La Defensoría del Pueblo de Formosa denunció la exclusión de la provincia del proceso licitatorio de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A.

Privatizaciones

Redacción Crónica Ferroviaria

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, a cargo del Dr. José Leonardo Gialluca, denunció en el seno del Segundo Plenario de ADPRA, la exclusión de la Provincia de Formosa en el Proceso Licitatorio de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., formalizada mediante la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, "que utiliza un criterio puramente comercial y macroeconómico, el cual prioriza las redes operativas con rentabilidad inmediata, dejando a todo nuestro territorio aislado de la red ferroviaria nacional", expresa el comunicado.

Asimismo, manifiesta que "el modelo de concesión por 50 años busca captar capitales privados enfocados principalmente en el transporte masivo de cereales y oleaginosas hacia las terminales portuarias del Gran Rosario, bajo este esquema, la Secretaría de Transporte y el Palacio de Hacienda concentraron el mapa licitatorio en provincias como Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, donde la infraestructura ya existente permite conectar de forma directa las grandes zonas agropecuarias con los puertos de exportación".

Además, dice que "en dicho ámbito, requirió el acompañamiento Institucional de todos los Organismos de la Constitución del país, quienes respaldaron unánimemente un Pronunciamiento de inclusión de “Adendas Contractuales Obligatorias”, de modo que el Ministerio de Economía de Nación, reconstruya el Ramal C-25 de la Línea Belgrano y además concrete el emplazamiento de una nueva traza de conductividad regional que, una las ciudades de Clorinda (Formosa) y Barranqueras (Chaco), toda vez que el actual esquema de concesión contradice la Ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, como así también desconoce el art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional que prevé la denominada “Cláusula del Progreso” que promueve el desarrollo armónico de las regiones de nuestro país, promoviendo políticas públicas diferenciadas que tiendan a equilibrar un avance desigual entre las jurisdicciones de nuestro interior".

Gialluca, fundamentó el requerimiento en que la combinación de la reactivación del Ramal C-25 (clausurado en la década del 90) más la construcción de la nueva traza Clorinda – Formosa – Barranqueras (Chaco) elevaría el ahorro logístico de la provincia entre el 45% y el 55% en comparación con el costo actual de mover la carga de forma 100% vial mediante camiones.

A la vez, expresa el comunicado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, que "el impacto presupuestario directo para la economía regional comprende: 

* Ahorro global anual: Se estima un beneficio neto total superior a los USD 130 millones anuales para el sector productivo y comercial combinado de la región. 

* El costo de flete en el tramo Clorinda-Barranqueras (aproximadamente 280 km) o a lo largo del Ramal C-25 cae drásticamente, permitiendo retener entre USD 28 y USD 35 extra por tonelada que hoy se absorben en camiones de gran porte" 

El Nuevo Corredor Clorinda – Formosa – Barranqueras (280 km), abre las puertas al flujo internacional de importación y exportación de la hidrovía Paraguay-Paraná y el comercio con Paraguay, al conectarse de forma directa con los nodos logísticos del Ramal C-3 en Barranqueras (Chaco), permite que el flujo de camiones pesados libere la saturada y deteriorada Ruta Nacional 11, reduciendo drásticamente los gastos de vialidad nacional, provincial y la siniestralidad. A su vez, el trazado vertical capta el flujo norte-sur y de frontera, mediante la reactivación del Ramal C-25 rescatando la producción agrícola, forestal y de hidrocarburos del oeste de Formosa, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, articulándola de manera transversal con el NOA (Salta) y los grandes puertos fluviales de exportación.

Beneficios para las rutas: Otro de los efectos de una recuperación plena del sistema ferroviario está relacionado con el actual estado de las rutas. Gialluca, planteó que quienes deterioran las rutas son los camiones, al referirse al impacto del transporte pesado sobre la infraestructura vial. La situación se vuelve más compleja cuando no existen controles sobre el peso de las unidades.  

Por último, expresa el Defensor del Pueblo que "cada tonelada adicional que se transporta exclusivamente por carretera significa mayor presión sobre rutas, además de mayores gastos de mantenimiento para el Estado. La transferencia de una parte importante de esas cargas al ferrocarril permitiría aliviar las mismas y reducir el deterioro provocado por el transporte pesado".