Proyecto de Resolución para expresar preocupación y rechazo por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional sobre el transporte público de pasajeros

Proyecto de Resolución

Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un Proyecto de Resolución para expresar preocupación y rechazo por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional sobre el transporte público de pasajeros y otras cuestiones conexas.

Dicho trámite recayó en el Expte.2015-D-2026 del 08 de Mayo del corriente año, siendo los firmantes de dicho Proyecto de Resolución los Diputados Nacionales: Natalia Zaracho (Unión por la Patria - Buenos Aires), Lorena Pokoik (Unión por la Patria - C.A.B.A.), Agustín Oscar Rossi (Unión por la Patria - Santa Fe), Hugo Yasky (Unión por la Patria - Buenos Aires), Adriana Cristina Serquis (Unión por la Patria - Río Negro), Carlos Daniel Castagneto (Unión por la Patria - Buenos Aires), Hilda Aguirre (Unión por la Patria - La Rioja), Marcelo Mango (Unión por la Patria - Río Negro).

Fundamentos

El transporte público en la Argentina atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años como consecuencia de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional, que viene avanzando en un proceso de desfinanciamiento y retiro del Estado de áreas esenciales, afectando de manera directa la vida cotidiana de millones de argentinos y argentinas.

Lejos de constituir un servicio más, el transporte público es una herramienta indispensable para garantizar el acceso al trabajo, la educación, la salud y la integración social. Sin embargo, mientras el Gobierno Nacional profundiza recortes presupuestarios y reduce su participación en el sostenimiento del sistema, usuarios y usuarias deben enfrentar tarifas cada vez más elevadas y servicios cada vez más deficientes.

En los últimos meses se han multiplicado las situaciones de colapso en distintas regiones del país: reducción de frecuencias, demoras permanentes, colectivos saturados, suspensión de recorridos y cierre o paralización de líneas enteras de transporte automotor. Particular gravedad reviste la situación registrada en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, donde varias líneas quedaron paralizadas o al borde del cierre, dejando a miles de personas sin posibilidades normales de movilidad.

A ello se suma la creciente incertidumbre sobre la continuidad de servicios ferroviarios estratégicos y el deterioro general de la infraestructura del sistema de transporte, producto de la falta de inversión y de una política nacional orientada exclusivamente al ajuste fiscal, sin contemplar las consecuencias sociales de dichas decisiones.

Mientras tanto, el costo del boleto continúa aumentando mes tras mes, trasladando todo el peso de la crisis sobre trabajadores, estudiantes y jubilados que dependen diariamente del transporte público. El resultado es evidente: se paga más por un servicio cada vez peor.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el transporte público representa unos 10 millones de viajes diarios, se profundizó la fragmentación del sistema. Se eliminaron subsidios directos como la Red SUBE y se destruyó la integración tarifaria entre las líneas de las distintas jurisdicciones.

A ello se le sumó la indexación tarifaria mensual de la tarifa de un 2% por encima de la inflación, en un contexto donde el salario promedio presenta una caída real frente al costo de vida. Impactando también en una reducción de los usuarios y usuarias que optan por realizar sus viajes en medios alternativos o directamente no realizarlos.

Diversos actores del sector vienen advirtiendo que la combinación entre el incremento del combustible, la quita de subsidios y la falta de previsibilidad económica está llevando al sistema a una situación límite. Sin embargo, el Gobierno Nacional persiste en una política de indiferencia frente a una problemática que impacta de lleno sobre la población.

Las consecuencias de este escenario no son solamente económicas. La reducción de frecuencias implica mayores tiempos de espera, hacinamiento, pérdida de horas laborales y educativas, además de una mayor exposición a situaciones de inseguridad en paradas y estaciones, especialmente durante horarios nocturnos.

El retiro del Estado de sus responsabilidades en materia de transporte no hace más que profundizar desigualdades y consolidar un esquema donde el ajuste termina recayendo, una vez más, sobre quienes menos tienen y más dependen del servicio público para desarrollar su vida cotidiana.

Por todo ello, resulta imprescindible exigir al Gobierno Nacional que abandone la lógica del ajuste indiscriminado y adopte medidas urgentes para garantizar la continuidad y sostenibilidad del sistema de transporte público en todo el territorio nacional