Mientras los mails de Manuel Vázquez siguen aportando elementos sobre los negociados y las comisiones cobradas durante la gestión de Ricardo Jaime, una nueva operación que involucra trenes usados ha comenzado a salpicar a las actuales autoridades de Transporte.
Al igual que la anterior compra de locomotoras y coches de pasajeros que en su gran mayoría nunca llegaron a funcionar, la reciente importación de equipos ferroviarios de España también presenta puntos oscuros.
Lo que está ahora sobre el tapete es un contrato de compra por casi $ 90 millones que suscribió a mediados de octubre el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi con el titular de ferroviaria española Renfe, Teófilo Serrano Beltrán. El convenio -que se encuadra dentro del acuerdo marco de cooperación bilateral que Argentina y España renovaron hasta el año 2014- contempla la provisión de seis formaciones de pasajeros Talgo IV y seis locomotoras diesel eléctricas de la serie 319 que serán destinadas al ramal Buenos Aires-Mar del Plata. Schiavi ayer hizo un descargo.
Del paquete total de los equipos ferroviarios en juego, ya desembarcaron en el país dos trenes Talgo IV y dos locomotoras. En tanto, los restantes vehículos tractivos y rodantes recién tienen fecha de entrega para los primeros meses de 2011. Uno de los cláusulas contractuales que más cuestionamientos ha generado en el sector es la que establece que el “mantenimiento y la asistencia técnica” de los trenes quedará a cargo de Renfe.
A diferencia de la anterior compra que hizo Jaime de locomotoras y coches que iban a ser arreglados acá y que por falta de planificación y recursos quedaron abandonados, esta vez los funcionarios de Transporte optaron por traer los trenes reparados y listos para usar.
Pero más allá de que los trenes ya vengan en condiciones de circular, lo que genera dudas es que se hayan dejado pendientes para otra negociación los montos que cobrará Renfe por las tareas de mantenimiento y la provisión de repuestos.
El segundo punto que levanta suspicacias gira en torno a quién se hará cargo de operar los trenes Talgo a Mar del Plata.
El ramal que llega a la costa atlántica pertenece a la provincia de Buenos Aires y desde 1993 los trenes a Mar del Plata y Pinamar son operados por Ferrobaires, la ferroviaria estatal bonaerense.
Si bien los más lógico sería que Ferrobaires pase a manejar los trenes importados, la postura de Transporte es dejarla de lado y adjudicar la operación en forma directa a un concesionario privado.
En la última semana, Schiavi blanqueó ante el gobernador Daniel Scioli y el Jefe de Gabinete, Alberto Peréz que no quiere ceder la operación de los trenes Talgo a la provincia y que su intención es contratar a Ferrocentral, la concesionaria privada que corre los servicios a Tucumán y Córdoba.
Para poder avanzar con la “privatización” de los Talgo, Schiavi le solicitó a la provincia que restituya la concesión de las vías a la Nación. Dicho pedido se topó con el rechazo del titular de la Agencia Provincial del Transporte, Bartolomé Barreto, quien le propuso a los funcionarios nacionales avanzar en “esquema conjunto” de operación.
El tema no quedó resuelto y en los próximos días volverán a juntarse las autoridades de ambas jurisdicciones para ver cómo se define la cuestión clave de la operación de los trenes usados que se adquirieron en España.
Antecedentes
Entre 2004 y 2009, el Gobierno le compró locomotoras y trenes usados a España y Portugal por un total de $ 1.600 millones.
Por falta de planificación, desacertada distribución de los equipos y demoras en las reparaciones, el 70% de los trenes importados se encuentren hoy varados en las vías.
En octubre la administración kirchnerista volvió a comprar equipos ferroviarias usados a España por $ 90 millones.
La nueva adquisición destinada al ramal a Mar del Plata también genera polémicas porque no se cuantificó el mantenimiento y la provisión de repuestos que hará la empresa española Renfe.
Un vínculo que llega hasta la muerte de Ferreyra
Otro aspecto polémico que rodea a la nueva compra de trenes usados es que la encargada legal de disponer el uso de los equipos es la SOFSE, la empresa estatal que maneja un representante del gremio de la Unión Ferroviaria (UF).
Se trata de Juan Rosauro Araya, uno de los principales colaboradores de José Pedraza y de Juan Carlos “Gallego” Fernández, los máximos directivos nacionales de la Unión Ferroviaria.
Fernández está en la mira de la Justicia como uno de los posibles autores intelectuales del crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.
Araya, por su parte, aparece involucrado en las escuchas telefónicas que ordenó la jueza que sigue la causa como el responsable de haber contratado a uno de los abogados defensores de los barrabravas detenidos y acusados de haber asesinado a Ferreyra.
La SOFSE -por instrucción del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi- es la que está negociando con la privada Ferrocentral la operación de los trenes Talgo a Mar del Plata.(Fuente: Clarín)
Ser seguidor de la presidenta y denunciador de corruptos suena un poco contradictorio.
ResponderEliminaralgunos ferroviarios son pateticos
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