"Sabemos que la gente viaja apretada en las horas pico", admitió el ministro de Planificación, Julio De Vido, sobre la situación de los trenes, pero contrapuso que "se invirtieron 7.500 millones de pesos en el sistema ferroviarios en los últimos 8 años".
Sin embargo, el diputado del interbloque Proyecto Sur Eduardo Macaluse consideró que la simple inversión no significa mucho porque “el tema es que el Estado no tiene que ser socio bobo de las empresas. Si pusieron esa plata los trenes tendrían que funcionar bien”, evaluó el legislador en diálogo con NCN.
Macaluse fue uno de los legisladores que junto a Fernando “Pino” Solanas y otros integrantes del interbloque Proyecto Sur presentó en junio de 2010 en la cámara de Diputados un paquete de tres proyectos de ley bajo el título de Tren para Todos, que consiste en la creación de una empresa pública de ferrocarriles, un fondo para el desarrollo ferroviario, y una comisión especial investigadora de las concesiones otorgadas del transporte ferroviario.
“Lo que planteamos es que el Estado se haga cargo del ferrocarril, que se reestructure y que sea administrado por el Estado y controlado por los trabajadores y los usuarios. Hoy el Estado es el que más dinero pone para que el ferrocarril funcione, entonces debe administrarlo el Estado y no una empresa, algunas de las cuales les pagan las vacaciones a los funcionarios o le prestan los aviones, está claro cual es la contraprestación”, denunció Macaluse.
El diputado consideró que “el sistema es malo porque si el Estado está poniendo pesos por cada peso que se recibe en concepto de boletos está claro que el que sobra en esa ecuación es el pasajero, entonces la empresa si va a recibir la plata y no tiene un control no le interesa si la situación se resuelve”. Además insistió con la necesidad de “controles cruzados” entre el Estado, los trabajadores y los usuarios.
La idea del Tren Para Todos es realizar una recuperación del sistema ferroviario de manera que sirva para intercomunicar las distintas regiones del país, y favorezca el desarrollo industrial y agroganadero. La nueva empresa tendría domicilio en la ciudad de Rosario, y a partir de su creación se comenzaría un “proceso de rescisión de todos los contratos con las empresas concesionarias de servicios ferroviarios, iniciándose las investigaciones correspondientes”.
La Empresa Estatal de Ferrocarriles estaría a cargo de un directorio compuesto por 9 miembros. Presidente y Vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional y 7 Vocales que serán: dos a propuesta de las Provincias, dos representantes de los trabajadores ferroviarios, dos representantes de los usuarios pasajeros y un representante de los usuarios de carga.
Para el comienzo de la actividad contaría con un capital inicial de trece mil millones de pesos proveniente de las reservas disponibles del Banco Central de la Republica Argentina, y además se financiaría a través de los recursos asignados en el presupuesto anual aprobado por el Congreso, a lo que en un principio se sumaría el canon que, conforme a lo dispuesto en los contratos originales, deban abonar las empresas concesionarias, durante el proceso de rescisión de los contratos vigentes.
El plan incluye la creación de la División Industrial Ferroviaria Nacional, compuesta por los talleres, galpones, fábricas o dependencias similares dedicadas a la fabricación, reparación y mantenimiento de elementos ferroviarios que pertenecieron a la empresa Ferrocarriles Argentinos, ya sea que se encuentren en poder del Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipios o empresas concesionarias.
El texto del proyecto resalta que el carácter de los servicios debe “ser accesibles y populares”. “La fijación de las tarifas será la equidad, debiendo fomentarse aquellos corredores que se encuentran en zonas menos favorecidas. En todos los casos el criterio será mantener el valor más bajo posible de las tarifas consistente con las posibilidades de la consecución de la explotación”, explica.
Entre los fundamentos del TPT también están incluidos aspectos ecológicos y la reducción de los accidentes de tránsito. En cuanto al medio ambiente, se refiere a la disminución del “desprendimiento de las partículas de caucho hacia la atmósfera”, y sobre los accidentes afirma que reduciría “sensiblemente la actual siniestralidad de nuestras rutas y autopistas que en el año 2007 ha provocado más de 35.000 lesionados y 8.200 víctimas fatales”.(Fuente y foto: Noticias del Congreso Nacional)
