Pedido de informes al P.E.N. sobre diversas cuestiones relacionadas con las empresas concesiones ferroviarias de cargas

Proyecto de Resolución

Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución solicitando un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con las empresas concesionarias ferroviarias de cargas del país.

Dicho trámite recayó en el Expte.2886-D-2026 del 17 de Junio del corriente año, siendo el firmante de dicho Proyecto de Resolución el Diputado Nacional: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica - C.A.B.A.)

Fundamentos

El sistema ferroviario de cargas constituye uno de los componentes estratégicos de la infraestructura económica nacional. Su adecuado funcionamiento resulta determinante para la competitividad de las economías regionales, la reducción de costos logísticos, la integración territorial del país y el desarrollo de corredores productivos vinculados a las exportaciones, la industria y la explotación de recursos naturales.

En los últimos años, la política regulatoria y de gestión sobre las concesiones ferroviarias de cargas ha transitado un sendero de excepcionalidades recurrentes que atentan contra la previsibilidad y la planificación a largo plazo. Las redes operadas por empresas de capital privado, cuyos contratos originales de la década de 1990 se encuentran formalmente vencidos desde hace un lustro, vienen subsistiendo mediante sucesivas e ininterrumpidas prórrogas a título precario otorgadas por la autoridad de aplicación. La regularización de dicha situación hace imprescindible contar con información precisa sobre el rumbo que el Poder Ejecutivo Nacional prevé para el sector.

Tal es el caso de la empresa Ferroexpreso Pampeano S.A. (FEPSA), que opera sectores claves de las líneas General Sarmiento y General Roca, y que recientemente ha recibido una sexta prórroga de su contrato de concesión. De igual manera, se observa idéntico criterio con la firma Ferrosur Roca S.A., operadora de la Línea General Roca, cuyo vínculo contractual ha vuelto a ser extendido temporalmente por un año mediante la Resolución N.º 52/2025 de la Secretaría de Transporte.

Es de destacar que, según ha trascendido públicamente a través de diversos informes y resoluciones técnicas, la decisión de la administración central de recurrir a este esquema de prórrogas consecutivas responde, en parte, al rechazo de las propuestas de adecuación contractual presentadas por las propias licenciatarias. Dichas propuestas fueron consideradas insuficientes frente a los niveles de inversión en infraestructura que el Estado Nacional evalúa como indispensables para potenciar corredores logísticos neurálgicos, tales como el acceso al puerto de Bahía Blanca o la conectividad prioritaria con la formación geológica Vaca Muerta. No obstante, este esquema de transitoriedad y precariedad genera profundos interrogantes sobre los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia adoptados, así como sobre el estado real de preservación y mantenimiento de los bienes del dominio público ferroviario que se encuentran bajo su custodia.

En paralelo a la situación de las redes concesionadas a operadores privados, el Poder Ejecutivo Nacional ha avanzado decididamente en el anuncio y estructuración de un proceso de privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, actualmente bajo la órbita de la firma estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. (Trenes Argentinos Cargas). Versiones de público conocimiento señalan que la Secretaría de Transporte cuenta ya con definiciones avanzadas respecto del diseño de los pliegos de bases y condiciones y un cronograma inminente para la convocatoria a licitación pública nacional e internacional.

Sin embargo, al momento subsisten numerosos interrogantes respecto de las características concretas del esquema bajo análisis, el tratamiento previsto para la infraestructura ferroviaria, el material rodante, los talleres y demás activos involucrados, así como respecto de los mecanismos mediante los cuales se garantizará la continuidad y eficiencia de los servicios.

Ante este escenario de transformaciones estructurales de la red ferroviaria, resulta imperativo que este Honorable Cuerpo cuente con información fidedigna, técnica y centralizada sobre el rumbo regulatorio elegido. Es una facultad y un deber irrenunciable del Congreso de la Nación ejercer el control sobre la administración de los bienes del Estado y garantizar que los procesos de privatización o reconcesión se realicen bajo estrictos estándares de transparencia, concurrencia y defensa del interés público.

Asimismo, la definición del futuro modelo ferroviario constituye una cuestión de especial trascendencia. La Ley N.º 27.132 estableció en su momento principios rectores para la política ferroviaria, determinando la administración de la infraestructura por parte del Estado y previendo la implementación de un régimen de "acceso abierto" (open access) que fomente la participación pública y privada en libre competencia, evitando monopolios sobre los ramales de titularidad estatal. Por consiguiente, resulta indispensable que las autoridades competentes precisen si los pliegos y esquemas regulatorios bajo análisis contemplan la efectiva separación entre la gestión de la infraestructura, el control de la circulación de trenes y la operación de los servicios, o si se evalúan alternativas regulatorias diferentes, así como los mecanismos previstos para evitar situaciones de exclusividad que puedan restringir el acceso de terceros operadores.

La discusión sobre el futuro de las concesiones ferroviarias tampoco puede desvincularse de las necesidades de inversión que presenta la red. La recuperación y modernización de la infraestructura ferroviaria demanda definiciones claras respecto de las obras prioritarias, los esquemas de financiamiento previstos y la distribución de responsabilidades entre el sector público y los futuros operadores. En particular, resulta de interés conocer la planificación vinculada a corredores estratégicos de exportación, accesos ferroviarios a puertos, la vinculación logística con Vaca Muerta, la rehabilitación de vías, la modernización de sistemas de señalamiento y telecomunicaciones, así como los proyectos de integración bioceánica que puedan contribuir a mejorar la competitividad de la producción nacional.

El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad constitucional de ejercer el control sobre los actos de gobierno y de velar por la adecuada administración de los bienes públicos. Ello resulta especialmente relevante cuando se encuentran en discusión decisiones que comprometerán durante décadas la organización, explotación y desarrollo de una infraestructura estratégica para el crecimiento económico del país. Transparentar los estudios técnicos, económicos y de desempeño que sirven de sustento a las decisiones del área de transporte no solo dota de legitimidad a los procesos institucionales, sino que previene la fragmentación y el deterioro de un activo social y económico que pertenece a todos los argentinos.