Proyecto de Declaración
Redacción Crónica Ferroviaria
Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un Proyecto de Declaración expresando profunda preocupación y enérgico rechazo ante la perpetuación de la parálisis del servicio de trenes de pasajeros de la Línea Roca que conectaba la Estación Plaza Constitución (CABA) con la ciudad de Bahía Blanca. Una situación de abandono que se ha consolidado de forma definitiva tras el cese de operaciones, el desmantelamiento de servicios y el posterior cierre formal de las instalaciones de la Estación Bahía Blanca Sud.
Dicho trámite recayó en el Expte. 2453 126-27 siendo la firmante de dicho Proyecto de Declaración la Diputada Nacional: Priscila Minnaard (Unión Cívica Radical - Buenos Aires).
Fundamentos
El tendido ferroviario que conecta el área metropolitana con Bahía Blanca constituye la columna vertebral histórica para el desarrollo social, cultural económico del interior de la Provincia de Buenos Aires. Lo que inicialmente comenzó como una interrupción transitoria por razones operativas a raíz de un siniestro vial en el partido de Olavarría, se ha transformado, por el paso del tiempo y la inacción gubernamental, en un aislamiento estructural de larga data que vacía las vías de pasajeros mientras consolida el abandono del derecho a la conectividad y del arraigo de nuestras comunidades.
A más de tres años de la salida de la última formación de pasajeros en este ramal, la inactividad ya no puede ser tratada como una contingencia, sino como una política de exclusión territorial consolidada. Al privar de forma permanente a la región de un medio de transporte económico, previsible y accesible, se ha fracturado el tejido social de distritos enteros.
Esta desconexión sostenida golpea el acceso a la salud, a los centros de estudio universitarios y al circuito productivo regional, afectando críticamente a las siguientes localidades de las dos trazas históricas afectadas:
* Azul y Olavarría: polos sanitarios, judiciales y universitarios de región centro que articulaban de forma permanente el flujo de pasajeros de la provincia.
* Laprida y Coronel Pringles: comunidades gravemente damnificadas por esta postergación histórica al quedar totalmente inactiva la traza estratégica de la Vía Pringles.
* General La Madrid y Coronel Suárez: distritos que sufren un severo impacto socioeconómico al ver anulada su principal alternativa comunicación segura de mediana y larga distancia.
* Pigüé, Saavedra y Tornquist: eslabones productivos y turísticos del sudoeste bonaerense cuyos habitantes continúan confinados a opciones de transporte automotor limitadas y con tarifas que resultan prohibitivas para la economía familiar.
La realidad actual de nuestras vías evidencia una flagrante contradicción una profunda asimetría regulatoria. Mientras el tendido se declara técnicamente "inseguro" para el traslado de ciudadanos, las empresas privadas concesionarias continúan explotando comercialmente la misma infraestructura pública para el transporte masivo de cargas -granos, piedras, cemento e insumos para la actividad energética de Vaca Muerta- circulando bajo velocidades de precaución que resguardan su logística mercantil, pero destruyen el capital social de la traza.
Estas firmas usufructúan el suelo y los bienes bonaerenses amparadas en un régimen de prórrogas estatales precarias. Ferroexpreso Pampeano S.A. (Grupo Techint) mantiene el manejo del corredor Rosario-Bahía Blanca extendido mediante la Resolución 549/2026 hasta el 30 de abril de 2027, mientras que Ferrosur Roca S.A. (Loma Negra) continúa sus operaciones comerciales bajo extensiones provisorias. Ambas prestatarias han desatendido sistemáticamente el mantenimiento de durmientes, rieles y sistemas de señalamiento requeridos para cumplir con los estándares de seguridad civil exigidos para transportar personas.
A tal fin, se debería auditar el estado patrimonial de la infraestructura vial ubicada en territorio provincial y condicionar de manera estricta continuidad de las operaciones logísticas de las firmas privadas Ferroexpreso Pampeano S.A. y Ferrosur Roca S.A. -amparadas en la citada norma del Poder Ejecutivo Nacional- a la ejecución de inversiones estructurales obligatorias que permitan revertir el deterioro del tendido y devuelvan la operatividad civil al ramal.
El sistema ferroviario no puede ser evaluado bajo una lógica estrictamente comercial de costo-beneficio corporativo, sino como una herramienta de desarrollo federal e inclusión social. Permitir que las empresas privadas concentren las ganancias logísticas del transporte de carga, mientras las poblaciones locales absorben los costos del aislamiento automotor representa una vulneración institucional que este cuerpo legislativo debe señalar de manera categórica.

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