Por: Román Ballesteros (Para Crónica Ferroviaria)
Quiero hacer pública mi presentación de seis puntos realizada al señor Intendente Municipal de la Ciudad de Córdoba, señor Giacomino, en oportunidad de viajar a China para firmar un acuerdo (¿o compromiso?) para construir un tren subterráneo en dicha capital provincial. La misma es la siguiente:
Primera: tener definido previamente un Plan integral y funcional del sistema urbano y sus alrededores para luego encargar un sistema subterráneo de transporte a la Presidencia de Nación.
Esta premisa es básica en todo el mundo. En particular para nosotros, es más necesaria porque el estado y funcionamiento actuales son improvisados, ineficientes y caros, sin controles efectivos. Sin planificación estructural no habrá una dimensión correcta, como tampoco segura.
El requisito de tener preparado un plan integral y funcional de transportes es una tarea que demanda muchos estudios, propuestas alternativas, evaluaciones de los límites, una base de datos válidos ya homologada como documentación fidedigna y confiable.
También requiere formalizar consultas con especialistas en el tema, sociedades profesionales de la ingeniería y la arquitectura urbanística. Es imprescindible educar a la opinión pública y a los sectores involucrados sobre el uso racional de los medios disponibles. La participación del usuario es indispensable para conocer de antemano las necesidades de la sociedad en su conjunto para el mediano plazo.
Segunda: es necesario saber -ante todo- cuánto cuesta un Plan integral y funcional del sistema y conocer los beneficios sociales y materiales que rendirá, para el plazo de ejecución y vigencia, por ser un servicio básico y necesario.
Esta premisa es prioritaria para Córdoba. En particular las estimaciones de costos son siempre superficiales y sólo sirven para nosotros, nada más. Pero es una obligación del administrador público conocer de antemano el costo resultante, para luego rendir cuentas conforme a la ley pública. Ejemplo: Si el Plan cuesta 1000 millones de dólares en 25 años, sería redituable lograr un beneficio social por 600 millones de dólares en ese plazo. O sea: 24 millones de dólares por año para la población en su conjunto. Significa esto pues un beneficio de 10 mil dólares anuales para cada vecino en obras, servicios, empleos, beneficios en infraestructura (traslados y distancias, horas útiles), etc.
Tercera: ¿Quién será el ejecutor del Plan integral? ¿Quienes serán los actores involucrados? El conjunto de personas responsables de llevar adelante y concretar el mismo tras su aprobación legislativa debe estar comprometido con el objetivo.
Esta cuestión es primordial para toda obra pública de largo plazo. Seguramente las pautas del Plan deben estar previstas para que el proceso tecnológico, la organización y el presupuesto correspondiente vayan sincronizados con la voluntad de la autoridad municipal para resolver cada uno de los componentes del Plan aprobado.
Cuarta: La solución tecnológica elegida para el transporte integral (con alcance masivo urbano) tiene que ser evaluada responsablemente, comparando con otras alternativas, de igual modo en cuanto a costos-beneficio social.
Hay muchos factores en juego, en particular las facilidades disponibles en la ciudad y sus alrededores.
Por ejemplo: la disponibilidad total de 77 km de vías ferroviarias con poco uso y semi-abandonadas – el trazado del ferrocarril se extiende en todo el ejido urbano de la Ciudad de Córdoba y su zona periférica – su fácil remodelación para ser utilizadas mediante un plan de trabajos de aprovechamiento moderno – se tienen disponibles más de 60 km lineales de trazas ferroviarias para unir los distintos sectores y barrios de la ciudad y alrededores mediante avenidas amplias de uso compartido (20 km lineales) – la cercanía de varias localidades populosas con actividades laboral, educacional, turismo, regional, etc.
Existen varias estaciones ferroviarias en: Argüello, Saldán, Rodríguez del Busto, Alta Córdoba, Mitre, Talleres, Empalme, Estación Flores, Ferreyra que permiten armar una red urbana de tranvías con su necesaria y conveniente alimentación eléctrica. Este recurso básico está disponible para nuevas demandas.
El costo resultante de una solución alternativa debiera ser tenido en cuenta estrictamente en función de aumentar la mayor cantidad de viajes urbanos e interurbanos y la mayor amplitud de la zona atendida.
Quinta: la prioridad en las ventajas inmediatas y la gradualización de las innovaciones y las mejoras de los componentes son presupuestos estratégicos para la selección de un Plan integral.
Se recomienda a este fin: seleccionar la menor infraestructura posible de un sistema de transporte masivo guiado – con el menor costo integral posible – aprovechamiento eléctrico para aumentar la eficiencia – proyectar la mayor cantidad de formaciones y mejor velocidad media posibles – facilitar una amplia accesibilidad, combinada con otros modos de transportes existentes: ómnibus y trolebuses – procurar la absorción de hasta el 35% de todos los viajes urbanos en los primeros 2 años para el sistema guiado – producir una descongestión vehicular en toda el área central de la ciudad – resolver una gran parte de los viajes interurbanos y de cercanías mediante la eliminación de los pasos a nivel y otros obstáculos urbanos – coordinar prioritariamente el sistema de semáforos urbanos, con tramos de selectividad vehicular, etc.
Sexta: La prioridad presumida por el intendente para imponer un tren subterráneo en Córdoba exige que sepa analizar, cuantificar, evaluar y seleccionar correctamente, con la sociedad cordobesa en su conjunto las ventajas inmediatas y la gradualización de las innovaciones mediante un serio Plan integral de transportes públicos con presupuestos estratégicos definidos democráticamente por el pueblo de Córdoba.
NOTA PS: Esta nota fue escrita antes del viaje del Sr. Giacomino a la República Popular China. ¿Saben con qué volvió?. Con un acuerdo firmado con dirigentes chinos para contratar un subterráneo de 10, 5 km en Córdoba a un precio de 1.800 millones de dólares. Inaceptable desde todo punto de vista.
Una verdadera irresponsabilidad manifiesta del Intendente de la Ciudad de Córdoba. La sociedad toda debiera rechazar ya este acuerdo. El Concejo Deliberante de Córdoba tiene la palabra y el deber de impedir con justa causa esta torpe decisión.
