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20 de enero de 2026

GCBA transformó a la empresa que controla el subte en una sociedad anónima

Líneas de Subte

El gobierno porteño decretó la conversión de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, que pasará a tener capital accionario. Fuentes gubernamentales aseguran que no será privatizada.

Mientras avanza la licitación de la línea de subte F, por vía de decreto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires transformó en sociedad anónima a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Desde la administración de Jorge Macri afirman que la compañía seguirá en manos del Estado, pero bajo un nuevo esquema societario. No está en los planes su privatización ni cambiar la concesión.

El jefe de Gobierno firmó en las últimas horas el decreto 20, publicado esta lunes en el Boletín Oficial de CABA, que dispone la conversión de la firma pública que actualmente tiene a su cargo el desarrollo, la administración, la expansión y el control de la operación del servicio del sistema de infraestructura del subte porteño, compuesto por seis líneas (A, B, C, D, E y H) y el Premetro. Será, a partir de ahora, una Sociedad Anónima Unipersonal.

Bajo la estructura de su predecesora SBASE seguirá funcionando la nueva sociedad SBASAU, que también tendrá por objeto "la prestación de servicios públicos de transporte de pasajeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por prolongación de sus itinerarios y recorridos, en territorio provincial". Y se regirá en base a las funciones y competencias que fueron establecidas por la Ley 4.472, aprobada por la Legislatura porteña en 2012 tras el traspaso de las competencias de Nación a CABA.

Los motivos de la transformación de SBASE en sociedad anónima

Para encontrar el motivo del cambio hay que retrotraerse a los últimos días de diciembre del 2023, en los albores del gobierno de Javier Milei. Desde Uspallata señalaron a Ámbito que el cambio implementado en SBASE (ahora SBASAU) "responde a la adaptación a las normativas nacionales vigentes". "Viene en línea con el DNU 70/23 y la ley Bases y Puntos de Partida", explicaron.

Ocurre que en su primer mes de gobierno, el Presidente de la Nación firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que, además de derogar cientos de normas y modificar otras tantas, eliminó la ley nacional de Sociedades del Estado 20.705, de 1974, la cual prohibía a las empresas estatales convertirse en entidades anónimas con participación estatal mayoritaria, ni tampoco admitir la incorporación de capitales privados.

El artículo 48 del decreto de Milei también estableció que las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma adoptada, deberán transformarse en Sociedades Anónimas y pasar a estar sujetas a la Ley General de Sociedades 19.550.

La reconversión en sociedad anónima implica la constitución de capital social. El nuevo estatuto, publicado junto al decreto 20, fija la suma en más de un billón de pesos ($1.184.310.351.539) y estará representado por el mismo monto en acciones que tendrá un valor nominal de $1 cada una, otorgando un derecho a voto por cada acción. Los papeles de la empresa serán nominativos, no endosables y ordinarios. Asimismo, el capital podrá elevarse "hasta el quíntuplo del monto fijado".

Capital accionario, pero sin privatización

El nuevo esquema incorpora el capital accionario a la estructura societaria. Sin embargo, a diferencia de la ventas de empresas estatales que impulsa Milei, como AySA, no se explicita la posibilidad de venta de acciones al sector privado. En caso de elegir ese camino, deberá tener el visto bueno de la Legislatura.

De todas maneras, fuentes del Gobierno porteño aclararon a Ámbito que la empresa no pasará a manos de privados. "No hay ningún cambio en mente, ni tampoco está contemplada una privatización", enfatizaron.

Otro de los argumentos que dan en Ciudad para despejar las dudas sobre la venta de SBASUA tiene que ver con que hoy ya hay una empresa a cargo de la red. Se trata de EMOVA, el consorcio integrado por Benito Roggio Transporte y Metrovías, viejas conocidas del servicio, concesionarias desde el 1 de diciembre del 2021. "El servicio ya está concesionado y seguirá así", aclaran desde CABA.

En la administración de Macri esperan que el cambio de figura societaria permita agilizar los procesos de contrataciones, de compras a proveedores y, en paralelo, facultar a la empresa a salir al mercado de capitales en busca de deuda -en caso de ser necesario- para obras de infraestructura o adquisición de material rodante. El artículo 5° del estatuto la habilita a "contraer préstamos, empréstitos y otras obligaciones con bancos oficiales y particulares, organismos de créditos internacionales o de cualquier naturaleza, Sociedades o personas jurídicas o de existencia visible, del país y del exterior".

Línea F como telón de fondo

Estos cambios ocurren en el marco de una ampliación de la red de subte a partir del proceso de licitación de la línea F, el cual aún se encuentra abierto y por definir, con empresas multinacionales y locales de gran calibre pujando por quedarse con la obra. El desembolso previsto rondará entre u$s1.350 y u$s1.500 millones.

"Los primeros u$s600 millones se van a financiar con recursos propios de la Ciudad, con el superávit que tuvimos el año pasado", explicó una fuente del Gobierno de CABA. "El resto, aproximadamente u$s400 millones, que es para la compra de material rodante, es decir de las formaciones de los coches para el subte F, se va a hacer con un préstamo de un organismo multilateral de crédito, pero más adelante, en 2027", aclararon.

El recorrido conectará Barracas con Palermo. El primer tramo contempla la construcción de seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. En total serán 11 estaciones con un tramo total de 9 kilómetros.

Con la aprobación del Presupuesto 2026 en noviembre por parte de la Legislatura, Macri recibió autorización para un gasto de $285.164 millones que se destinará para el subte F. Los fondos se usarán para iniciar las primeras obras de ingeniería, obra civil y de compra de equipamiento. Según explicaron en su momento desde GCBA a Ámbito, las tareas de construcción "van a comenzar en el segundo semestre del 2026".

Se presentaron un total de 22 empresas. Entre las argentinas se encuentran IEB Construcciones (ex Dycasa), el gigante del acero Techint, BTU, la constructora Chediak, Rovella, COSUD, CRIBA y Benito Roggio, compañía que integra Emova, actual concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires.

Desde el continente europeo transmitieron el interés un total de ocho firmas. Italia lideró el ranking con Ghella, Webuild (Impregilo) y CMC di Ravenna. Luego se siguieron Francia con Alstom y Systra, la alemana Siemens Mobility, la española Acciona y la firma mixta Mota Engil/Chediak, de capitales portugueses y argentinos.

En Asia también generó interés la construcción de la futura línea F de la Ciudad de Buenos Aires. Cinco de seis empresas tienen su sede en China: Powerchina, CMEC, CREC, CRRC Changchun y CCECC. El conglomerado Hitachi / Ansaldo de Japón también hizo lo propio.

De acuerdo a cálculos del propio gobierno porteño, la línea tendrá la capacidad para transportar a más de 300 mil pasajeros diarios. Estará equipada con la última tecnología en materia de sistema de señales, coches 0 km con aire acondicionado y sistema de seguridad avanzadas. En CABA aseguran que será la obra de transporte "más importante de Buenos Aires en los próximos años" y la más costosa del país.Ámbito.com

25 de febrero de 2025

YCRT: El Gobierno transforma una empresa estatal y sus servicios ferroviarios y portuarios

Privatizaciones

El decreto establece la implementación de sistemas digitales de seguimiento en tiempo real y la coordinación intermodal, reduciendo tiempos operativos y costos logísticos

El Gobierno argentino convirtió en sociedad anónima la empresa estatal encargada de la explotación del yacimiento de carbón ubicado en la región de Río Turbio, Santa Cruz, así como de los servicios ferroviarios y portuarios en Punta Loyola y Río Gallegos. El decreto 115/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece una estrategia de modernización y privatización que orienta a la entidad hacia estándares internacionales. La medida se inscribe en un plan de reestructuración que busca fortalecer la infraestructura logística y ampliar la competitividad en el comercio exterior.

El decreto dispone la transferencia de activos, pasivos y recursos humanos a la nueva sociedad anónima, integrando tecnologías avanzadas y prácticas de gestión innovadoras que optimizan el movimiento de mercancías. Según la fuente oficial consultada, la transformación de la empresa estatal se concibe como una respuesta a las demandas del mercado global y a la necesidad de modernizar procesos logísticos que garanticen un flujo ágil desde la extracción del recurso hasta la entrega en puertos internacionales.

Impacto en la infraestructura logística

La reestructuración apunta a generar mayor eficiencia en la cadena de suministro. La transformación incluye la actualización de la red ferroviaria y la modernización de los terminales portuarios, elementos fundamentales para el traslado de grandes volúmenes de carga. El decreto establece la implementación de sistemas digitales de seguimiento y control en tiempo real, que permiten coordinar de manera óptima los procesos de carga y descarga, reduciendo tiempos y costos operativos. La nueva estructura jurídica impulsa la inversión en infraestructura moderna, propiciando la integración de soluciones logísticas que conectan el interior del país con puertos de mayor capacidad y eficiencia.

La transferencia de activos inmuebles y bienes intangibles se orienta a consolidar una plataforma tecnológica robusta, que facilite la coordinación entre el transporte ferroviario y el manejo portuario. El rediseño de la cadena logística se proyecta como factor clave para impulsar la competitividad en el comercio internacional, generando un entorno favorable para la inversión privada y para la diversificación de mercados de exportación. La medida abre posibilidades para que el sistema logístico nacional se adapte a las exigencias de la economía global, potenciando el desarrollo de rutas intermodales que integren el transporte terrestre, ferroviario y marítimo.

La modernización de la infraestructura supone la incorporación de equipos y herramientas tecnológicas de última generación. La digitalización de operaciones posibilita el monitoreo constante de la carga, la optimización de rutas y la planificación en tiempo real de las actividades portuarias y ferroviarias. La reestructuración se presenta como un paso estratégico para consolidar la capacidad operativa de la entidad y, en consecuencia, elevar la competitividad de la logística nacional en el ámbito del comercio exterior.

Fortalecimiento del comercio exterior

La transformación de la empresa estatal incide directamente en el ámbito del comercio exterior. La modernización de la red de transporte y la mejora en la coordinación entre modos de traslado potencian la exportación de recursos, incrementando la presencia del país en mercados internacionales. La conversión a sociedad anónima orienta a la entidad hacia un modelo operativo más flexible, que propicia la incorporación de capital privado sin perder el control estratégico estatal, lo cual resulta crucial para asegurar la continuidad y la expansión de las operaciones exportadoras.

La integración de terminales portuarias modernizadas y la actualización del sistema ferroviario facilitan la conexión con rutas marítimas internacionales. La reducción de tiempos operativos y la optimización de procesos logísticos generan una cadena de suministro más competitiva, que se traduce en mejores condiciones para la exportación de materias primas. El decreto dispone plazos definidos para la elaboración de planes de inversión y presupuestos orientados a la expansión de la capacidad operativa, lo cual se proyecta como un incentivo para la atracción de inversiones extranjeras y para el fortalecimiento de la imagen del país en el comercio global.

La transformación estructural posibilita la integración de sistemas de gestión digital que ofrecen mayor transparencia y eficiencia en la administración de recursos. La nueva organización propicia una respuesta ágil a las fluctuaciones del mercado internacional, asegurando que la oferta de recursos se adapte a la demanda global. La implementación de estas medidas estratégicas refuerza el posicionamiento del país en el comercio exterior, abriendo oportunidades en nuevos mercados y diversificando las rutas de exportación.

Por todo esto, la reestructuración impulsa la adopción de un modelo de gestión que combine la experiencia del sector público con las ventajas del régimen privado, generando un entorno favorable para la innovación y la inversión. Y el objetivo de integrar nuevas tecnologías y mejorar la infraestructura operativa apuntan a favorecer la competitividad en el comercio internacional.MovantConnection.com