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¿Es socialmente rentable hacer un proyecto de línea de tren en una zona extrema y poco poblada del país? En palabras del ahora presidente electo Gabriel Boric, “avanzar en entregar servicios a las regiones que más lo necesitan no es un tema de rentabilidad social, es un tema de derechos que en nuestro gobierno se van a asegurar”.
La disyuntiva despertó preocupación por el cuestionamiento a la metodología de Evaluación Social de Proyectos, por la cual se determina la rentabilidad social de proyectos de inversión pública como carreteras, hospitales o alcantarillado. Pero en la discusión también se levantaron voces que recuerdan la historia de dicha metodología y su vínculo con el neoliberalismo.
“La metodología de Evaluación Social de Proyectos se diseña a fines de los 70 en el contexto de la llegada de los Chicago Boys y el intento que hicieron de crear un mecanismo de evaluación que dejara completamente afuera elementos políticos y totalmente afuera al Estado. Ese gesto, la eliminación de lo político, se presenta como un acto neutro en sí, cuando detrás hay una ideología neoclásica hayekiana que distingue entre lo político y lo técnico y busca eliminar lo segundo. Es una apuesta ideológica”, indica Manuel Tironi, sociólogo de la UC e investigador en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN).
Para José Ossandon, profesor asociado del departamento de organización en la Copenhagen Business School, “es interesante que en esta discusión se agregue que la Evaluación Social de Proyectos es un método particular entre otros, y con una historia particular. Se trata de un método que traduce todo a valores monetarios, con la misma lógica que si se estuviera evaluando una inversión financiera. Lo que está en cuestión es si ese método es la única forma de comparar técnicamente distintas iniciativas, y si no debería cuestionarse cuando estamos pensando en cosas como el costo medioambiental del transporte por camiones”, sostiene.
“Lo interesante de la evaluación social de proyectos es que se presenta como una metodología técnica, que a diferencia de las anteriores es científica porque quita de la ecuación los aspectos políticos. La idea regente es que para que las decisiones sean efectivas, deben ser tomadas por un grupo pequeño de expertos, y que el economista es el experto por excelencia capacitado para tomar decisiones sobre cualquier aspecto de la vida. No es solo una tecnificación sino una economización de la toma de decisiones”, reflexiona Tironi.
Para el investigador, este enfoque no permite tomar en cuenta otros aspectos que también se ponen en juego a la hora de reconocer las externalidades de un proyecto. “Hay cosas que se pueden conservar de la metodología, como que esté basada en ciertas cuantificaciones numéricas que nos ayuden a decidir. Pero en su origen el método sigue teniendo ese miedo por lo político, entendiéndolo como la participación ciudadana, la inclusión de los territorios, los objetivos de orden más bien ético y territorial, el objetivo de la igualdad, o el de la no discriminación. La evaluación social de proyectos considera esas cosas como elementos que empañan una evaluación puramente técnica”, explica.
Violeta Rabi es socióloga ambiental y conoció la Evaluación Social del Proyectos de cerca, en su investigación evaluando cómo se priorizan las carteras de proyectos a nivel subnacional. “La metodología para evaluar la rentabilidad social obedece a una lógica de costo eficiencia, y considera variables como cuánta es la cantidad de plata invertida en relación a los beneficiarios. Es un criterio economicista que no contempla indicadores como la sustentabilidad de los proyectos o la equidad territorial. Con esos criterios, por ejemplo, el alcantarillado rural nunca sale priorizado porque es tan escasa y dispersa la población beneficiada, que no logra pasar ese filtro”, comenta.
En el 2020, un informe del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la UC, recomendaba modificaciones a la Evaluación Social de Proyectos, como agregar criterios de sustentabilidad, evaluar la resiliencia de proyectos ante eventos extremos e incorporar una definición de “zonas extremas”, para beneficiar a lugares con población menor y más dispersa. “Creo que la metodología debería contemplar la participación ciudadana y empalmarse con otras regulaciones ya existentes, como el convenio 169 de la OIT que establece la consulta indígena, o la ley marco de cambio climático”, propone Tironi. ElDesconcierto.cl
