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Redacción Crónica Ferroviaria - Fotos: Segundo Giménez
En un hecho de extrema gravedad institucional, la Municipalidad de la Capital Tucumana, procedió al levantamiento y corte de rieles del Ramal C28 de la Línea Belgrano y que pertenece a la empresa Trenes Argentinos Cargas.
La acción, justificada por el municipio como una medida para el drenaje de aguas pluviales, se ejecutó sin planificación técnica ni autorización de los organismos nacionales, lo que configuraría un delito federal.
Ilegalidad Manifiesta: La infraestructura ferroviaria es propiedad del Estado Nacional. Su remoción sin el aval de la ADIFSE y Belgrano Cargas y Logística viola la Ley 2.873, afectando activos estratégicos que la Policía Federal ya inspeccionó tras las denuncias pertinentes.
Destrucción de Conectividad: El tramo afectado es el enlace vital entre los Ramales CC y C (C8). Este nexo une San Miguel de Tucumán con San Andrés y proyecta la carga hacia Salta y Rosario de la Frontera, atravesando el corazón productivo de Garmendia y 7 de Abril.
La justicia federal debe actuar con la celeridad y contundencia que la protección del patrimonio nacional exige. No se puede permitir que la impericia municipal desmantele el futuro logístico del Norte Argentino.
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