Chile: Robos de cobre en trenes mineros se disparan y desafían medidas de seguridad en el norte

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Durante los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 34 ataques y la sustracción de 169 toneladas de cobre desde convoyes ferroviarios. Las bandas han logrado vulnerar sistemas de protección instalados para resguardar cargamentos procedentes de operaciones como Chuquicamata y El Abra.

Los robos de cobre desde trenes mineros se han intensificado en el norte de Chile, mediante operaciones delictuales cada vez más coordinadas y sofisticadas que han conseguido vulnerar medidas de seguridad utilizadas durante años por las compañías.

De acuerdo con antecedentes de Antofagasta plc consignados en una investigación de Reuters, su filial Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) contabilizó 86 robos durante 2025, más del doble de los 39 ataques registrados en 2022.

La situación continuó agravándose este año. Durante los primeros cuatro meses de 2026, los delincuentes atacaron los convoyes en 34 oportunidades y sustrajeron 169 toneladas de cobre, volumen equivalente al 71% de todo el material robado durante el año anterior.

FCAB opera una red ferroviaria de aproximadamente 700 kilómetros, utilizada para transportar cobre desde faenas propias y de otras compañías hasta los puertos del norte del país.

Los ataques se producen principalmente en sectores aislados del desierto de Atacama, caracterizados por una infraestructura limitada y escasa cobertura de comunicaciones. Según los antecedentes recopilados, algunos integrantes de las bandas saltan desde vehículos en movimiento hacia los vagones, desde donde arrojan placas de cobre de aproximadamente 80 kilos para que sean recogidas por otros miembros del grupo.

En otros casos, los delincuentes utilizan cables provistos de ganchos para extraer grupos completos de placas desde trenes que disminuyen su velocidad durante el recorrido.

Chuquicamata y El Abra entre los cargamentos afectados

Uno de los blancos recurrentes ha sido el tren que transporta cobre desde la División Chuquicamata de Codelco. Durante 2025, este servicio fue atacado decenas de veces, ocasionando el robo de material valorizado en aproximadamente US$2,4 millones.

Tras esos episodios, el operador ferroviario presupuestó una cifra similar para instalar jaulas de protección y destinar personal de seguridad al resguardo del recorrido.

Sin embargo, estas barreras, consideradas hasta ahora una de las medidas más eficaces contra los asaltos, también comenzaron a ser vulneradas. A comienzos de 2026, un tren equipado con una de estas estructuras y que transportaba mineral desde la operación El Abra, perteneciente a Freeport-McMoRan, fue atacado dos veces en un período de dos semanas.

Para la compañía, estos hechos evidencian una mayor capacidad de adaptación, coordinación y disposición a asumir riesgos por parte de las organizaciones involucradas.

Aunque los cargamentos suelen contar con seguros durante su traslado, limitando parte de las pérdidas económicas directas, la preocupación de la industria apunta especialmente a la seguridad de los trabajadores, la continuidad operacional de las compañías y la protección de una cadena logística considerada estratégica para la minería del norte.

Del robo a la exportación ilegal

El cobre sustraído es posteriormente vendido a centros ilegales de acopio de chatarra, donde puede ser fundido para eliminar sus identificadores. Luego, el material es enviado al extranjero bajo declaraciones de exportación de chatarra, principalmente hacia mercados como China.

Esta modalidad conecta los ataques ferroviarios con redes de comercio ilegal de alcance transnacional y con mecanismos destinados a ocultar el origen del mineral.

En abril de este año, una operación conjunta de la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas permitió desarticular una organización que habría comercializado cerca de US$917 millones en cobre robado entre 2020 y 2025.

El operativo terminó con 25 personas detenidas y la incautación de 187 toneladas de cobre, además de armas y vehículos. La investigación también detectó la obtención fraudulenta de más de US$55 millones mediante devoluciones tributarias asociadas a exportaciones.

Industria pide fortalecer la legislación

La creciente frecuencia y complejidad de estos delitos ha reactivado las solicitudes de la industria para contar con un marco legal específico que permita perseguir el robo, la receptación y la comercialización ilícita de cobre.

El Senado aprobó en 2024 una iniciativa destinada a endurecer las sanciones y establecer una regulación específica para este delito. Sin embargo, el proyecto permanece pendiente en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Mientras la tramitación legislativa no avanza, las empresas enfrentan bandas capaces de adaptar sus métodos a las nuevas barreras físicas, actuar en zonas remotas y conectar el mineral sustraído con redes ilegales de procesamiento y exportación.

Aunque el volumen robado continúa siendo reducido frente al tamaño de las exportaciones cupríferas chilenas —que alcanzaron US$5.370 millones durante julio—, su rápido crecimiento representa una amenaza para la seguridad de las personas y para la logística de una industria responsable de cerca de una cuarta parte del suministro mundial de cobre. RevistaNuevaMinería.com