales, en una consultoría para evaluar la viabilidad de implementar un servicio de pasajeros entre Montevideo y Progreso, aprovechando el tramo de doble vía del Ferrocarril Central.

El estudio analiza infraestructura, estaciones, señalización, material rodante, demanda potencial y modelo de negocio. También deberá articularse con la nueva institucionalidad del transporte metropolitano.

Tejera fue claro: técnicamente es posible, pero no alcanza con colocar coches de pasajeros sobre las vías. Se necesita un sistema seguro, confiable y sostenible.

La misma lógica aplica a la histórica Estación Central General Artigas. El Estado recuperó en marzo la posesión del edificio tras más de dos décadas de litigios, pero todavía no existe un proyecto definido para su futuro.

“Viable es”, dijo Tejera sobre la posibilidad de que vuelvan a ingresar y salir trenes de pasajeros. Sin embargo, advirtió que dependerá de qué proyecto se desarrolle en el entorno del edificio y de cómo se resuelvan las condiciones operativas y de seguridad.

El quiebre de 1948: cuando el ferrocarril quedó sin una estrategia de largo plazo

Para el director nacional de Transporte Ferroviario, uno de los principales puntos de inflexión en la historia del ferrocarril uruguayo se produjo con el proceso de nacionalización iniciado en 1948 y consolidado en los años siguientes.

A su juicio, el problema no estuvo en la nacionalización en sí misma, sino en que, una vez que el Estado asumió el control del sistema, “jamás tuvo una planificación de qué hacer con el ferrocarril”.

Hasta entonces, las compañías ferroviarias británicas habían desarrollado una red con una lógica predominantemente vinculada al transporte de producción hacia el puerto de Montevideo. Tejera señala que, al observar el mapa ferroviario, muchas líneas funcionan como una suerte de “mano” que conduce hacia el puerto.

El escenario comenzó a cambiar con el desarrollo de la red vial. Se construyeron rutas nacionales próximas a las vías, muchas veces aprovechando los mismos corredores geográficos, y el transporte carretero comenzó a convertirse en un competidor directo.

“Cuando tuvo una competencia real no supo cómo responder y tampoco le dieron las herramientas para responder”, sostuvo.

El jerarca entiende que el problema central fue la ausencia de una estrategia ferroviaria de largo plazo, capaz de anticipar los cambios en la matriz de transporte del país y adaptar el ferrocarril a las nuevas necesidades. DiarioLaR.com

7 de noviembre de 2022

Puede fallar: La estatización de los trenes de cargas quedó en vía muerta

Nota de Opinión

Por: Antonio Rossi (Nota Editada en Letra P)

Por falta de oferentes, el Gobierno declaró desierto el atípico esquema de “operador asociado” con el que buscaba poner fin a las concesiones menemistas.

Mientras el Ministerio de Obras Públicas piloteado por Gabriel Katopodis busca desplazar con un paraguas judicial a los operadores privados de los accesos Norte y Oeste; la cartera de Transporte conducida por Alexis Guerrera se topó con un nuevo traspié en su movida estatizadora para reconfigurar el negocio de los trenes de cargas que mantienen tres concesionarias privadas desde la época menemista. El “concurso de proyectos integrales” lanzado a mediados de julio para seleccionar a un socio privado para la “operación asociada” del corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca fue declarado desierto, ante la falta de interés de las empresas habilitadas para participar en ese esquema operativo.

El fracaso de la convocatoria oficial pone ahora a las autoridades de Transporte ante la necesidad de revisar la estrategia trazada para darle un cierre a las concesiones de cargas, que se encuentran vencidas y prorrogadas en forme temporaria, y llevar adelante los cambios que establece la ley de reordenamiento ferroviario 27.132 aprobada a principios de 2015. La norma y la resolución 211/2021 de Transporte contemplan dos modificaciones sustanciales: la salida de los actuales concesionarios privados de cargas y la instrumentación de un modelo operativo de libre acceso (open access) a las redes con pago de peajes, para que los nuevos operadores habilitados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) puedan armar sus trenes a medida con locomotoras y vagones alquilados al Estado.

El “descarrilamiento” de la primera movida que apuntaba a sentar las bases del nuevo escenario ferroviario obliga a los funcionarios a buscar una salida alternativa para poder transitar el último año de la actual administración de Alberto Fernández. Averiado seriamente el esquema inicial, el menú de opciones contemplaría, por el momento, solo dos posibilidades: una estatización lisa y llana –con un alto costo político– de las tres redes de cargas que aún siguen en manos privadas o una nueva extensión de las concesiones para que el próximo gobierno adopte una solución de fondo a partir de 2024.

La red ferroviaria del corredor cerealero elegida para el fallido concurso está en manos de Ferroexpreso Pampeano, la empresa de cargas controlada por el grupo Techint que tiene su contrato extendido de manera provisoria hasta mediados de 2023. A esta se suma Nuevo Central Argentino (NCA), la concesionaria de cargas de la línea Mitre que está manejada por Aceitera General Deheza, una empresa del grupo Urquía, cuya concesión expira en diciembre de este año; y Ferrosur -la operadora de los trenes de cargas de la línea Roca- controlada por el grupo brasileño Camargo Correa con un contrato de concesión que tiene fecha de vencimiento en marzo de 2023.

Mecanismo fallido

A mediados de año y tras haberle extendido por segunda vez la concesión a FerroExpreso Pampeano, el Gobierno decidió implementar un llamativo y polémico mecanismo de integración comercial con operadores privados que no tenía antecedentes conocidos, ni probados a nivel mundial. Por medio de la ferroviaria estatal Belgrano Cargas y Logística SA, que opera baja la marca Trenes Argentinos Cargas (TAC), la cartera de Guerrera lanzó un “concurso de proyectos integrales” a fin de seleccionar una empresa privada para la “operación asociada” del corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca.

Según las reglas de juego que había fijado Transporte, a la licitación de “etapa única de evaluación y comparación de proyectos y antecedentes empresariales y económicos” solo se podían presentar las actuales concesionarias privadas que están habilitadas por el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF). La selección del “operador asociado” era por un plazo inicial de 10 años, prorrogable por un período similar, y para definir a quién se le adjudicaría, la comisión evaluadora iba a tener en cuenta las capacidades técnicas, comerciales y legales de la empresa oferente junto con la cantidad puestos de trabajo y la factibilidad operativa de su plan de negocios.

Con el nuevo esquema, el Estado quedaba a cargo de las inversiones más costosas destinadas a la renovación y el mantenimiento de las vías. Además, debía afrontar las reparaciones integrales y puesta a punto de todas las locomotoras y vagones que devolvían las concesionarias privadas y que luego iban a ser ofrecidas en alquiler. En tanto, el “operador asociado” iba a tener que pagar un canon por el uso de las vías y una contraprestación económica por los trenes y los talleres ferroviarios requeridos a la estatal TAC.

Desde que salió a la luz, el atípico esquema operativo que no logró captar a ninguna oferente fue seguido de reojo y con cierta desconfianza por todas las referencias de la actividad ferroviaria. Diseñado por consultorías y personal del área técnica que responden a Guerrera, la figura del “operador asociado” y exceptuado de la obligación de invertir en obras de vías y en el mantenimiento de los trenes nunca terminó de convencer a la conducción y la línea gerencial de la estatal TAO, a la que le asignaron la realización de la licitación.

Las dos entidades sindicales más importantes del sector también expresaron sus reparos y dudas sobre la viabilidad del nuevo esquema. Tanto el titular de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, como quien conduce La Fraternidad, Omar Maturano, pusieron objeciones ante la falta de garantías sobre la estabilidad laboral de quienes trabajan en las concesiones y el pago de las indemnizaciones a las personas que pasaran a la órbita estatal. Si bien se perfilaban como las potenciales beneficiarias de los cambios al quedar desligadas de las inversiones en infraestructura y formaciones ferroviarias, las concesionarias tampoco veían con entusiasmo el nuevo mecanismo. Las críticas apuntaron a tres elementos centrales: la fórmula definida para calcular el valor de los peajes, las intrincadas regulaciones para la operatoria y la indefinición de los reclamos económicos cruzados que arrastran las concesiones. 

19 de agosto de 2020

Gran Bretaña: El teletrabajo desvía los trenes británicos hacia la vía estatal

Exterior

Con la caída de pasajeros, el sistema semiprivado es aún más deficitario, y dependerá más del apoyo público

El caótico experimento, que dura ya 25 años, de Gran Bretaña con el ferrocarril privatizado podría estar llegando a las toperas. Es probable que el cambio post-virus hacia el trabajo en casa conduzca a trenes menos llenos, mayores subsidios gubernamentales y, eventualmente, a un negocio menos irracional y posiblemente más eficiente.

El número de pasajeros de los ferrocarriles del Reino Unido cayó en un 95% después de las restricciones del Gobierno del 23 de marzo. Las cifras están empezando a recuperarse, pero el Estado sigue respaldando pérdidas sustanciales a los operadores privados de trenes. Con los dividendos como perspectiva lejana, equivale a una nacionalización de facto.


Los subsidios eran esenciales para la supervivencia del sistema antes de la pandemia. Los 4.300 millones de libras (4.800 millones de euros) netas recibidas en el año fiscal 2019 ascendieron al 40% de los ingresos por billetes. El cambio hacia el teletrabajo aumentará esa dependencia.

¿En cuánto? El número de pasajeros sigue un 75% por debajo de lo normal, y el organismo de control Transport Focus calcula que dos tercios de los viajeros de tren trabajarán más desde casa. Eso hace que una disminución estructural del 40% en las tarifas, equivalente a 4.200 millones de libras (4.700 millones de euros) de ingresos perdidos, parezca plausible. Los operadores de trenes podrían compensarlo con tarifas más altas, menos trenes y menos personal, pero hay límites. Después de todo, los trenes poco atractivos empujan a los viajeros a los coches, que son mucho peores para el medio ambiente. Y las conexiones de transporte fluidas ayudan a difundir la riqueza y las oportunidades, por no hablar de complacer a un grupo grande y vocal de votantes.

Supongamos que los operadores logran ahorrar 500 millones de libras (550 millones de euros). Entonces, la ayuda del Gobierno se duplicaría desde los niveles prepandémicos, hasta 8.000 millones de libras (8.900 millones de euros) anuales. Los 218 millones de libras (242 millones de euros) en dividendos que se llevaron los inversores privados el año pasado probablemente serían políticamente inaceptables.

La renacionalización es la solución obvia. Es cierto que el antiguo British Rail era un ejemplo predilecto de los problemas de los monopolios estatales, pero también es cierto que la mezcla seminacional que lo sustituyó es un ejemplo predilecto a su vez de los peligros de la privatización de los monopolios naturales estructuralmente deficitarios.

En la actualidad, los jefes de las vías renacionalizadas del Reino Unido suelen estar enfrentados a los operadores de material rodante en franquicia. El humilde deseo de los pasajeros de llegar vagamente a tiempo a menudo parece perderse en medio de disputas sobre pagos y penalizaciones. En una nueva compañía ferroviaria adecuada a la ética del trabajo desde casa, el dinero se detendrá al menos en un único destino.CincoDiás.es

16 de septiembre de 2015

Chile: E.F.E. logra el respaldo del gobierno a su Plan de Asociación con operadores privados

Exterior

Tal como anunciara el presidente de Grupo EFE, Jorge Inostroza, Ferrocarriles del Estado tiene como objetivo entregar a comienzos del próximo año un banco de proyectos al Gobierno, para que éste decida cuáles llevar a cabo.

El ambicioso plan, que considera generar redes de acercamiento para las principales ciudades en el sur del país, necesitará de una espalda financiera que sea capaz de concretar los proyectos ferroviarios.

Esta necesidad llevó al grupo a explorar fuentes de financiamiento distintas a las tradicionales como lo son los bonos, aportes fiscales y las ventas de espacios físicos de terrenos que posee la empresa. “Lo que estamos haciendo ahora es explorando la posibilidad de asociación pública privada, pero esto está en una fase bastante preliminar”, comentó el gerente general de EFE, Ricardo Silva.

EFE logra el respaldo del Gobierno a su plan de asociación con operadores privados

Y de acuerdo con sondeos preliminares con el Ejecutivo, la idea también atrae el Gobierno. Según Silva, hay una diferencia entre los vínculos que mantiene hoy el grupo con privados con lo que se está planteando.

“Nos relacionamos con los portadores de carga, donde tenemos contratos con privados para que ellos transporten carga y nosotros pongamos el riel, pero un esquema de financiamiento más de una asociación para una solución de una estación o un tema más comercial, no hemos realizado. Estamos explorando por ejemplo qué facilidades tenemos para lograr realizar alguna inversión en asociación”, puntualizando que “como empresa pública tenemos la necesidad de buscar otra fuentes de financiamiento”.

La posible diversificación en el financiamiento de sus proyectos ha tenido una buena acogida por parte de las autoridades. “Nosotros estamos totalmente de acuerdo de explorar todas las vías de financiamiento, si hay proyectos que se pueden concesionar de transporte de pasajeros de ferrocarriles o de carga, estamos absolutamente abiertos a analizarlo”, afirmó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, quien agregó: “EFE ha hecho los análisis al respecto jurídico y se puede realizar así que lo vemos como una alternativa más”.

Respecto a si este estudio por parte de EFE se debe a la situación económica actual de país, que hace necesaria una mayor participación de privados para quitarle presión al Estado, Gómez-Lobo recalcó que “efectivamente las concesiones tienen varias ventajas” y que una de ellas es que hay financiamiento privado.

“Pero en muchos proyectos no basta con el financiamiento privado, porque el sector público también tiene que poner financiamiento, particularmente en proyectos de transporte en que las tarifas financian los costos operativos pero no necesariamente la inversión, así que puede haber opciones de financiamiento compartido.

Pero también una de las atracciones de las concesiones es que traen conocimiento especifico respecto a tecnología, formas de hacer las cosas en gestión, pueden haber varias motivaciones”, precisando que “actualmente no se ha tomado ninguna decisión es simplemente que estamos explorando si es viable esta alternativa y pareciera ser que sí es viable”.

Recuadro:         

¿Qué ha pasado?

EFE está estudiando cambiar el modelo de financiamiento que ha utilizado hasta ahora, con la posibilidad de una asociación público-privada.

¿Por qué ha pasado?

El gerente general de la compañía, Ricardo Silva, aseguró que EFE como empresa pública tiene la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento.

¿Qué consecuencias tiene?

El Gobierno ve como una alternativa viable el modelo de concesiones para nuevos proyectos ferroviarios. Fuente: Diario Pulso

12 de agosto de 2012

ESPAÑA: EL FERROCARRIL ABRE LA VÍA PRIVADA


EXTERIOR

Fomento adelanta a 2013 la apertura del transporte de pasajeros a la competencia y contempla la entrada de capital privado en Renfe ante la ira de los sindicatos

La típica imagen de una estación en la que solo se ven trenes de Renfe puede tener los días contados. La decisión del Gobierno de adelantar a julio de 2013 la apertura del transporte ferroviario de pasajeros a la competencia y, de paso, estudiar la posibilidad de abrir Renfe al capital privado supone la mayor transformación a la que se ha enfrentado hasta ahora el sector y ha despertado la ira de los sindicatos, que ven peligrar 10.000 empleos.



El Ministerio de Fomento ha recurrido a los problemas económicos para justificar su decisión. El panorama que ha pintado el equipo de Ana Pastor es poco esperanzador: una deuda conjunta (tanto de Renfe como de Adif, gestor de las vías y las estaciones, y Feve, los ferrocarriles de vía estrecha) de 20.730 millones de euros, una red cuyo funcionamiento cuesta anualmente a los contribuyentes 2.500 millones, 52 servicios de media distancia considerados ineficientes y unas pérdidas que en Renfe se han disparado en 2011 hasta los 335 millones, frente a los 19,8 millones del año anterior, según Fomento, por el deterioro de las participaciones financieras de sus sociedades.

La única forma de salir de este pozo sin fondo, según la ministra, es transformar el sistema. El primer paso consistirá en dividir Renfe en cuatro empresas, especializadas en el tráfico de pasajeros, mercancías, mantenimiento de trenes y material rodante de la compañía. El proceso deberá concluirse antes de julio de 2013, cuando entre en vigor la liberalización (un año antes de lo previsto en la UE). “Este modelo presenta importantes ventajas: por un lado, Renfe mantiene su condición de operador público de referencia, y Renfe Operadora se constituye como accionista al 100% de las \[cuatro nuevas\] sociedades”, dijo a finales de julio Pastor para justificar la medida. “El esquema empresarial adoptado, además, es similar al de otros operadores ferroviarios públicos europeos”, dijo.

Mientras la partición de Renfe se lleva a cabo, las empresas que quieran operar en el mercado de viajeros deberán solicitar su licencia, como ya ocurrió con el transporte de mercancías, que se abrió a la competencia formalmente en 2005. Ahora operan 16 compañías privadas, además de Renfe. Pero la liberalización no ha conseguido ni ampliar la cuota del tren en el transporte de carga (4% en España, frente a la media del 18% en la UE), ni tampoco ha incrementado la participación efectiva de las rivales de Renfe, que sigue siendo el operador dominante, aunque registra unas pérdidas anuales de 66 millones. En uno de sus informes, la Comisión Nacional de la Competencia concluyó que, pese a estar liberalizado, no hay competencia real.

Falta por ver qué interés puede tener el negocio del tren de pasajeros. Previsiblemente, los operadores privados se fijarán sobre todo en la alta velocidad, el negocio más rentable de Renfe. Para las cercanías y los servicios regionales de media distancia, una de las posibilidades es que se pongan en marcha concesiones mediante la fórmula de franquicias, como han hecho Reino Unido y Alemania.

Lo que para el Gobierno es la única forma de garantizar la viabilidad del transporte público de ferrocarril, para los trabajadores supone un duro golpe para el sector que puede costar 10.000 empleos (en el conjunto de Renfe, Adif y Feve trabajan casi 30.000 personas). Las organizaciones sindicales, que ya han convocado huelgas y seguirán haciéndolo en septiembre, advierten de que el servicio será peor, las tarifas subirán, la calidad caerá y habrá un mayor riesgo de accidentes.

Los primeros afectados serán los usuarios de los servicios de media distancia. Renfe suprimirá varias rutas. El Ejecutivo no ha precisado cuántas, pero ha difundido datos que hacen pensar que no serán pocas: un total de 52 trenes regionales circulan con una ocupación media inferior al 15% de su capacidad y 176 estaciones de tren y apeaderos apenas tienen un viajero diario. Fomento asegura que existen servicios ferroviarios de media distancia que unen capitales de provincia que llevan de tres a cinco viajeros de media.

La privatización de Renfe, negada repetidas veces por Fomento y el gran fantasma que temen los sindicatos, parece más cerca. En el plan presupuestario para 2013 y 2014 enviado a Bruselas a comienzos de agosto, el Gobierno no descarta la “posible entrada de capital privado” en las cuatro empresas en las que se dividirá Renfe. La llegada de capital privado, añade el documento, se realizará “si se considera conveniente” y si se dan “las condiciones y garantías necesarias”. Las medidas para el sector ferroviario supondrán unos ahorros de 135 millones de euros en 2013, según el documento.

No es la primera vez que sale esta idea del actual Ministerio de Fomento. Durante el primer semestre de este año se manejó un informe elaborado por personal del Ineco (la ingeniería de transportes dependiente del Ministerio) que recomendaba la privatización total del operador ferroviario. El texto recomendaba que la privatización de los servicios de pasajeros —incluida Cercanías— se hiciera a través de una oferta pública de venta (OPV) antes de enero de 2014.

Otra de las víctimas será Feve, que el año pasado perdió 148 millones. Sus trenes y prestación de servicios serán competencia de Renfe, y sus vías pasarán a Adif. Para esta última empresa, que registró en 2011 unos números rojos de 206 millones, los planes son cambiar los cánones que cobra por el uso de vías y estaciones de tren para hacerla más rentable. El que parece destinado a desaparecer es el tren-hotel, cuyo coste, según Fomento, cobra el que ofrece el avión y parece haber quedado relegado a los amantes del tren.

Fomento pone como ejemplo de liberalización a Reino Unido y Alemania. El primer país tiene 33 operadores privados que controlan el 100% del mercado de viajeros. Mientras tanto, el segundo país tiene 50 operadores de corta distancia y tres de larga distancia que controlan el 15% y el 1% de esos mercados, respectivamente. ¿Qué modelo de ferrocarril elegirá finalmente España?. ElPaís.es