OPINIÓN
Por: Dr. Héctor Marcelo Merlino (para CRÓNICA FERROVIARIA)
Con estupor, asisto, como muchos Argentinos, a la noticia que ha tomado estado público gracias a Crónica Ferroviaria, respecto a la media sanción que la Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de San Luis, le ha otorgado a un proyecto de Ley enviado a dicho cuerpo legislativo por el Gobernador Alberto Rodríguez Saa, en virtud del cual, se declararía de utilidad pública, y sujeto a expropiación, parte de la traza del Ferrocarril San Martín, y la imponente estación de la capital Puntana de dicha línea, -de jurisdicción y propiedad Nacional- para afectarla a la construcción de una autopista. En estos momentos, el Senado está analizando dicho proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, y si le otorga su aprobación, quedará convertida en Ley Provincial. Un verdadero adefesio jurídico, y un despropósito institucional, se habrá consumado, y por supuesto, una amputación inédita al patrimonio del Estado Nacional, por obra de la Legislatura Provincial Puntana. El Gobierno Federal deberá actuar, y de inmediato, en defensa de la Constitución Nacional , y de terrenos propiedad Federal.
Estación SAN LUIS
Cuesta creer que el Gobernador, que además es abogado, y también los legisladores, traten y aprueben una norma notoriamente inconstitucional, pués es claramente violatoria del Artículo 31 de la Constitución Nacional. Este artículo de La Carta Magna Nacional, establece claramente una inderogable primacía legislativa, cuyo primer grado lo ostenta precisamente la Constitución Nacional , luego los tratados internacionales, después las Leyes y Decretos Nacionales, y recién entonces, en tanto no sean contradictorias con las primeras, vienen en inferior jerarquía normativa, las Constituciones y demás legislación Provincial, como lo son las Leyes y Decretos Provinciales, pero que deberán versar siempre sobre temas y propiedades Provinciales, no de la Nación , como inexplicablemente sucede ahora en éste inédito como gravísimo caso.
El atentado a la Constitución Nacional , y el despojo que sufre el patrimonio del Estado Nacional, en virtud de una norma de jerarquía legislativa de inferior grado, como lo es una Ley Provincial, es manifiesto. Eso lo sabe el Gobernador Alberto Rodríguez Saa, y lo saben los legisladores puntanos. Ese proyecto, nunca debió ser tratado, y es de esperar que, tanto el Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso Nacional, como el Poder Judicial Federal, arbitren las medidas legales, administrativas, como judiciales necesarias para detener de inmediato este atropello, a un bien Federal, que es de todos los Argentinos, y también, un desafío y una provocación al Gobierno Nacional, máxime que esos bienes nunca fueron ni desafectados de la operatoria ferroviaria, ni transferida su propiedad a la Provincia de San Luis. Cualquier ciudadano está habilitado para interponer una acción de amparo, y promover la denuncia correspondiente ante la Justicia Federal , para que invaliden de inmediato esta Ley, que es y será nula de nulidad absoluta, y totalmente inconstitucional, aunque es de esperar que Fiscales y Jueces Federales inicien de oficio, -como es su deber- las acciones judiciales del caso.
Se convoca al Señor Jefe de Gabinete de Ministros, al Señor Ministro de Planificación Federal, al Secretario de Transporte de la Nación , al Subsecretario de Transporte de la Nación , al Director Nacional de Política Ferroviaria, al Señor Presidente de la Administración Federal de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, -que para eso fue creada por la Ley 26.352/2.008 aprobada el 08/03/2.008- al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia, y a los Fiscales Federales y Jueces Federales competentes, para que con carácter de urgente y sin dilaciones, insten las acciones legales pertinentes, y a que movilicen a las Fuerzas Federales, -Gendarmería Nacional, y Policía Federal- para que tomen inmediata posesión de esos inmuebles, a fin de impedir el avance del Estado Provincial sobre los mismos, ya que no es el titular de dominio de los mismos.
