La reflexión pertenece a Damián Solanas, asesor de la Comisión de Transporte del Bloque Proyecto Sur en la Cámara de Diputados de la Nación, quien ha estudiado minuciosamente el problema de los ferrocarriles en el país.
Damián Solanas habló con PRIMERA EDICIÓN para contextualizar recientes declaraciones de Pino Solanas, quien advirtió que es necesario terminar “con el triángulo de corrupción de los ferrocarriles” que los ha llevado a la decadencia”, que se inició, según precisó, durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el entonces presidente advirtió: “Ramal que para, ramal que cierra” y así fue; de a poco fueron cerrando ramales y muchos pueblos del interior se convirtieron en fantasmas. Cuando Pino Solanas habló del “triángulo de la corrupción” se refirió concretamente al Grupo Cirigliano, (por la concesión del TBA (líneas Mitre y Sarmiento) y dueño del Grupo Plaza de colectivos), al sindicato La Fraternidad y a la Secretaría de Transporte de la Nación.
En el reportaje Damián Solanas explicó: “No puedo hablar sólo de El Gran Capitán, sino dentro de un contexto de lo que es la maraña legal de la concesión de los ferrocarriles. Todo esto arranca durante el menemismo, en el año 92, cuando por decreto se anulan las vías de todos los ramales de media y larga distancia de pasajeros. Lo que hace es que se deje a las provincias la posibilidad de explotar un ramal de pasajeros, si tiene interés. Luego se otorgan las concesiones cargueras, que son las que tienen potestad sobre las vías”.
El ramal que utilizó El Gran Capitán está dado en concesión a América Latina Logística (ALL) una compañía de capitales brasileños que también opera capitales norteamericanos, cuyo paquete accionario está dividido en compañías que tienen que ver con los Fondos de Inversión. En Argentina, ALL centraliza su operación en los dos corredores: ALL Mesopotámica, que une la Mesopotamia con Buenos Aires, atravesando las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, y conectando con Paraguay, Uruguay y con la red ferroviaria de ALL en Brasil y el segundo corredor es el ALL Central, que atraviesa el centro del país: nace en la zona de Cuyo (Mendoza y San Juan), recorre San Luis y Córdoba, conecta con la zona de Rosario y finaliza en Buenos Aires.
En la concesión de ALL Mesopotámica utiliza las mismas vías en las que operaba El Gran Capitán y eso explica, en parte, el mal estado de las mismas, advirtió Solanas.
Pero además hizo notar la particularidad de las concesiones de ALL en Argentina. “Tanto la región mesopotámica como la que llega a Mendoza son regiones comercialmente estratégicas. Tenemos que tener en cuenta que el ferrocarril mesopotámico es el único que comunica a los cuatro países del Mercosur, donde pasa la mayor parte del comercio intramercosur. Por eso la importancia estratégica de este ramal”.
“Pero además -agregó Damián Solanas- ALL también tiene la concesión del ferrocarril a Mendoza, que es fronterizo con Chile, con lo cual posee un corredor bioceánico y en eso radica la importancia comercial y estratégica que maneja esta concesión”.
Recordó que Menem había otorgado la concesión de la Mesopotamia inicialmente al Grupo Pescarmona del Grupo IMPSA, pero luego cayó porque no cumplió el contrato y pasó a manos de ALL que la explota actualmente. Por esas vías pasan las principales operaciones de exportación e importación “de las grandes compañías, no estamos hablando del pequeño o mediano productor; se transportan granos, soja, etc.”, observó Solanas asesor.
Ramales sobreexplotados
El ramal mesopotámico “es sobreexplotado”, dijo y agregó que esta concesión “es emblemática, porque es un caso puntual de cómo se maneja la política de transporte en Argentina. La Auditoría General de la Nación (AGN) tiene a ALL como la compañía más infractora de las compañías de carga, ha realizado numerosas denuncias, se las puede ver en la página de Internet de la AGN; también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha hecho observaciones, pero nadie ha tomado cartas en el asunto”.
Explicó que tanto ALL como otras concesiones no hacen el mantenimiento de las vías ni tampoco inversiones, amparados en la Ley de Emergencia de los Ferrocarriles dictada en la época de la presidencia de Eduardo Duhalde. Con ese decreto es como si el Estado les hubiera dicho “hagan lo que quieran”.
Esto demuestra, agregó, la falta de una política pública para el sector. Hay que tener en cuenta, dijo, que el ferrocarril “es un medio de transporte que subsidia a la producción porque es barato, gasta menos energía por peso transportado y en las grandes distancias se ve la diferencia”.
“Después de ocho años de gobierno no se ha intervenido, a pesar de las denuncias de la AGN. Sobran fundamentos para rescindir el contrato. Pero así están todas las concesiones, en medio de una maraña legal; no se les exige la obligatoriedad de las inversiones, del mantenimiento, de los repuestos”.
Son contratos viciados de nulidad. El Estado no interviene porque se ampara en el decreto 2.075 del año 2002 que declaró en estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros. “Lo que hace ese decreto es deslindar responsabilidades después de la devaluación cambiaria, en cuanto a las obligaciones de inversión de las empresas porque las empresas alegaron (en esa época) que importan todos los materiales y no pueden hacer operativo el servicio de ferrocarril. Son argumentos, pero el que dirige las políticas de estado es el que debe fijar las prioridades y encarar una reestructuración genuina de un ferrocarril para que esté al servicio de los intereses nacionales”.
Actualmente, agregó, “seguimos viviendo de la inversión que ha hecho Ferrocarriles Argentinos en décadas pasadas y estos materiales se siguen sobreexplotando. Además hubo un desmantelamiento de los talleres ferroviarios y los que existen actualmente son de ensamble, al igual que las atemorices. Los convenios que se firmaron fueron para traer materiales usados, que se reciclan aquí. Hay materiales comprados a China, España, pero todo está reciclado”.
Asimismo, hizo notar que hay que diferenciar el servicio de pasajeros del de cargas.
Si bien se puede utilizar la misma vía “hay que tener en cuenta que no son las mismas necesidades. Los trenes de carga van a cuarenta kilómetros por hora, en cambio, los de pasajeros deben cumplir horarios y brindar un buen servicio al pasajero. Se tiene que pensar en un proyecto integrador, para lo cual se necesita la planificación y la inversión”.
Pensar el ferrocarril desde otro nivel
Damián Solanas sostuvo luego que Proyecto Sur está a favor de la rescisión de todos los contratos, tomando en cuenta que los ferrocarriles no nacieron con la finalidad que cumplen hoy, sino “para interconectar regiones distantes y ayudar a las economías regionales. Así fueron concebidos”.
Puso en relieve que tampoco los subsidios resuelven el problema, ya que van a las empresas que no realizan inversiones. Tampoco se trata de volver atrás, aclaró, de “un ferrocarril burocratizado y vampirizado por la ‘patria contratista’. Por ello hemos presentado un proyecto de ley para crear los ferrocarriles públicos argentinos, con un directorio en el que tenga ingerencia el poder nacional, el legislativo, los trabajadores y los usuarios”, concluyó.
Ferrocarriles públicos
El proyecto presentado por Proyecto Sur crea Ferrocarriles Públicos Argentinos Sociedad del Estado, que será la encargada de la gestión de toda la infraestructura ferroviaria y del control de la circulación.
Propicia el desarrollo de bienes y servicios competitivos y cualquier actividad conexa de la Industria Ferroviaria Argentina, alentando la producción para el abastecimiento interno y la exportación de material ferroviario, promoviendo el diseño y la ingeniería argentina para la producción de elementos necesarios para la prestación del servicio ferroviario en los que la red ferroviaria constituye un elemento más de su desarrollo productivo y estratégico.
Recuerda que la gran mayoría de las estaciones desactivadas han sido saqueadas, además de los desmantelamientos de terraplenes, durmientes y rieles cuyo destino es desconocido; los concesionarios no han emitido informe alguno al respecto.
El proyecto pregona la necesidad de recuperar los 36 talleres y fábricas de reparaciones que existían y los equipamientos disponibles.
Advierte que como se parte de una situación inicial de total deterioro de las vías por efecto de las políticas aplicadas, es necesario para cumplir los objetivos dotar a la nueva empresa de un capital social de trece mil millones de pesos provenientes de las reservas disponibles del Banco Central de la República Argentina.
El proyecto incluye las propuestas sobre la reconstrucción de un “tren para todos”: público, nacional con carácter federal, con control de usuarios y trabajadores. Con el respaldo nacional, no sólo de organizaciones ferroviarias, sino sociales y políticas, productores, estudiantiles, gremiales, entre otras; y con el aval de aproximadamente un millón de firmas recolectadas a lo ancho y largo de la República Argentina, en planillas de papel y también en formato electrónico, a través de una página web que permite la adhesión desde la dirección de Internet: www.trenparatodos.com.ar.InfoSur (Sitio Oficial del Partido Proyecto Sur)
