La Auditoría General de la CABA denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 a Guillermo Dietrich y Horacio Rodríguez Larreta por la obra "Constitución, Centro de Transbordo"

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Redacción Crónica Ferroviaria

La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y al Jefe de Gobierno de la C.A.B.A., Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, por Estafa, Defraudación por Administración Fraudulenta, Defraudación contra la Administración Pública, Cohecho, Cohecho Activo y Negociaciones Incompatibles (Art. 265), por la obra "Constitución Centro de Transbordo".

Dicha causa judicial recayó en el Expediente: CFP 21910/2018 del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 de fecha 04 de Febrero 2019 con el Fiscal Dr. Gerardo Pollicita.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Código del Proyecto Nro. 1.17.07 (Constitución Centro de Transbordo), Período Baja Examen: 2016, con un equipo integrado por el Arq. Gerardo López Arrojo (hasta 04/04/2018); Lic. Adriana Giovanetti; Arq. Verónica Hachmann (a partir de 4/4/18) y la Auditora Supervisora: María Alejandra Olivares.

La fecha de presentación del informe fue el 24 de Septiembre 2018 y la de aprobación de mismo el 24 de Octubre del mismo año. El dictamen fue aprobado por unanimidad recayendo en la Resolución Nro. 397/2018.

El objetivo dicha auditoría fue controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar el la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la obra en la planificación, ejecución y control de la misma.

Conclusión: Las observaciones evidenciadas en el presente informe, dan cuenta que el desarrollo de la obra Constitución Centro de Transbordo, no ha resultado eficiente ni eficaz ya que en definitiva el bien buscado se obtuvo con 792 días de atraso del plazo original.

Si bien se trata de una obra puntual, las deficiencias encontradas en el sistema de Control Interno tanto como las prácticas de licitar proyectos con baja definición en sus estudios previos constituyen inadecuadas prácticas que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos buscados con efectos colaterales no deseados en el entorno urbano.

En este sentido, se espera que el presente informe de auditoría sirva de análisis para el desarrollo de futuras obras mejorando los procesos y el cumplimiento de normas vigente.

Para una mayor información adjuntamos link del informe final de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacer click para leer.

http://www.agcba.gov.ar/docs/inf-20181113_1866---CONSTITUCION-CENTRO-DE-TRANSBORDO..pdf

La nueva vida de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri

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A pesar de vender su constructora sigue en la mira judicial. Amor y arquitectura.

El 15 de agosto, Angelo Calcaterra (60), el primo hermano del presidente Mauricio Macri, caminará por los pasillos del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py. Allí llegará por primera vez para ser indagado por el rol de su ex empresa, IECSA, en la obra para soterrar el ferrocarril Sarmiento y que es investigada por la Justicia argentina por posible pago de sobornos. Este expediente es uno de los capítulos nacionales del Lava Jato que en Brasil llevó preso al mayor constructor de obra pública de Latinoamérica.

Ángelo Calcaterra

Desde que vendió sus empresas, Calcaterra salió del ojo público y quedó alejado del mundo de los constructores de infraestructura de Argentina. Cuando Macri llegó a la presidencia, él mismo comenzó a sondear el mercado para poder vender. “Con Macri presidente va a ser imposible ganar una obra”, dejó trascender mientras abría los libros contables a grupos chinos y argentinos que estaban interesados en la constructora. Al final se la vendió a Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía.

Hoy. Calcaterra pasa sus días menos atareado. Se mudó de su antigua oficina en Puerto Madero –detrás del hotel Hilton– a un despacho en el Banco Interfinanzas, al lado del Luna Park y frente a la Plaza Roma, a pesar de no tener una silla en el directorio del banco. “El Tano”, como lo llaman sus amigos, está más enfocado en dedicarse a su actividad como arquitecto. Pero también pasa tiempo organizando la estrategia judicial, junto a su abogado Ricardo Rosental. Quienes lo frecuentan afirman que este asunto por momentos lo deprime.

Pero no todo en la vida del “Tano” pasa por tribunales. En agosto del año pasado, su hija Pía fue mamá de una nena, la cual lo convirtió en abuelos a él y a su ex esposa, la escultora María Boneo, de quien Angelo conserva obras que decoran su oficina. Hoy está en pareja con la diseñadora Sofía Tatschke, 28 años menor que él y dueña de la marca de ropa Tatschke (ver: Quién es Sofía, la novia del “Tano” Calcaterra).

Justicia. Cuando Angelo se presente a declarar, deberá explicar su rol en el vínculo con Odebrecht. Está imputado en esta causa por una denuncia de la actual diputada Graciela Ocaña, aliada del presidente Macri e integrante de la lista ganadora de las elecciones legislativas del año pasado. Fuego amigo.

En esa denuncia se sostiene que las empresas Control y Auditorías Especiales de Argentina SA (CAESAI) y Controles y Auditorías Especiales SL de España (CYAES), adjudicadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y a su ex asesor Manuel Vázquez, habrían recibido sobornos del grupo Odebrecht por medio de la empresa offshore Klienfeld Service Ltd.

La licitación original del soterramiento del tren Sarmiento fue ganada por las empresas IECSA SA, GHELLA, COMSA SA y Odebrecht.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi valoró el relato de Luiz Antonio Mameri, quien era vicepresidente de Odebrecht para Latinoamérica y se acogió a la delación premiada en Brasil. Según este directivo, los ejecutivos que habrían negociado coimas con funcionarios habrían sido Javier Sánchez Caballero (entonces CEO de IECSA) y Mauricio Couri Ribeiro, Rodney Carvalho y Ricardo Vieira (ex CEOs de Odebrecht). También señaló a Jorge “Corcho” Rodríguez como “interlocutor de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

El testimonio de Mameri ante la Justicia brasileña fue aportado al expediente argentino por el periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, debido a que aún no existe colaboración entre Argentina y Brasil para poder avanzar en la investigación del caso. Los testimonios de arrepentidos no sólo permitieron condenar a funcionarios y empresarios en Brasil, también se logró avanzar en expedientes en Ecuador, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Suiza. Los países donde las coimas de Odebrecht aún siguen impunes son Venezuela, Angola y Argentina.

Ángelo y el Lavajato

-Tiene que declarar en Comodoro Py el próximo 15 de agosto.

-Su ex empresa IECSA comenzó a construir el soterramiento junto con Odebrecht.

-Un arrepentido en Brasil afirmó que Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA, fue intermediario para pagar sobornos.

-La empresa fue vendida el año pasado a Marcelo Mindlin.
Fuente PERFIL.com

El titular del Plan Belgrano será investigado por una supuesta defraudación en contra de la administración pública

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El tucumano José Cano fue imputado en una causa judicial en la que se investiga si hubo un intento de negociado con Corea del Sur, durante el viaje que un grupo de argentinos cercanos al dirigente radical, que integra el frente Cambiemos y que conduce el Plan Belgrano.

Según informó Infobae.com, la fiscal federal Alejandra Mángano imputó a Cano luego de analizar el expediente que se inició con la investigación preliminar, realizada por el fiscal Guillermo Marijuán. En el centro de la mira quedó el viaje de tres personas relacionadas con Cano, quienes habrían ido a Seúl para concretar un negocio en nombre del Estado. La Justicia también sospecha que habrían efectuado un pedido coimas.

José Cano Presidente Plan Belgrano

Las sospechas se iniciaron a partir de una denuncia anónima en la que señalaron a los dirigentes radicales tucumanos Alberto Darnay y Osvaldo Barreñada; al empresario Octavio Accardi y a dos ciudadanos coreanos que viven en el país, Dae Kyu Yang y Young Sik Oh.

Marijuán recibió datos sobre el viaje de estas tres personas al sudeste asiático que estarían vinculadas con Cano y que habrían intentado concretar un negocio millonario. 

Cuatro de los denunciados, a excepción de Cano, conformaron en diciembre de 2016 la Sociedad Anónima Kumho Lat. La unión comercial salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación y se detalla que se dedicaría a la fabricación, compraventa y exportación de “repuestos y autopartes del automotor”.

La polémica por el supuesto convenio fue publicada por LA GACETA en febrero. Un mail de la embajada surcoreana en Buenos Aires al que había tenido acceso este diario había generado alarma en las oficinas del Plan Belgrano en octubre. La representación comercial había consultado a Cano acerca de tres presuntos funcionarios de su área que habrían viajado para firmar un convenio con firmas locales. Los diplomáticos adjuntaron, incluso, links de medios que daban cuenta de los hechos. En esas publicaciones figuraban fotos de Darnay, Barreñada y Accardi en reuniones y en una cena. Incluso, figura una placa que le habrían entregado a Darnay como representante del Plan.

Cano había negado entonces "toda vinculación" de los hombres con la unidad. La sorpresa, según fuentes del Plan Belgrano, era que entre los involucrados había dos tucumanos: el peronista, ex asesor de Cano y actual funcionario del PAMI, Darnay; y el titular del sindicato del PAMI y dirigente radical Barreñada. Accardi, en tanto, aparece en una publicación coreana como vicepresidente de la Fundación Argentina de la Ecología. Trascendió que este último habría sido asesor de un senador radical de otra provincia, pero su designación no figura en los registros públicos de la Cámara alta.

Este diario se había comunicado con Darnay y Barreñada. Ambos habían desestimado cualquier relación con la cartera nacional, aunque admitieron que sí estuvieron en Corea del Sur. Aclararon, sin embargo, que habían abonado ellos los pasajes.

Marijuán sospecha que podrían haberse cometido al menos dos delitos: defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. El caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres y de la fiscala Alejandra Mángano.

Se cree que los involucrados podrían haber suscripto convenios de compras en nombre del Estado por 300 millones de dólares y que habrían pedido coimas. No se constató, sin embargo, que la operación se haya concretado.LaGaceta.com