Personas con Discapacidad: Acceso gratuito a los servicios públicos de Transporte. Régimen

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Ley sobre Régimen sobre Personas con Discapacidad: Acceso gratuito a los servicios públicos de Transporte. 

Dicho trámite recayó en el Expte. 5383-D-2015 del 01 de Octubre del corriente año, siendo los firmantes de dicho proyecto de Ley los siguiente Diputados Nacional:

Andrés Larroque (Frente para la Victoria - PJ - CABA)

Nilda Mabel Carrizo (Frente para la Victoria - PJ - Tucumán)

Mayra Soledad Mendoza (Frente para la Victoria - PJ - Buenos Aires)

Martín Alejandro Pérez (Frente para la Victoria - PJ - Tierra del Fuego)

Juan Cabandié (Frente para la Victoria - PJ - CABA)

Mauricio Ricardo Gómez Bull ((Frente para la Victoria - PJ - Santa Cruz)

María Luz Alonso (Frente para la Victoria - PJ - La Pampa)

Fundamentos

Es responsabilidad del Gobierno Nacional asumir las prioridades contenidas en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas, que enfatizan el derecho de esas personas a participar en igualdad de condiciones y con equiparación de oportunidades junto al resto de la población en vista del desarrollo social y económico del país

Siguiendo el marco internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), cuyo objetivo principal es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, recepta un principio fundamental para las personas con discapacidad, "el de igualdad y respeto entre los hombres", entendiendo a esta no como nivelación absoluta, sino como igualdad relativa propiciada por una legislación tendiente a compensar las desigualdades naturales.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo incorporada al bloque normativo Constitucional Argentino a través de Ley Nº 26.378, obliga al Estado argentino a tomar todas aquellas medidas necesarias tendientes a generar mecanismos que permitan el pleno goce de los derechos humanos a las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

En ese mismo sentido reza el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) aprobado en nuestro país por Ley 24.658, al establecer que los Estados Partes se obligan en orden a su grado de desarrollo, a adoptar todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna la plena efectividad de los derechos que el protocolo reconoce.

En virtud de ello, el Congreso de la Nación a través de la Ley N° 22.431, instituyó un Sistema de Protección integral para las personas con discapacidad tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen cualquier persona.

Se establece también la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con discapacidad , y fundamentalmente el deber de las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad desde el trayecto que mediare entre el domicilio de las mismas y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al que debían concurrir. Es decir, asegurar la accesibilidad y el transporte terrestre gratuito para las personas con discapacidad.

En este punto, resulta oportuno aclarar que la Ley N° 25.635, al modificar el segundo párrafo del inciso a) del artículo 22 de la Ley N° 22.431, conforme la redacción dispuesta por la Ley N° 24.314, eliminó dichas limitaciones en cuanto al destino al que debían concurrir e incorporó las denominadas causas de integración social (familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole), permitiendo de esta manera a la persona con discapacidad compartir situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio.

Que el espíritu y la amplitud de criterio que ha guiado al legislador en la sanción de la Ley N° 25.635, requirió una instrumentación permitiera la obtención de un documento que facilite a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho consagrado a viajar en condiciones de gratuidad. En aquellos años no se encontraba reglamentada la modificación introducida por la Ley N° 25.504, que establece al Certificado Único de Discapacidad como el único documento válido y suficiente, y acreditante de la condición de discapacidad en todo el territorio nacional.

En ese orden de ideas el Decreto N° 38/2004 con el fin de no obstaculizar el libre ejercicio del derecho previsto en la normativa, ha adoptado medidas concretas y eficaces, simplificando los mecanismos de acceso gratuito al transporte colectivo con el objeto de alcanzar las metas propuestas por las normas Nacionales e Internacionales que propician la igualdad e integración social de la persona con discapacidad, zanjando toda duda respecto a la validez del Certificado de Discapacidad expedida por la autoridad competente conforme los presupuestos del artículo 3° de la Ley N° 22.431, texto ordenado por el artículo 1° de la Ley N° 25.504.

Hoy en la actualidad este certificado se encuentra reglamentado a través de la Resol. 675/09 del Ministerio de Salud de la Nación, al tiempo que su aplicación es obligatoria en todo el territorio de la nación.

Que el derecho al libre tránsito y/o circulación de los habitantes por todo el territorio nacional es un derecho consagrado por nuestra carta magna. Y en lo que respecta a las personas con discapacidad según pudimos observar más arriba, es el estado el responsable de asegurar los estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas. No solo suprimiendo las barreras físicas (urbanas, arquitectónicas etc.), sino también aquellas que dificulten el acceso, la utilización de medios propios y públicos, ya sean terrestres, aéreos y acuáticos, de corta, media y larga distancia.

Es cierto también que la cobertura total de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, no solo es materia obligatoria del estado nacional en virtud de la ley 22.431, sino que también responsabilidad de las obras sociales en cuanto a sus afiliados, según reza la Ley 24.901: "[...] tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas destinadas a las personas con discapacidad afiliadas a las mismas, en virtud de la normativa instituida".

También es claro que muchas personas con discapacidad en Argentina se ven en serios problemas a la hora de hacer valer sus derechos. Entendemos que el hecho de trasladarse por vía terrestre a través de la República Argentina resulta una problemática para las personas con discapacidad atento a las grandes extensiones de territorio. La distancia entre Ushuaia y La Quiaca es de aproximadamente 4278 km. Unos 1893 km Kilómetros si tomamos como referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino. Es indudable que las personas con discapacidad no pueden estar sujetas a interpretaciones arbitrarias que de la ley hagan las obras sociales, las empresas de transporte público, la concesión de carreteras‚ autopistas y/o corredores viales.

En este propósito, el presente proyecto pretende garantizar el derecho a libre accesibilidad a toda persona con discapacidad que conduce o es conducida en un vehículo de carácter particular en toda autopista, autovía, ruta y/o corredor vial, mediante exención del pago de tasas, tarifa, peaje en todo el ámbito sujeto a jurisdicción nacional. Siendo extensivo a las personas, instituciones y/o entes públicos que adquieran automotores bajo el régimen establecido por la ley 19.279, así como también a todas aquellas instituciones asistenciales y/o entes de bien público que no persigan fines de lucro y que se dediquen al transporte y/o rehabilitación de personas con discapacidad. Se intenta también ampliar el acceso y gratuidad a los servicios de transporte públicos, al fluvial y aéreo, de manera que puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones con las demás.

Estamos convencidos que es el Estado y su rol activo el que debe, a través de sus organismos, prestar a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, los servicios tendientes a su rehabilitación e inclusión, entendida esta como el desarrollo de las capacidades de la persona con discapacidad.

En consecuencia, surge la necesidad de crear un marco que permita trabajar en conjunto, unificando la normativa vigente, tratando siempre de evitar rigurosísimos técnicos/normativos y demoras que impidan el disfrute pleno de la vida en sociedad.

Corresponde por mandato Constitucional a los representantes del pueblo Argentino legislar (art. 75 inc. 23 CN) y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Nos obliga entonces a repensar y preguntarnos si la normativa vigente en materia de transporte Público y libre tránsito de personas con discapacidad resulta satisfactoria en referencia al marco internacional y a las innegables arbitrariedades que enfrentan las personas con discapacidad en nuestro país.

El presente proyecto de ley establece el orden público y la aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. De modo que podamos garantizar a las personas con discapacidad el acceso al servicio de transporte terrestre, fluvial y aéreo, pudiendo de esta manera participar plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás.

Proponemos entonces que la sola exhibición del Certificado Único de Discapacidad, será documento válido en todo el territorio nacional, a los efectos de gozar de los beneficios contemplados en la ley 22.431/81, sin necesidad realizar otros trámites, revalidas o solicitudes de pases libres en ningún otro organismo Nacional, provincial y/o local.

Creemos que no alcanza solamente con establecer el beneficio, sino que es necesario generar mecanismos efectivos que permitan el acceso a los derechos consagrados de manera rápida y sencilla, sin que la persona con discapacidad tenga que andar recorriendo los organismos públicos en cada provincia o municipalidad, solicitando el pase libre.

Este proyecto además crea un Centro de Reservas de Pasajes Gratuitos con el objeto de gestionar, a las personas con discapacidad, la obtención de pasajes gratuitos en los servicios de transporte de jurisdicción nacional, a través de la atención personal o a distancia, utilizando el servicio telefónico, internet o cualquier otro medio disponible. Simplificando así lo engorroso y tedioso que es el trámite para este grupo de personas.

Se pretende también que la autoridad de aplicación desarrolle o cree un Centro de Atención Telefónica y línea gratuita 0800 para personas con discapacidad de todo el país, con atención las 24hs del día, durante todos los días del año destinado a orientar, contener y asesorar en todo aquello referido al objetivo de la presente ley.

Finalmente, de la lectura anterior podemos inferir que el fin propuesto del proyecto, no es nada más ni nada menos que el de cumplimentarse con aquellas normas Internacionales ratificadas por el Estado Argentino. Cualquier interpretación contraria que se haga de las mismas, generaría responsabilidad internacional al Estado Nacional.

Siempre se debe reclamar el cumplimiento de las leyes, tenga la prestación un alto o un bajo costo y pueda o no afrontarlo la persona con discapacidad o su familia, porque aquí no estamos hablando costos, sino de derechos.