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En España quedó registrado el pago recibido por Vázquez, un hombre que
trabajaba para la Secretaría de Transporte y se quedó con más de dos millones
de euros en sus manos en la intermediación de la compra de trenes a España.
En general en los casos de corrupción no quedan rastros. Una de las
excepciones que rompió la regla es el caso donde se investigan los múltiples
negocios oscuros que se realizaron durante los seis años en los que Ricardo
Jaime manejó la Secretaría de Transporte en nombre del kirchnerismo.
Todo quedó registrado. Las huellas de la corrupción en la Secretaría de
Transporte primero fueron reveladas por el contenido de los mails que guardaban
las computadoras de Manuel Vázquez, asesor, hacedor de negocios y testaferro de
Jaime. Y también quedaron plasmadas en los expedientes enviados desde España a
los Tribunales argentinos. Allí, tal como lo reveló Infobae, quedó escrito en
contratos firmados con empresas españolas que vendieron los trenes (la mitad de
ellos inútiles) a la Argentina, que Jaime autorizó a Vázquez a cobrar
comisiones (coimas) por dos millones de euros.
Y los españoles guardaron, y enviaron a la justicia Argentina, las
facturas de las coimas. Están detallados cada uno de los pagos. Facturas
emitidas por la consultora de Vázquez -asesor de Jaime- tanto en España como en
Argentina. La empresa Expansión Exterior (dedicada a comercializar productos
españoles en el mundo) vendió los trenes de las compañías RENFE y FEVE que
compró la Argentina por unos 200 millones de euros. Esa empresa estatal
española luego se llamó P4R. Ambas pagaron facturas que cobraron Jaime/Vázquez
por sumas nada despreciables.
Las facturas a las que accedió Infobae forman parte de una causa
judicial iniciada por los mails de Vázquez. Pero esa causa quedó anulada
gracias a que la estructura judicial del kirchnerismo, respaldada por la
inacción del fiscal Guillermo Noailles, determinaron que los mails no servían
como pruebas de la corrupción. Ese material llegó desde Madrid y ya fue sumado
al expediente en el que el juez Julián Ercolini y el fiscal Federico Delgado
investigan, a partir de una denuncia de legisladores radicales, la compra de
trenes españoles. Los legisladores de la UCR se basaron en un crítico informe
de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la adquisición del material
ferroviario.
Los sellos de goma con los que Jaime/Vázquez blanquearon las coimas son
los de Controles y Auditorias Especiales SL (CYAES) de España y Controles y
Auditorías Especiales de Argentina (CAESA). Ambas sociedades se repartieron el
cobro de poco más de dos millones de euros y fueron autorizadas por una carta
de Jaime.
Las facturas son de cifras diversas. Las hay de 383 mil euros y de 255 mil confeccionadas en Madrid y en
Buenos Aires con la misma fecha: 4 de mayo de 2007. Las facturas de mayores
montos son del de 2007 y 2008 cuando la voracidad recaudadora de Jaime no tenía
límites. En las facturas de CYAES quedó impresa otra de las falsedades del
sello de goma armado por Vázquez y su socio español Miguel Ángel Lorente:
decían, para dar la impresión de ser una empresa multinacional, que tenían
sucursales en Madrid, Buenos Aires, San Pablo, Bucarest y hasta en Tirana, la
capital de Albania.
En las de CAESA, en tanto, aparecen rubros por los que facturaron tareas
que son incomprobables. En las boletas se lee: “Facturación repuestos”,
“facturación material rehabilitación (butacas)”, facturación material de re
mejoras y suministros”, etc, etc. Las facturas de CYAES están firmadas por
Lorente, en tanto las de CAESA fueron firmadas por otro testaferro de Jaime
llamado Julián Soba Rojo, un hombre que figuraba en la compañía porque Vázquez
-condenado por estafas y cheques sin fondos- no podía armar una sociedad.
La última muestra de la impunidad con la que se movía la gente de
Jaime/Vázquez es la comprobación de facturas emitidas en el año 2011. En 2010
el diario Clarín reveló la existencia de los mails de Vázquez donde quedó
grabada la corrupción de Jaime. Y meses después, a pesar de la exposición
pública que tuvo el caso, tanto aquí como en España, siguieron haciendo
negocios. Facturaron hasta los últimos 1278,99 euros que les restaba cobrar.
Nada los detuvo. Tal vez ahora la Justicia pueda investigar a fondo lo sucedido
con la compra de trenes a España. INFOBAE
