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jueves, 26 de julio de 2012

LA JUSTICIA ANULÓ PROCESAMIENTOS POR CORTAR LAS VÍAS DE UN TREN


ACTUALIDAD

La Cámara Federal de La Plata sobreseyó a cuatro acitivistas del Partido Obrero acusados de "extorsión" al bloquear el paso ferroviario a la altura de Avellaneda, en 2010. Reclamaban el pase a planta permanente de trabajadores tercerizados.

Se trata de una causa iniciada por una denuncia realizada por el entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien había procesado a los cuatro manifestantes por el delito de extorsión e interrupción a los medios de transporte.

Los procesados eran Jorge Darío Hospital, Omar Esteban Merino, Eduardo Belliboni y Miguel Omar Morales, cuyos procesamientos fueron apelados por la abogada Claudia Ferrero.



"La decisión debe ser revocada, pero el hecho merece una mejor descripción, que debe comenzar con la referencia a una constelación de circunstancias no reflejada en este expediente, pero cuya pública notoriedad obliga a no desatenderla si no se quiere resolver a espaldas de lo que todo el mundo conoce", sostiene el fallo al que accedió Noticias Argentinas, mediante el cual la Cámara Federal de La Plata sobreseyó a los cuatro integrantes del PO.

En ese sentido, los jueces tuvieron en cuenta que antes de esa manifestación, y tras el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, hubo una reunión con autoridades y la empresa en la que se acordaron varios puntos, entre ellos, el pase de tercerizados a planta permanente en el ramal Roca.

"La falta de cumplimiento de lo acordado en las resoluciones anteriores y en los plazos allí establecidos impulsó a las personas afectadas a realizar, el día 23 de diciembre de 2010, a las 11:30, una nueva manifestación en las vías próximas a la estación de Avellaneda", señaló en su voto Leopoldo Schiffrin.

En ese sentido, rechazó que haya existido intimidación, puesto que "los manifestantes jamás exigieron la firma de documento alguno ni a UGOFE S.A. ni al Ministerio de Trabajo, sino el cumplimiento de un acuerdo celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo entre la UGOFE S.A. y FFCC Belgrano S.A., por un lado, y las empresas subcontratadas, por otro, cuyos plazos estaban vencidos".

"Es preciso subrayar que las manifestaciones en la vía pública forman parte del derecho de reunión y pertenecen a la esencia del sistema de gobierno constitucional y republicano".

Además, el Tribunal criticó al juez Armella por basarse casi exclusivamente como prueba para procesar a los manifestantes en la denuncia presentada por el gobierno nacional y en actas policiales.InfoBae

jueves, 30 de junio de 2011

JUNÍN: CUATRO AÑOS DE VERICUETOS LEGALES IMPIDEN QUE HAYA SEGURIDAD EN CRUCES FERROVIARIOS

Tras cuatro años de haberse iniciado un amparo, la causa duerme en la Cámara Federal de La Plata esperando una resolución definitiva. En primera instancia, el juez Héctor Plou había ordenado al Estado nacional y a la empresa concesionaria América Latina Logística, la colocación de barreras y señalización lumínica y sonora en tres cruces peligrosos de la ciudad: Almirante Brown, Pastor Baumann y Ricardo Rojas.


Justamente en dos de ellos, durante apenas 60 horas, se registraron tres accidentes, que implicaron una importante pérdida material pero felizmente no arrojaron víctimas.

Según contó el subsecretario Legal y Técnico del municipio, Patricio Fay, “el juicio en sí es un amparo que se inició hace casi cuatro años, contra el Estado nacional, representado por la Secretaría de Transporte que depende del Ministerio de Planificación, y la empresa concesionaria América Latina Logística”.

“El caso fue iniciado por el Intendente, en su nombre y de los ciudadanos, conjuntamente con el señor Armando García que representaba a la sociedad de fomento San Martín”, indicó.

Fay sostuvo que “en primera instancia, el amparo tuvo una resolución favorable y condenó tanto a ALL como al Estado nacional a llevar adelante una serie de obras tendientes a mejorar la seguridad en los cruces”.

El funcionario observó que “de parte de la empresa hay un desinterés absoluto, seguramente por una cuestión económica, y del Estado nacional realmente alarma el desinterés que evidencia en este punto, ya que al juicio se llegó luego de innumerables reclamos por el Intendente, los ciudadanos de los distintos barrios que presentaron petitorios, que jamás fueron respondidos ni atendidos”.

Condena

En primera instancia, el juez federal Héctor Plou “condenó al Estado y la empresa a instalar señales lumínicas y sonoras en el paso a nivel de calle Ricardo Rojas, que también es un lugar peligroso, y barreras en Pastor Baumann y Almirante Brown, que tienen un tránsito enorme y se va incrementando cada vez más con el crecimiento de la ciudad”.

“Esto no se cumplió, porque se limitan a apelar, a dilatar el proceso judicial. La Cámara Federal está desbordada de trbajo, los tiempos son muy prolongados para las resoluciones y sentencias, así que seguimos aguardando si se confirma la sentencia, como creemos que corresponde porque hemos aportado todas las pruebas para demostrar la peligrosidad de los pasos y la necesidad de instalar medidas de seguridad”, dijo Fay.

También adelantó que “vamos a seguir insistiendo, seguramente vamos a concurrir personalmente alguien de la Municipalidad a la Cámara Federal para ver si logramos una pronta decisión. Vamos a pedir un pronto despacho porque esta situación es alarmante y nos preocupa mucho”.

Los peligros

Por otra parte, remarcó que “creemos que si el Estado nacional tuviera la decisión, podría solucionar este problema en apenas unos minutos, porque estamos hablando de cifras mínimas. La empresa se mueve por intereses económicos, y lo realmente grave es el desinterés y la negligencia que ha mostrado el Estado nacional en esta situación”.

El subsecretario Legal y Técnico analizó que “cuando ocurren muertes, los órganos de control interno que tiene el Ministerio de Planificación, a través de su poder de policía, seguramente van a actuar rápidamente. Parece que estuvieran esperando una situación extrema, que esperamos no ocurra y podamos resolverlo a través de la Justicia antes”.

“De todos modos, seguimos apelando a un gesto de responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Planificación, del área de Transporte, para que lleven adelante estas medidas, sin perjuicio que luego reclamen los importes gastados a la empresa concesionaria, según los contratos firmados”, resaltó Fay. (Fuente y foto: La Verdad)