Se trata de la puesta en valor de la estación Palermo. Uno de los aspectos más relevantes era la reapertura permanente del acceso secundario, que hoy solo se habilita en ocasiones puntuales. Las obras iban a complementar las reformas realizadas entre 2020 y 2022.
La empresa Trenes Argentinos Infraestructuras (ADIFSE) declaró fracasada la licitación para la puesta en valor de la estación Palermo del tren San Martín. La iniciativa, que había sido lanzada en octubre del año pasado, contaba con una empresa interesada en ejecutar los trabajos, pero el proceso fue dado de baja por falta de avances concretos.
El proyecto contemplaba una serie de mejoras en la terminal ferroviaria, entre las que destacaban la recuperación y ampliación de los refugios, la rehabilitación del acceso secundario sobre la Avenida Juan B. Justo, la renovación de los sanitarios, el ensanche de la escalera hacia los andenes y el tratamiento de filtraciones, entre otras intervenciones.
Estas obras iban a complementar las reformas realizadas entre 2020 y 2022 en el acceso principal de la estación, ubicado sobre la Avenida Santa Fe, donde se llevó a cabo una modernización integral del hall, se reubicó la boletería en la planta baja, se instalaron ascensores y se renovaron las fachadas.
Uno de los aspectos más relevantes de la licitación era la reapertura permanente del acceso secundario, que actualmente solo se habilita en ocasiones puntuales. La posibilidad de contar con ambos ingresos operativos hubiera resultado clave para mejorar la fluidez del tránsito de pasajeros y fortalecer la seguridad en la estación, una de las más concurridas del San Martín.
El fracaso de la licitación para la renovación de la estación Palermo refleja el escaso interés de los inversores en el sector ferroviario y la falta de garantías para la concreción de proyectos de Infraestructura.Dinamicarg.com
Por: Francisco Veniard (*)(para el diario LosÁndes.com)
El único período de nuestra historia en que los ferrocarriles fueron exitosos fue cuando crecieron gracias a la total sinergia entre un Estado comprometido y promotor, y empresas privadas que invirtieron la plata que el Estado no tenía. Hoy la red de 40.000 kilómetros es algo del pasado. Una red de la mitad de esa extensión, en buen funcionamiento, sería un gran logro y un enorme motor de la economía argentina. Y se requiere sentido común para entender que el Estado hoy no puede proveérnosla sin la participación privada.
En la siguiente nota intentaremos contestar cuatro preguntas: ¿la gestión de los ferrocarriles debe ser pública o privada? ¿Tiene el Estado Argentino la plata para recuperarlos? ¿Por qué fracasó la gestión privada de los años ‘90? ¿Qué nos queda esperar ahora?
La Argentina es un país que se enorgullece de demostrar que todas las recetas fracasan, y tras cada fracaso el péndulo nos ofrece un remedio que ya hemos rechazado con anterioridad. Hoy nos enfrentamos nuevamente a una vieja pregunta que nos ataca desde hace 75 años: ¿la gestión de los ferrocarriles debe ser pública o privada?
Hay muchos ejemplos (fuera de Argentina) de empresas públicas y privadas que gestionan eficientemente líneas ferroviarias. Ejemplos de malos resultados con ambos sistemas sobran en nuestro país. No tiene sentido meterse en esa discusión, que además tiene muchos elementos ideológicos mezclados. Hay una sencilla cuenta de almacenero (con números aproximados para simplificar el cálculo) que nos puede iluminar el camino sin entrar en debates estériles:
El problema se reduce a las vías. Una vía férrea dura en buen estado unos 40 años. Después de eso queda amortizada y debe hacerse de nuevo. Un kilómetro de vía nueva cuesta alrededor de un millón de dólares (y sin contar puentes, túneles, estaciones, trenes, hablamos de la vía pelada cruzando por el campo).
La Argentina supo tener una red de aproximadamente 40.000 kilómetros de vías, hoy casi toda en un estado intransitable bajo niveles internacionales de sentido común.
¿Qué nos dice la cuenta? Si queremos renovar la red, necesitamos invertir un millón de dólares por cuarenta mil kilómetros, es decir 40 mil millones de dólares. Incluso si la red fuera nueva, sólo para mantenerla en buen estado habrá que renovarla completamente a lo largo de 40 años (porque una vía nueva dura 40 años), así, cuando pase ese tiempo, la red se habrá mantenido en buenas condiciones. Eso significa que necesitamos mil millones de dólares al año sólo para mantener los 40 mil kilómetros en 40 años.
Cuando escuchamos al vocero presidencial decir que la empresa perdió 112 millones de dólares el año 2023, notamos lo enorme que es el problema: esa cifra que pretende escandalizarnos alcanza para pagar apenas un 10 % de lo que habría que haber renovado en el año para mantener la red completa (la empresa estatal gestiona aproximadamente la mitad de la red).
La siguiente pregunta es: ¿tiene el Estado Argentino 40 mil millones de dólares para invertir exclusivamente en los ferrocarriles? La respuesta es no, y por eso quiere recurrir a inversores privados. ¡Pero el modelo privado de los 90s fracasó!, nos dirán del otro lado. Es verdad: llegados al final de la privatización ferroviaria menemista, las vías están incluso en peor estado que al comienzo, y los excepcionales tramos en buen estado fueron renovados por el Estado, incluso en líneas concesionadas a una empresa privada que no realizó las inversiones necesarias, pero a un ritmo muchísimo menor al que requiere la red. Pero ¿por qué fracasó la gestión privada de los 90s? Para responderlo, volvamos a nuestra cuenta de almacenero:
Dijimos que una vía nueva dura 40 años. Es decir que quien invierte en ella, esperará obtener ganancias durante ese período de tiempo, tras lo cual la considerará amortizada. Los negocios multimillonarios tienen ganancias a través de márgenes chicos. Supongamos que la empresa se dará por satisfecha con una ganancia del 10%. Invierte en la vía, que dura 40 años. Durante los primeros 35 años irá recuperando lentamente la inversión y recién en los últimos 5 años acumulará ganancias. El gran problema de las concesiones ferroviarias menemistas es que las hicieron por… 20 años, más un período insólito prorrogable por otros 10.
Es decir que jamás alguien invertiría en vías, si tras 20 años lo único que habrá logrado es como mucho recuperar apenas la mitad de lo que invirtió. Pura pérdida. El modelo de privatización de los 90s estaba destinado al fracaso desde su concepción. Independientemente de si la gestión pública o privada es mala o buena, jamás podría haber sido un éxito en un período de tiempo que para la escala ferroviaria era demasiado corto. Para comparar, la exitosa privatización ferroviaria en México estableció períodos de concesión de 50 años. Pero en su momento los funcionarios argentinos pensaron que un período tan “largo” sería indefendible frente a la opinión pública. Ahora que ya han transcurrido 30 años desde su privatización, los ferrocarriles argentinos están en un estado lamentable, siguen en manos privadas a través de prórrogas precarias, o en el caso de las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano, una empresa estatal que ha realizado con gran esfuerzo algunas inversiones necesarias pero insignificantes respecto al tamaño de la red, y sin un plan real a largo plazo que las haga sustentables.
Con un período de concesión de apenas 20 años, las únicas interesadas en la privatización de la red argentina en las condiciones de los 90s fueron empresas locales que buscaban emplear el ferrocarril para sus propias necesidades logísticas: Loma Negra, para mover sus áridos, AGD para sus aceites y harinas. Las inversiones se redujeron a mantener las locomotoras y vagones y la parte de la red que les era útil, dejando el resto en el abandono. La empresa de logística brasileña ALL, que no tenía ningún interés particular de carga a diferencia de las empresas locales, fue la primera en caer tras una gestión desastrosa que contrasta con su buen desempeño en Brasil, con un período de concesión más largo. La línea Belgrano, que fue dada a los sindicatos ferroviarios carentes de financiación alguna, fracasó estrepitosamente. El tren como juguete es caro.
Transcurridos los primeros veinte años, el período prorrogable por otros 10 es aún más ridículo. Alguien podría comprar una locomotora o un vagón, o hacer alguna inversión menor por 20 años, pero por 10 no tiene el menor sentido. Ni que decir las prórrogas de a un año que se han ido concediendo desde que se cumplieron los 30 originales, que no hacen más que garantizar la máxima aceleración posible de la decadencia de la infraestructura. Si al menos los 30 años hubieran sido concesionados en conjunto, la historia hubiera sido otra. En ese período podría haber llegado a haber inversiones rales en vías, al menos en algunos corredores. Es el período de tiempo que eligió Brasil para sus privatizaciones.
¿Qué nos queda esperar ahora? El único período de nuestra historia en que los ferrocarriles fueron exitosos fue cuando crecieron gracias a la total sinergia entre un Estado comprometido y promotor, y empresas privadas que invirtieron la plata que el Estado no tenía.
Hoy la red de 40.000 kilómetros es algo del pasado. Una red de la mitad de esa extensión, en buen funcionamiento, sería un gran logro y un enorme motor de la economía argentina. Y se requiere sentido común para entender que el Estado hoy no puede proveérnosla sin la participación privada. Pero ahora que conocemos la cuenta de almacenero en que se basa el negocio, si la concesión es a menos de 30 o 40 años, sabemos qué esperar.
Dicen que el problema de un pacto con el Diablo está en no leer la letra chica. Algunos dirán que el Diablo es el Estado y otros que son las empresas privadas. No es ninguno de los dos, por supuesto. Tenemos que aprender a no asustarnos por una cifra de años que parece una vida, pero para el modo ferroviario es un mínimo indispensable, y alejados de eslóganes simplistas o dicotómicos, entender que las soluciones reales son siempre a largo plazo.
(*) El autor es ingeniero civil especializado en transporte, miembro de centros de investigación en transporte de la UCA y la UBA, y trabaja en planificación de proyectos de infraestructura en la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn.
Entre 2018 y 2019 el Estado nacional -en acuerdo con la Municipalidad de Santa Fe- subastó 22 terrenos ferroviarios en zonas estratégicas de la ciudad. Se dijo que allí debían generarse "emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social". Sin embargo, tres años después solo 5 de los 13 inversores que compraron lotes realizaron alguna obra o cuentan con permisos para hacerlo.
Cuando a principios de marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial que 22 lotes ferroviarios ubicados en zonas estratégicas de la ciudad de Santa Fe -cerca de la Terminal de Ómnibus, del microcentro, del puerto y con salida directa hacia Av. Alem- serían subastados entre inversores privados por un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad, se estableció oficialmente que la decisión apuntaba, entre otras cosas, a "constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia".
También se aseguró que la decisión se tomaba "a fin de fomentar soluciones urbanísticas, habitacionales y de desarrollo económico que propicien el ordenamiento territorial y también la generación de empleo". Sin embargo, a poco de cumplirse tres años desde las primeras subastas de estos 22 lotes, apenas 5 de los 13 inversores privados -algunos se quedaron con más de un terreno-iniciaron algún tipo de obra o cuentan con permisos municipales para hacerlo
En 14 de estos 22 terrenos no se observa ningún cambio desde el momento que pasaron a manos de particulares, y mucho menos algún "emprendimiento de interés público destinado al desarrollo y la inclusión social". Según pudo constatar AIRE, los propietarios que sí iniciaron algún tipo de obra o pidieron autorizaciones a la Municipalidad de Santa Fe para construir son las empresas CAM Constructora, Capitel SA, Nation SA, Lara Zingaretti y Adrián Pedro Becker. En el caso de Néstor Gastaldi, el Municipio espera que se subsanen observaciones realizadas para avanzar con un permiso.
Tres terrenos subastados sobre Av. Alem. En solo uno de ellos se está construyendo. Se trata de un edificio de la empresa CAM. (Foto Maiquel Torcatt).
Sin embargo, a pesar de los anuncios oficiales de 2018 la mayor parte de los inversores privados que se quedaron con estos terrenos no inició ningún proceso visible de cambio en sus lotes, ni cuentan con permisos municipales para hacerlo en el futuro: ellos son Carlos Nahuel Caputto, Inversafé SA, Tomas S.A., María Laura Barissi, Squala SRL, Mundo Desarrollos SA y Edith Susana Mirocznik..
Dinero con destino incierto y barreras que no están
Cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y la Municipalidad de Santa Fe informaron que se subastarían estos 22 lotes estratégicos de la ciudad entre privados, el entonces presidente de la Aabe, Ramón Lanús, dijo que el dinero recaudado retornaría para ser invertido en reparación de vías y para dar inicio a las tareas del Plan Circunvalar, pensado para que los trenes dejen de atravesar el ejido urbano. A partir de aquellas subastas se recaudaron casi 7 millones de dólares -al valor del dólar del día de cada compra de terrenos-. Sin embargo, nunca se informó en detalle si la totalidad o parte de ese dinero retornó en inversiones ferroviarias para la ciudad.
Se supone que con parte del dinero recaudado en las subastas de terrenos se compraron 14 barreras para la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, nunca funcionaron. Se dijo que eran vandalizadas y que se trabajaba para evitar daños intencionales. A casi tres años de las primeras subastas, las barreras ni siquiera están colocadas.
En un informe publicado por AIRE en noviembre de 2020, fuentes de la empresa Trenes Argentinos Carga (ex Belgranos Carga) aseguraron que parte de los fondos obtenidos a cambio de las ventas de estos terrenos se utilizaron en colocación de alcantarillas en el tramo ferroviario Santo Tomé-Laguna Paiva, en el mantenimiento de vías y en la compra de 14 barreras para la ciudad de Santa Fe.
Pero esas barreras jamás funcionaron, a pesar de que cada una de ellas costó alrededor de 140.000 dólares -son de fabricación alemana-. Según Trenes Argentinos, se debió a los constantes actos de vandalismos. Si bien en su momento se afirmó que las barreras estaban siendo modificadas para impedir estos daños intencionales, la realidad indica que el tiempo sigue transcurriendo y las barreras ni siquiera están colocadas. Un dato más: si bien existió la promesa de que lo recaudado en las subastas retornaría a Santa Fe, la ley indica que en estos casos el 30% de los fondos obtenidos en la venta de inmuebles del Estado nacional se destina de manera directa al Tesoro de la Nación para fines generales. El 19 de noviembre de 2020, desde el Concejo Municipal se impulsó un pedido de informes para sabe si algo del dinero recaudado había retornado a la ciudad. Desde entonces, nada se informó de manera oficial.
En definitiva, no sólo parece inviable cualquier intento por confirmar fehacientemente el destino de aquellos casi 7 millones de dólares, sino que se sabe que al menos 2,1 millones de dólares (el 30% de lo recaudado) terminaron en el Tesoro y que las barreras supuestamente compradas con el resto del dinero jamás funcionaron en la ciudad. El 15 de julio de 2018, representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado visitaron la ciudad y se reunieron con desarrolladores locales.
Zona estratégica donde están ubicados los lotes subastados entre privados: cerca del puerto, del microcentro, de la Terminal y con salida directa a Av. Alem. (Video Maiquel Toucatt).
El entonces intendente, José Corral, afirmó ese día: “En los próximos meses se realizará una subasta pública, que termina con un compromiso del que compra de realizar una inversión que tiene un plazo, es decir que hay un cargo que en no más de tres años comience la construcción concretamente de edificios sobre Av. Alem, que tiene una alta edificabilidad; y en tres años más tienen que estar terminados, de manera de garantizar que están orientados a una inversión”. Pasaron tres años y tres meses desde aquel anuncio, pero apenas 5 de los 13 inversores privados se encaminan a cumplir con lo que se dijo aquel día.
Pasando el limpio: el Estado ya no cuenta con estos 22 terrenos ubicados en un área privilegiada y estratégica de Santa Fe, el dinero recaudado no parece haber retornado de alguna manera a la ciudad y la mayoría de los ganadores de las subastas no invirtió un peso en "constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia".
La historia de las subastas
El 29 de noviembre de 2018 se efectuó la primera de un total de once subastas de estos terrenos estratégicos de Santa Fe. Los lotes ubicados en la manzana que forman las calles Alem, Las Heras, Eva Perón y Alvear quedaron en manos de dos firmas santafesinas. CAM Emprendimientos Inmobiliarios S.A. ofertó por la esquina de Alem y Alvear U$D 644.871 (a la cotización del dólar del día de la subasta), un predio de 884 metros cuadrados donde actualmente se construye una torre. En tanto, Mundo Desarrollos S.A. se quedó con el terreno contiguo por U$D 1.091.639 pero no se observa obra alguna. Las subastas continuaron. En diciembre de 2018 se vendieron terrenos a Adrián Pedro Becker, Nation, Edith Susana Mirocznik, Lara Zingaretti y Néstor Mario José Gastaldi.
En agosto de 2019 compró terrenos en nuevas subastas la firma Inversafe SA, y finalmente en la última subasta de septiembre de 2019 -sólo faltaban tres meses para el cambio de gobierno nacional y municipal- se quedaron con el resto de los terrenos Inversafe SA, Squala SRL y Carlos Nahuel Caputto. Los montos que pagaron los inversores privados por estos terrenos en zonas privilegiadas de la ciudad varían de acuerdo a cada caso.
Nation SA abonó 218 dólares por metro cuadrado en uno de los terrenos y 286 dólares por metro cuadrado en otro. Inversafé pagó entre 500 y 649 dólares el metro cuadrado. Adrián Beker pagó 1.008 dólares el metro cuadrado en un terreno, y 646 dólares el metro cuadrado en otro. Mundo Desarrollos pagó 671 dólares el metro cuadrado. CAM abonó 752 dólares el metro cuadrado. Tomas SA pagó entre 485 y 500 dólares el metro cuadrado. Carlos Nahuel Caputo, 527 dólares el metro cuadrado. Sqala SRL, 442 dólares el metro cuadrado. Capitel SA, 527 dólares. Edith Mirocznik, 677 dólares. María Barissi, 442 dólares. Lara Zingaretti, entre 358 y 370 dólares. Y Néstor Gastaldi, 372 dólares.Fuente: AiredeSantaFe.com
