Pedido de informes al PEN sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado general de la infraestructura ferroviaria y vial de jurisdicción nacional.

Proyecto de Resolución

Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución solicitando un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestiones relacionadas con el estado general de la infraestructura ferroviaria y vial de jurisdicción nacional.

Dicho trámite recayó en el Expte. 4196-D-2026 del 21 de Agosto del corriente año, siendo la firmante de dicho Proyecto de Resolución la Diputada Nacional: Lourdes Micaela Arrieta (Provincias Unidas - Mendoza)

Fundamentos

El presente proyecto de resolución tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación un pedido de informes a fin de conocer de manera integral y actualizada el estado de conservación, mantenimiento, inversión y seguridad de la infraestructura vial y ferroviaria de jurisdicción nacional, atendiendo especialmente a la situación de la Provincia de Mendoza y de los corredores estratégicos destinados al transporte de cargas que atraviesan la región de Cuyo.

Los recientes hechos que involucraron a una formación ferroviaria de cargas y que derivaron en su descarrilamiento y en el derrame de combustible constituyen un hecho que debe ser esclarecido por las autoridades competentes. Sin embargo, la preocupación que motiva esta iniciativa excede las circunstancias particulares de dicho episodio. Un accidente ferroviario debe constituir también una oportunidad para revisar las condiciones generales de la infraestructura sobre la cual circulan diariamente formaciones de pasajeros y cargas y para determinar si los mecanismos de mantenimiento, inspección y control existentes resultan suficientes para prevenir hechos de esta naturaleza.

La infraestructura ferroviaria constituye un componente estratégico para el desarrollo económico y productivo del país. El transporte de cargas por ferrocarril permite movilizar grandes volúmenes de mercaderías a largas distancias, disminuyendo costos logísticos, descongestionando las rutas y reduciendo el impacto del transporte pesado sobre la red vial.

Esta función adquiere particular relevancia en provincias como Mendoza, cuya ubicación geográfica la convierte en un corredor estratégico para el intercambio comercial, el transporte de cargas y la vinculación con los pasos internacionales y los principales centros productivos del país. No obstante, el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria requiere que las vías, puentes, sistemas de señalamiento, cambios, empalmes y demás componentes se encuentren en condiciones técnicas compatibles con las características y el volumen de las formaciones que circulan.

La seguridad ferroviaria no puede depender exclusivamente de controles posteriores a la ocurrencia de un accidente. Requiere una política permanente de mantenimiento preventivo, inspección, renovación de infraestructura, identificación de sectores críticos y asignación suficiente y sostenida de recursos. En este sentido, resulta indispensable conocer cuáles son actualmente los tramos de la Red Ferroviaria Nacional que presentan restricciones de velocidad o carga, cuáles requieren intervenciones urgentes y cuáles se encuentran fuera de servicio por razones vinculadas con su estado de conservación.

La preocupación adquiere mayor relevancia en el contexto de la emergencia ferroviaria declarada por el Estado Nacional en junio del 2024, el cual vencía en junio del 2026 como plazo inicial pero que la Resolución N.º 12/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada el 20 de febrero de 2026, prorrogó la emergencia por otros 24 meses. 

Si la propia Administración reconoce la existencia de una situación de emergencia que requiere inversiones y acciones extraordinarias para recuperar y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, resulta indispensable que el Congreso de la Nación pueda conocer con precisión cuál es el estado actual de la infraestructura, qué obras se han realizado, cuáles permanecen pendientes y qué grado de ejecución han alcanzado los recursos destinados a tal finalidad. Del mismo modo, resulta necesario conocer el destino de los recursos públicos afectados al sistema de transporte. 

La existencia de mecanismos de financiamiento específicos y de recursos provenientes de impuestos y fondos vinculados al transporte obliga a garantizar que dichos recursos sean efectivamente destinados a las finalidades para las cuales fueron previstos y que su ejecución pueda ser controlada de manera transparente.

En particular, resulta pertinente conocer los recursos destinados al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), así como aquellos provenientes de mecanismos de afectación específica vinculados con los combustibles y el transporte, su distribución entre los distintos componentes del sistema y el nivel de ejecución alcanzado. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto se recauda y cuánto se presupuestan, sino también cuánto se ejecuta efectivamente y qué resultados concretos se obtienen en materia de infraestructura y seguridad.

La misma preocupación debe extenderse a la Red Vial Nacional. El deterioro de rutas, puentes, alcantarillas, banquinas y demás elementos de infraestructura no solamente incrementa los costos logísticos y afecta la conectividad, sino que puede convertirse en un factor de riesgo para quienes transitan diariamente por ellas. Por ello, resulta necesario contar con información sobre los tramos críticos, las obras de mantenimiento realizadas y pendientes y los recursos destinados a su conservación.

En el caso particular de Mendoza, la situación reviste especial importancia debido a su posición estratégica dentro de los corredores nacionales de transporte y a su vinculación con el comercio internacional. La circulación de vehículos pesados, formaciones ferroviarias de carga y sustancias potencialmente peligrosas exige contar con infraestructura adecuada y con mecanismos de prevención y respuesta acordes con los riesgos existentes. Asimismo, la sustracción, vandalización o manipulación de componentes ferroviarios constituye una problemática que no puede ser soslayada. Rieles, fijaciones, cambios, señales y otros elementos resultan esenciales para garantizar la circulación segura de las formaciones. 

El 30 de enero de 2026 en San Martín, Mendoza una formación de Belgrano Cargas que transportaba cemento, cobre y otros materiales descarriló en el departamento de San Martín, cerca del barrio Venier.1 A su vez el 20 de agosto de 2026 en Las Heras, Mendoza una formación de carga de aproximadamente 40 vagones descarriló durante la madrugada en la zona de Avenida San Martín y Curupaytí. La formación se dirigía hacia Palmira. Parte de los vagones quedaron fuera de las vías y s registro una pérdida de combustible (gasoil), requiriendo la intervención de personal de Bomberos se produjo una situación de riesgo por la cercanía con la calzada.2 Según testimonio de un vecino “se roban los empalmes y quedan las vías libres… este suceso ya ha pasado otras veces, además de que las vías están en muy mal estado, si lo ves pasar al tren, el mismo se mueve”

Por ello, además de conocer el estado físico de la infraestructura, es necesario determinar qué mecanismos de vigilancia y protección se encuentran implementados para prevenir su deterioro o sustracción y qué protocolos existen para detectar rápidamente cualquier alteración que pueda poner en riesgo la seguridad ferroviaria.

La prevención adquiere una dimensión aún mayor cuando se trata del transporte de combustibles, sustancias peligrosas o materiales potencialmente contaminantes. Un accidente ferroviario o vial que involucre este tipo de cargas puede generar consecuencias que excedan ampliamente el ámbito del transporte y afectar a las poblaciones cercanas, los recursos naturales y el ambiente. Por ello, resulta indispensable conocer los protocolos de prevención, respuesta, contención y remediación vigentes.

El Congreso de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales de control, debe contar con información suficiente para evaluar las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional. El artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de esta Honorable Cámara constituyen herramientas institucionales destinadas precisamente a requerir información a los organismos del Estado y fortalecer el control parlamentario.

El presente pedido de informes no pretende limitarse al análisis de un hecho aislado, sino obtener un diagnóstico general que permita determinar si la infraestructura vial y ferroviaria nacional se encuentra en condiciones compatibles con las necesidades actuales del país, si los niveles de inversión y mantenimiento resultan suficientes y si los recursos destinados a dichas finalidades son efectivamente ejecutados. La seguridad de quienes utilizan las rutas y los ferrocarriles, de los trabajadores del sistema de transporte y de las comunidades ubicadas a lo largo de los corredores de circulación exige que el Estado adopte una política basada en la prevención y no únicamente en la respuesta frente a los accidentes.