Nota de Opinión
Por: Antonio Rossi Nota Editada en LetraP
Los empresarios “encuadernados” seguirán hasta el próximo Gobierno con los contratos de la terminal de Retiro y de los trenes Urquiza y Belgrano Norte.
Tras las prórrogas concedidas hasta 2024 a ferroviarias de cargas privadas controladas por Techint, el Grupo Urquía y la brasileña Camargo Correa, el ministerio de Transporte conducido por el massista rosarino Diego Giuliano se encamina a tomar el mismo camino con otras concesiones vinculadas con servicios de pasajeros que están en manos de tres empresarios locales salpicados por la denominada “Causa Cuadernos”: Néstor Otero, Aldo Roggio y Gabriel Romero.
Se trata de la terminal de ómnibus de Retiro (TEBA) y las líneas ferroviarias metropolitanas Urquiza, manejada por la empresa Metrovías, y Belgrano Norte, operada por la firma Ferrovías. Para los tres casos, que arrastran varias prórrogas y extensiones provisorias de continuidad, se esperaban definiciones de fondo en los primeros meses de este año que oscilaban entre dos salidas extremas: la reprivatización de los servicios por medio de nuevas licitaciones o el traspaso de la terminal y los trenes urbanos a la órbita estatal.
Como cualquiera de esas variantes iba a generar ruidos y cuestionamientos políticos y económicos en medio de la campaña electoral, las autoridades de Transporte optaron por aplicar el freno y dejarle la resolución de las tres concesiones a la nueva administración que asuma en diciembre.
En el caso de la terminal de Retiro, un repaso histórico muestra que, tras haber ingresado en los inicios de la década del 90 como accionista minoritario, Néstor Otero logró quedarse a los pocos años con el control total de TEBA. Su nombre comenzó adquirió notoriedad a mediados de 2005, cuando el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el expresidente Néstor Kirchner le extendieron en forma directa y por una década el contrato de Retiro.
A partir de 2015, se las ingenió para seguir explotando la terminal con sucesivas prórrogas que fueron concediendo los gobiernos de turno que nunca pudieron llevar a buen puerto los intentos de relicitación de Retiro. Actualmente, Otero arrastra una condena firme por haberle pagado dádivas a Jaime y se encuentra procesado y con prisión domiciliaria en la “Causa Cuadernos”.
En los primeros meses de 2020, en medio de la crisis sanitaria generada por la pandemia, el exministro de Transporte Mario Meoni decidió "emprolijar" la irregular situación contractual de TEBA que había dejado como herencia la gestión del exministro macrista Guillermo Dietrich. En ese momento, la terminal tenía la concesión vencida tras tres intentos de reprivatización que habían fracasado. A cambio de un paquete de obras de contingencia, el Gobierno le prorrogó el contrato de la terminal a Otero “en forma temporaria y hasta que se llame a una licitación y se adjudique la operación a un nuevo concesionario”. Ahora, como esa licitación no figura en los planes de Transporte, Otero tiene el camino despejado para seguir manejando Retiro hasta que el próximo Gobierno decida qué hacer con la terminal.
Para reforzar la continuidad de Otero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pilotea el massista platense José Arteaga, aprobó la semana pasada un nuevo esquema de redeterminación del valor del canon mensual que debe pagar el concesionario. Por medio de la disposición 25, el ente regulador estableció un mecanismo gradual de bonificación del canon que se extiende hasta enero del próximo año y está atado a la recuperación de la actividad de la terminal con respecto a la situación existente antes de la pandemia. Recién a partir de febrero de 2024, Otero deberá desembolsar el canon pleno de $ 3,6 millones mensuales que tiene fijado desde 2020.
Maquinistas privados
En el caso de los trenes de pasajeros, las líneas Belgrano Norte y Urquiza son las únicas de la región metropolitana del AMBA que todavía permanecen en manos privadas. Las concesiones en juego corresponden a los ferrocarriles que unen Lacroze con General Lemos y Retiro con Pilar. Están en manos de los grupos locales Roggio y Emepa que tienen a sus dueños involucrados en la causa de los cuadernos del exchofer ministerial Oscar Centeno
Tanto Aldo Roggio como Gabriel Romero declararon como “arrepentidos” y reconocieron haber pagado a funcionarios de Transporte de las administraciones kirchneristas un retorno mensual equivalente al 5% de las sumas cobradas como subsidios operativos.
Las reglas de juego iniciales que había fijado el gobierno menemista cuando privatizó la operación de los trenes se vieron fuertemente alteradas tras la crisis económica y social de 2001. En ese momento, el Estado redefinió los planes de obras, congeló las tarifas e introdujo el pago de nuevos subsidios operativos para compensar los ingresos de los concesionarios.
Durante las administraciones kirchneristas, las concesiones continuaron bajo el paraguas del “estado de emergencia” con ajustes tarifarios mínimos y transferencias crecientes de subsidios para que las empresas cubrieran sus gastos operativos y salariales y un programa acotado de obras en vías y estaciones.
En diciembre de 2017, Dietrich prorrogó por 18 meses las concesiones que estaban por expirar. Transcurrido ese plazo, volvió a estirar los contratos hasta los primeros meses de 2020 y lanzó una polémica licitación para reprivatizar las líneas bajo un formato de “concesión integral” que no estaba permitido en la ley marco de los ferrocarriles.
En marzo de 2020, la gestión de Alberto Fernández decidió extender otra vez esas concesiones hasta setiembre de 2021 con la promesa de llamar a un nuevo proceso licitatorio. Cumplido ese plazo, el Gobierno volvió a prorrogar por 18 meses la permanencia de Metrovías y Ferrovías y ordenó iniciar el inventario de los equipos, bienes y activos que fueron concesionados con el fin de que la operadora estatal SOFSE se hiciera cargo de los servicios.
A pocas semanas de que expire ese plazo, el relevamiento de los inventarios sigue en veremos y en el Presupuesto aprobado por el Congreso no figuran partidas específicas para el retorno de esos trenes a la ferroviaria estatal.
