Exterior
El
secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, sitúa el trato equitativo
en EEUU a las empresas de ingeniería civil españolas entre sus prioridades
presentadas a Bruselas para negociar el Tratado de Libre Comercio
Transatlántico. ¿Qué se ofrecerá a cambio?.
Enero de 2014: Ana Pastor, y el secretario de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, viajan a Panamá aún con las uvas de fin de año
en la garganta para entrevistarse con el presidente del país, Ricardo
Martinelli. Objetivo: desatascar las conversaciones del Ejecutivo panameño con
el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr.
Causa del conflicto: los sobrecostes que pide la española y sus socias por la
ampliación del Canal de Panamá. Mayo de 2012, el rey Juan Carlos I (que ya
había sido clave en la adjudicación) y de nuevo la ministra de Fomento, vestida
con la obligada túnica negra hasta los pies, visitan Arabia Saudí para limar
asperezas con el país ante los retrasos del AVE a la Meca (no serán los últimos
problemas). En el primer caso se trata de una empresa privada. En el segundo,
un consorcio en el que participan empresas españolas públicas, como Adif, y
privadas, como OHL.
Las
instituciones españolas ven como algo lógico desplegar sus virtudes
diplomáticas, por no decir de lobby, por el mundo cuando se trata del futuro de
determinados sectores y, sin duda, el de la construcción es de los más mimados.
Cuando, a raíz de la crisis, la tijera dejó la inversión en obra pública en los
huesos, debieron pensar que era lo mínimo que podían hacer por ese sector
empresarial privilegiado al que se alimentó durante décadas con jugosas
raciones de dinero público que fueron dando forma a las grandes
infraestructuras del país. Ahora que se negocia, con poca luz y taquígrafos por
cierto, el acuerdo que quiere cambiar completamente las relaciones comerciales
entre EEUU y Europa (el TTIP, por sus siglas en inglés, o Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la Inversión), ahora que se han puesto sobre
la mesa intereses de uno y otro lado del Atlántico que llevarán a un acuerdo
final de logros y cesiones, España no se ha olvidado de incluir en su listado
de peticiones los intereses de las constructoras.
Así
lo aseguró la semana pasada el secretario de Estado de Comercio, Jaime
García-Legaz, a su salida del encuentro de la Comisión de Comercio
Internacional del Parlamento Europeo, como recoge el vídeo de los Servicios Audiovisuales de la Comisión(minuto 3:30). Entre los que consideran
"puntos fundamentales" de las exigencias de España a sus socios
europeos de cara a negociar, se incluyen "las compras públicas, que no
haya barreras para que las empresas españolas de ingeniería o de servicios
ferroviarios puedan operar en EEUU en las mismas condiciones que las empresas
estadounidenses".
El
pastel no es pequeño. La Casa Blanca tiene en marcha un plan de inversión en
carreteras y puentes de más de 300.000 millones de euros hasta 2019, aunque se
encuentra una y otra vez con la oposición republicana, que controla ambas
Cámaras y por tanto el presupuesto. La Administración Obama ha calculado que el
65 % de las principales carreteras del país necesitan mejoras significativas,
así como el 25 % de los puentes.
Buenas
noticias para las constructoras españolas, al parecer. “Se está avanzando yo
creo que a un ritmo bastante razonable y vemos que buena parte de los
planteamientos y las demandas que tiene España se están consiguiendo",
comenta García-Legaz.
La
crisis saca de España a las grandes constructoras
Las
constructoras españolas no parecen haber tenido graves problemas para buscar en
otros puntos geográficos lo que dejaron de ganar en España cuando la austeridad
y la consolidación fiscal llamaron a la puerta. Según el número de febrero de
este año de la revista sectorial Vía Libre, editada por la patronal de la
construcción Seopan, " desde el año 2010, cuando la crisis afectó de lleno
a las inversiones de obra spúblicas que se están haciendo en España, se acentúa
y se convierte en prioritaria la estrategia de internacionalización". Tres
años después las cifras ya hablaban por sí solas. En el año 2013, ACS obtuvo el
95% de la facturación de construcción en el extranjero. OHL logró el 81,7%,
mientras que Ferrovial, Sacyr, Acciona y FCC facturaban el 76%, 63%, 52% y 43%
respectivamente. El año pasado, según la citada publicación, la media fue del
72%.
En
2014 la tendencia a crecer en el exterior ha continuado, con una especial
atención desde hace unos años a los mercados de EEUU y Canadá. No todas la
empresas pueden hablar del mismo nivel de éxito que ACS, a la que el negocio en
América del Norte le reporta ya el 34% de sus ingresos, seguido de Australia
con el 25%. España está en tercera posición, con una aportación a la cifra de
negocios del 16%. La constructora que preside Florentino Pérez está en el
mercado estadounidense desde 2006 y entre sus contratos incluye la construcción
y explotación por 52 años de una autopista en Texas (954 millones de euros); el
mayor puente atirantado del país, el US 181 Harbor Bridge Replacement en Corpus
Christi, (también en Texas, por 983,4 millones); la ampliación del Metro de
Boston (1.200 millones de euros de los que participa del 40%) o el AVE de
California (993 millones en total y una participación de la española del 70%).
Ferrovial también cuenta ya con importantes muescas en EEUU. En 2013, el consorcio que
lideraba se adjudicó la NTE, autopista en el área de Dallas-Forth Woth, en
Texas, con una inversión de 2.100 millones de dólares. La autopista fue
inaugurada en otoño del pasado ejercicio.
Los
oscuros avances del TTIP
La
información sobre el acuerdo de libre comercio con EEUU, a pesar de la
relevancia que puede tener para el futuro de todos los ciudadanos de ambas
áreas económicas, es más bien escasa. Los representantes politicos que están
participando en el proceso no ven más que ventajas para sus propios países y
cuesta más arrancarles qué se va a entregar a cambio. En esta entrevista con
García-Legaz, por ejemplo, el secretario de Estado de Comercio hace también referencia,
entre las peticiones españolas de cara a la negociación con EEUU, al mercado de
productos agroalimentarios. En concreto, el Gobierno español pide que no haya
"ni aranceles, ni regulación, ni normas que impidan que entren los
productos españoles" en el país norteamericano. Pero el levantamiento de
barreras quiere ser bidireccional lo que significa que tendrá su espejo en los
productos procedentes de EEUU, donde tienen mucho mayor peso, por ejemplo, los
productos transgénicos. También comenta
García-Legaz como tercero de los puntos fundamentales solicitados por España el
paquete de movilidad de los profesionales, que puedan prestar servicio en
cualquier país dentro del Tratado sin farragosos procesos de convalidación.
Tengan
la sede en Madrid, Utah o Amberes, lo que parece cada vez más claro es que el
TTIP va a traer novedades que pueden ser muy ventajosas para las
multinacionales, como la existencia de un tribunal de arbitraje internacional
al que se podrá acudir en lugar de a la justicia nacional. Será cuestión de
elección. Si se elige uno ya no será posible acudir al otro y viceversa,
explica García-Legaz. Se trata de una propuesta de la comisaria de Comercio,
Cecilia Malmström, hecha oficial en la reunión de la que acababa de salir el
secretario de Estado español. "No se va a permitir, como ocurre ahora,
(...) que una empresa recurra por ejemplo ante la legislación nacional y si
pierde el caso se vaya a una instancia arbitral internacional. Se tendrá que
elegir y por tanto, si se elige la jurisdicción nacional, lo que digan los
tribunales nacionales no podrá ser recurrido".
Las
negociaciones del TTIP se iniciaron en 2013 con pocas, muy pocas líneas rojas,
destacando la que marcó el Gobierno francés para defender el estatus de su cine
nacional. De lo que se va sabiendo empieza a verse una línea clara: el gran
interés que existe en los dirigentes tanto de EEUU como de Europa por los
negocios basados en inversión o gasto público. Así, una de las primeras líneas
en las que se ha avanzado ha sido en la necesidad de abrir la competencia para
que empresas de ambos lados puedan participar en la gestión de los servicios
públicos. EEUU puede encontrar aquí un filón, en una Europa que se encamina
hacia una gestión de los servicios sociales por parte de empresas privadas.
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