Gremiales
Podrían recibir multas superiores a $ 20.000; protesta de los
metrodelegados
Los acusados de estorbar la recaudación de ingresos económicos en el sistema
de subtes, infracción prevista en el Código de Faltas porteño, seis
trabajadores de la red enfrentan desde ayer un juicio oral y público por haber
levantado los molinetes en la estación Constitución de la línea C, hace casi un
año. Si fueran declarados culpables, podrían recibir multas superiores a 20.000
pesos.
Tras el comienzo del proceso judicial, los metrodelegados anticiparon
que hoy marcharán hacia la puerta del juzgado contravencional y de faltas Nº 2,
en Tacuarí 138, donde se realizará la segunda audiencia, porque consideran que
se intenta "judicializar toda protesta social y gremial" y
"cercenar las libertades" de los trabajadores.
La primera jornada del juicio oral y público, a cargo del juez Carlos
Bentolila, se concretó ayer. El grupo de empleados del subte acusados,
originalmente 13 miembros, fue imputado por infringir el artículo 9.1.1.2 del
Régimen de Faltas. Establece que todo aquel que "impidiere, estorbare o
entorpeciere el funcionamiento y/o recaudación de ingresos y/o circulación del
sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo de
la ciudad, salvo el ejercicio regular del derecho de huelga, será sancionado/a
con multa de 300 a 3400 unidades fijas".
Cada unidad fija tiene un valor equivalente a medio litro de nafta de
mayor octanaje, por lo que la sanción podría superar los $ 20.000.
Ayer, la defensa de los trabajadores -entre los que se encuentran
dirigentes de los metrodelegados- planteó la existencia de irregularidades en
la notificación a los imputados: señaló que varios de los acusados no pudieron
realizar el descargo en tiempo y forma, en desmedro de su derecho de defensa.
Bentolila admitió la objeción y desvinculó a siete de los trece acusados.
El juez aclaró que en el proceso se debe determinar si efectivamente se
cometió una falta. En ese sentido, la fiscal María del Carmen Giocco argumentó
que los trabajadores obstruyeron con cintas y carteles los molinetes de la
estación Constitución de la Línea C, el 27 de febrero de 2014, impidiendo el
paso de los pasajeros que deseaban pagar el pasaje. Por su parte, la defensa
dijo que los empleados ofrecían la opción de viajar sin pagar, pero que aquel
que quisiera abonar el viaje contaba con total libertad para hacerlo.
Luego, declararon dos testigos vinculados con las áreas de Recursos
Humanos y Legal y Técnica de Metrovías, y otros cuatro que participaron de la
protesta convocada aquel día en solidaridad con petroleros condenados a cadena
perpetua.LaNación.com
