ATENTADO CONTRA LA PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL

Cartas de Lectores

Señor Director:

Desearía que en la prestigiosa página Crónica Ferroviaria, se publique esta nota que envié al Señor Fiscal de Estado de la Provincia de San Luis, con motivo del inédito como gravísimo atentado perpetrado contra la propiedad del Estado Nacional, como lo es la traza del Ferrocarril San Martín que surca esa provincia y que llega hasta la capital puntana, y perpetrada esta vez por la vía institucional, a través de una Ley sancionada por la Legislatura provincial, y promulgada por el Gobernador, Dr. Alberto Rodriguez Saá, insanablemente nula, por las razones que expongo seguidamente.

Sin otro particular, y encareciéndole la presente, como la misiva referente a Mendoza, tengan favorable acogida, le saluda con mi consideración más distinguida. Saludos.
DR. MAXIMILIANO CÉSAR ODDA.
odda92@hotmail.com


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AL SEÑOR FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS :
DR. EDUARDO SEGUNDO ALLENDE.
Colón y 9 de Julio, 7º Piso.
(5700). SAN LUIS.
S. / D.

Me dirijo a Vd., no solo en mi carácter de funcionario federal, y asesor de la Subsecretaría de Asuntos Ferroviarios, dependiente de la Secretaría de Estado de Transportes de la Nación, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios de la Nación, sino también como ciudadano Argentino, profundamente preocupado y consternado por el tema del epígrafe. Como letrado, coincideremos que se trata de un asunto de extrema gravedad, y desearía creer que Ud., en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de San Luis, ha advertido tanto el Poder Ejecutivo, como a la Legislatura Provincial, sobre el despropósito jurídico que implica la sanción de una Ley, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación, nada menos que a la traza del Ferrocarril Nacional San Martín, sus instalaciones, edificaciones, y demás obras civiles, de inalienable propiedad Federal, y por ende, sobre las serias consecuencias políticas é institucionales que ello acarreará.

Este hecho gravísimo é inédito, se suma a otro anterior acaecido 4 años atrás, cual fue el levantamiento de nada menos que de 40 kilómetros de la vía principal del Ferrocarril San Martín al oeste de la Capital provincial, oportunamente denunciada por ante la Justicia Federal, a raíz de la cual, se secuestraron rieles y durmientes, parte de los cuales están cautelados en la comisaría de Balde. Este gravísimo hecho culminó con varias personas actualmente procesadas y detenidas por la Justicia Federal, por la presunta comisión de los delitos tipificados y penados por los Artículos 194, y siguientes del Código Penal, y concordantes de la Ley General de Ferrocarriles Nº 2.873, y modificatorias, (Ley Mitre).

La carta que el Señor Gobernador le envió recientemente a la Presidenta de la Nación, ha agravado esta inédita crisis. Dicha misiva fue considerada una provocación, y ha suscitado indignación en los mas altos niveles del Estado Nacional, por lo que es de esperar ulterioridades, que no excluirían hasta la intervención Federal a la Provincia. Es de suponer, que Ud. Dr. Allende, como Fiscal de Estado, debe haber asesorado con arreglo a derecho al Señor Gobernador, acerca de las gravísimas consecuencias políticas, institucionales, y económicas que puede acarrear para la Provincia de San Luis y a su Gobierno, este desatino.

El Poder Ejecutivo Nacional, iniciará é instará, las acciones legales correspondientes, a fin de impedir este desmán, que seguramente determinará la intervención de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, por imperio de la manda de los Artículos 75 inciso 18º, y 116 de la Constitución Nacional, lo cual ni Ud., ni el Ministro de Justicia Provincial, ni el propio Señor Gobernador, pueden desconocer, ni dejar de evaluar y preveer.

Es inconcebible que el Estado Provincial Puntano, se aventure, -en base a una Ley Provincial insanablemente nula por manifiestamente repugnante a los Artículos 31, 126 128 y concordantes de la Carta Magna Nacional-, a avasallar propiedad Federal, y menos aún, declararla de utilidad pública y sujeta a expropiación, lo cual le está expresamente vedado a los Estados Provinciales. Ello ha determinado que los Organismos competentes del Estado Nacional, se apresten a adoptar las medidas legales y judiciales que demanda el presente caso, sin contar el indescriptible disgusto que éste irreponsable acto legislativo y político, ha provocado en otras Provincias que verían irreversiblemente afectadas su comunicación por vía férrea en el futuro, trastocando las importantes inversiones que en este momento está efectuando el Gobierno Nacional en obras de infraestructura ferroviaria, tal como renovación de vías, reconstrucción de puentes y otras obras civiles en numerosos puntos del interior del país, y en especial en la zona Cuyana, y afectando con ello, las licitaciones en curso a tales fines, por montos millonarios.

Huelga hacerle saber también que, la iniciativa Provincial de emplazar una eventual estación ferroviaria en Beazley, ha sido rechazada de plano, por manifiestamente inviable é inconsistente.

Señor Fiscal de Estado: No escapará a su elevado criterio, que con la norma Provincial en crisis, no solo se pretende lesionar propiedad Federal en general, sino lisa y llanamente incautar la tierra en particular sobre la que se asienta la traza férrea, -también de propiedad Nacional- sin dejar de mensurar que, además de la tierra, están las vías férreas, puentes, obras civiles, edificios, obras de artes, señales, é instrumental para las comunicaciones de las formaciones ferroviarias, -indispensables para la futura y ya planificada reactivación del tráfico ferroviario para cargas y pasajeros en esa región- y demás instalaciones, que también son de inalienable é irrenunciable titularidad del Estado Nacional.

Contrariamente a los pueriles é inconsistentes argumentos que se han difundido en esa Provincia, la legitimidad de la titularidad dominial del Estado Nacional sobre los bienes en crisis, datan del Siglo XIX, con la Ley de creación del entonces Ferrocarril Nacional Andino, la Ley de Nacionalización de los Ferrocarriles Británicos de 1948, y demás instrumentos legales y dominiales en poder de los Organismos competentes del Estado Nacional, sin contar los delitos de daño a la propiedad pública, é incumplimiento de los deberes de funcionario Público, en los que estarían incursos el Señor Gobernador, Ud. como Asesor de éste, y a todos los legisladores que aprobaron esta Ley nula de nulidad absoluta, que lejos de haber defendido propiedad Nacional en su carácter de agentes naturales del Gobierno Nacional, la desconocieron, violaron, é incumplieron.

La cuenta regresiva ha comenzado, y es de esperar que los poderes del Estado Provincial Puntano, recapaciten, y resuelvan reencauzarse observando y haciendo observar la Constitución Nacional y las Leyes de la Nación, por el bien de la República, y del propio Estado Puntano. Atentamente :
DR. MAXIMILIANO CÉSAR ODDA.
DNI Nº 33.694.212