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5 de diciembre de 2019

Ricardo Jaime: "No tengo dudas de que al tren lo mandaron a chocar"

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Redacción Crónica Ferroviaria

Ricardo Jaime, fue desde 2003 hasta 2009 el Secretario de Transporte de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, en un reportaje al medio Infobae en su parte más saliente con relación a la tragedia ferroviaria de la estación Once de Septiembre de la Línea Sarmiento, donde costara la vida de 51 personas, expresó que "quedó demostrado en los juicios de Once que no fue una tragedia, sino un crimen cometido por una persona, que hoy está cumpliendo una condena menor, pero están impunes los autores ideológicos".


"No tengo dudas que al tren lo mandaron a chocar", aseguró y agregó: "quedó demostrado en los dos juicios, el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en el final del andén, y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, lo hubiera dicho. La conclusión es que ese choque fue a propósito, y lo que ocurrió a posterior, porque el juez (Claudio) Bonadio cerró rápido el proceso de instrucción, no investigó".

"Hubo un gran encubrimiento de los verdaderos motivos del por qué chocó el tren; no se buscaba una tragedia de esta naturaleza, sino llamar la atención, pero la tragedia ocurrió. (Marcos) Córdoba fue al autor material, pero los intelectuales no fueron condenados", insistió.

Con relación a su situación personal dentro del penal de Ezeiza, Jaime señaló: "Cuestan los días, nos privaron de tantas cosas, no solo de no estar con la familia. Uno se siente una persona inútil para todo y, más allá de las vejaciones, del desprecio, de las actitudes que ha tenido que soportar desde que ingresé, los tres habeas corpus para que no me entregaran comida con cucarachas, leche en mal estado, el matratro de la requisa permanente, los traslados con cascos, chalecos, esposas al piso de un vehículo, hoy sale que fue digitado por el presidente Mauricio Macri y su mesa judicial".

Para Ricardo Jaime, ¿quiénes serían los autores intelectuales?. Ojalá algún día si Jaime puede demostrar lo que expresa, sería bueno saberlo.

6 de febrero de 2019

Urquía se presentó ante el juez Bonadio y negó ilícitos vinculados a Ferrocentral

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Había sido citado a fin de enero. Es en el marco de una causa surgida de la investigación de los Cuadernos, que indaga en la relación entre empresas concesionarias de servicios ferroviarios y el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime.

El empresario cordobés y exsenador nacional Roberto Urquía se presentó hoy en el Juzgado de Claudio Bonadio.

El titular de Aceitera General Deheza (AGD) y accionista del ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA) había sido citado a fines de enero, en el marco de una investigación surgida de la causa de los Cuadernos, aunque vinculada en exclusiva al sistema de coimas que habría estructurado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Según trascendió, el empresario se presentó esta mañana en Comodoro Py y habría entregado un escrito que, en lo sustancial, niega la existencia de ilícitos en torno de la operatoria de NCA y de la firma Ferrocentral.


"Jamás NCA o sus accionistas tuvieron información o sospecha de cualquier negociación o desvío de fondos ilícitos, los que de hecho, no existieron", plantea en uno de sus párrafos el documento presentado ante la Justicia.

AGD no es una empresa proveedora del Estado ni titular de contratos públicos. Es principalmente exportadora de productos de la industria oleaginosa y productora para el mercado interno de productos alimenticios. Desde la empresa recalcaron que ninguno de sus negocios depende del Estado.

Nuevo Central Argentino SA, de la que AGD es accionista, es una empresa de transporte ferroviario de carga que obtuvo su contrato de concesión durante el proceso de privatizaciones iniciado por el menemismo 1989. Para AGD ese ramal era indispensable para la logística de sus productos exportables. La empresa asegura que por ese servicio no recibe subsidios y paga un canon.

Durante el kirchnerismo, NCA se asoció a Ferrovías y constituyó Ferrocentral para el desarrollo del servicio de pasajeros.

Ferrocentral brindó servicios de Córdoba a Buenos Aires y en el Tren de las Sierras.LaVoz.com

29 de agosto de 2018

El caso Odebrecht también salpica a Franco Macri

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Será la investigación por los sobornos de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento.

Pese al recorte temporal que hizo el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos del chofer, será la investigación por los sobornos de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento la que salpicará a la familia Macri.

Es por su vinculación a la firma IECSA, del primo de Mauricio Macri hasta 2017. Se trata de Angelo Calcaterra.


"En una resolución que pasó desapercibida en medio del escándalo por presuntos sobornos en la obra pública, la Cámara Federal instó al juez Marcelo Martínez de Giorgi a avanzar de manera decidida sobre las constructoras que formaban parte del consorcio adjudicatario de la obra por lo que la empresa brasileña reconoció haber pagado coimas", revela el diario Ámbito.

"Avaló con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia- que las maniobras iniciales para obtener la licitación comenzaron en 2005, cuando se registraron facturas por servicios de una consultora fantasma encabezada por Manuel Vázquez, sindicado como el testaferro del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Así, hizo especial eje en el protagonismo de Javier Sánchez Caballero el N°2- cuando la empresa estaba en manos de Franco Macri y hasta el 2014", agrega.

"No puede perderse de vista que a partir de las irregularidades advertidas en el proceso de licitación y su vinculación con los posibles pagos de sobornos que datarían según lo dicho por el juez del año 2005 en adelante- corresponderá analizar las particularidades de todos los tramos de los hechos actuando en consecuencia", afirmó Irurzun en uno de los pasajes del fallo en el que denegó exculpar al brasileño Luiz Antonio Mameri. La decisión incluyó "retos" al juez por haber establecido un laxo cronograma de indagatorias y por no avanzar en los embargos a las empresas ni en procesamientos. Y aclaró a renglón seguido que esas irregularidades surgieron de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, allanamientos y "los informes de la AFIP en relación a IECSA, COMSA y Caesa". En tribunales recibieron la decisión como un "mensaje" de luz verde (y de respaldo) a la investigación por la que, paradójicamente, ningún empresario se ha declarado arrepentido y todos han negado sistemáticamente los cargos, pese a que ya había estallado el affaire de los cuadernos que generó una "cartelización de arrepentimientos". La Cámara pidió que se comparta de manera ágil la información entre Martínez de Giorgi y Bonadio, con lo que sepultó las chances de que el expediente Odebrecht quedara opacado.

Ambito cuenta: "El 13 de diciembre de 2005 y bajo la factura N°184, IECSA abonó $10.000 "por servicios de consultoría". Esos pagos se registraron de forma mensual hasta 2010, totalizando $600.000, según lo detectado tras un allanamiento a las oficinas de la constructora que pasó a manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Su socia, COMSA, pagó entre 2007 y 2010 otros $270.000. Esas fechas coinciden con la etapa inicial del proceso licitatorio y con la delegación sobre el liderazgo del proyecto que había hecho el Gobierno kirchnerista en la Secretaría de Transporte. Algo que también impacta en el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi". Este último es un ex SOCMA que fue el primer jefe de campaña que tuvo Macri en 2003.ElDestape.com

21 de agosto de 2018

Los cuadernos de las coimas: un empresario vinculado a los trenes se presentó ante Bonadio y quedó detenido

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En 2013, la Justicia declaró prescripta una causa contra Sergio Taselli por "administración infiel agravada" a raíz de la irregularidad en el uso de $35 millones.

Sergio Taselli, quien tuvo a cargo la concesión de los trenes de la línea San Martín, Roca y Belgrano Sur, se presentó este martes en los Tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas y quedó detenido. La Justicia allanó sus oficinas porque su nombre aparece en los escritos del chofer Oscar Centeno.

El empresario había llegado a Comodoro Py de forma espontánea y quedó imputado en la causa. Sin embargo, no es la primera vez que está vinculado a investigaciones por corrupción.

Sergio Taselli

Taselli fue investigado por una serie de irregularidades e incumplimientos en los contratos de explotación de las líneas ferroviarias. Las anomalías comenzaron a finales de los '90 pero fue recién en 2007 cuando el expresidente Néstor Kirchner rescindió los convenios. Unos años después, en 2011, la justicia lo procesó por el delito de "administración infiel agravado en perjuicio del Estado".

Taselli estuvo en la mira por falta de mantenimiento en el material rodante y las vías, además de la ausencia de condiciones de seguridad y falencias en la señalización reglamentaria. Se trató de un manejo irregular de los fondos otorgados por el Estado que ascendió a los $35 millones. Sin embargo, la causa prescribió y el empresario nunca fue condenado.

Su historial judicial no termina allí. En 1994, Taselli se hizo cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una vez que fue privatizada por el gobierno de Carlos Menem. Durante esos años recibió un subsidio anual de U$S 25,5 millones por parte del Estado, aunque nunca cumplió con las inversiones requeridas o alcanzó los niveles de producción acordados. A su vez, llevó adelante un proceso de vaciamiento de la empresa; liquidó el sistema de seguridad; se redujo notablemente la plantilla de operarios y se produjo el traspaso irregular de maquinarias a otras empresas de su propiedad.

En 2004, hubo una tragedia dentro de una mina: un incendio dejó un saldo de 14 operarios muertos. Según la investigación, el fuego se inició en el rodillo de una cinta transportadora de carbón. El operario que debía revisar el buen funcionamiento de esa máquina había sido eliminado durante la gestión de Taselli. El empresario espera ahora el inicio del juicio oral por "administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional".TN.com

5 de julio de 2018

Tragedia de Once: Un perito con más dudas que certezas

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Se trata de Juan Brito, cuyas afirmaciones acerca del frenado del tren fueron decisivas para las imputaciones realizadas por el juez.

El perito clave en el caso de la tragedia de Once naufragó ayer ante el Tribunal Oral Federal número 2, tuvo que admitir errores e incluso reconocer que sus conclusiones originales fueron sacadas de forma autónoma, al margen de la junta de peritos, lo que podría llevar a anular todo lo que sostuvo. De los siete peritos que actuaron en la causa original, todos concluyeron inicialmente que los frenos del tren funcionaban, lo que ponía en el centro de la escena al maquinista Marco Antonio Córdoba, quien no accionó los frenos y entró a demasiada velocidad a la estación. Sin embargo, uno de esos mismos peritos, Juan Alfredo Brito, en forma sorpresiva, se presentó después con un escrito propio en el que se contradijo a sí mismo y sostuvo que no se podía asegurar la capacidad de frenado. La conclusión de Brito fue una base que tomó el juez Claudio Bonadio para sustentar las imputaciones en la causa inicial y también la utilizaron después los jueces del Tribunal Oral para fundamentar las condenas en el llamado juicio Once I. Ahora, se está realizando Once II, con el ex ministro Julio De Vido como principal acusado. Ayer, Brito hizo agua en una audiencia clave, en la que declararon al mismo tiempo y de forma coloquial seis peritos. Brito quedó totalmente solo.


En principio, el debate giró alrededor del carácter de las conclusiones presentadas por Brito respecto de los frenos. El perito admitió que no las había planteado en la junta de peritos, sino que fue un trabajo autónomo, por fuera del coloquio entre los especialistas. Los juristas dicen que eso es nulo, ya que cualquier perito puede tener una disidencia, pero la tiene que plantear inicialmente dentro de la junta y luego está en condiciones de presentar sus conclusiones en disidencia con la mayoría. En el caso de Once, Brito coincidió en las conclusiones con los demás peritos pero luego, sin que nadie lo supiera, se presentó con un dictamen distinto, contrario al  de los otros peritos oficiales. Incluso el juez lo usó para imputar a los demás por falso testimonio, dando por bueno sólo lo sostenido por Brito. Ya en marzo de este año, la Cámara Federal absolvió a los cinco peritos denunciados por el magistrado señalando que no actuaron con dolo y que no estaba para nada probado que habían mentido en sus conclusiones.

Además, ayer, Brito naufragó en casi todas las cuestiones técnicas que afirmó originalmente en su disidencia. Por ejemplo, dijo entonces que la proporción de compresores–coches del tren era deficitaria porque la relación era que había tres compresores que funcionaban en cuatro coches. Cuando ayer le preguntaron argumentó que tomó ese dato de un gráfico incorporado al expediente. Los demás peritos y abogados de la defensa pidieron que se exponga el gráfico y se verificó que la proporción era menor, cuatro compresores funcionaban en los seis coches del tren. “Sí, ese fue un error mío”, admitió Brito.

–¿Pero esto no modifica la capacidad de frenado del tren? ¿No es mayor la capacidad de frenado con esta proporción que con la que usted señaló? –le preguntaron en la audiencia.

–No, no. Bueno, la verdad que sí– terminó reconociendo el perito.

Brito también trastabilló cuando le preguntaron por otro ingrediente de sus conclusiones relacionadas con la velocidad. El perito afirmó que utilizó un programa llamado Matemática en el que lo decisivo son los datos que se ingresan. Cuando le preguntaron de dónde sacó esos datos contestó que del GPS, pero resulta que ese dato fue inexistente, de manera que la conclusión fue errónea.

Brito también había dictaminado que la tragedia fue peor a raíz de los niveles de óxido que tenían las formaciones. Ayer admitió que el óxido se puede medir en un laboratorio, pero que él no recurrió a ninguna medición: la hizo a ojo. Los peritos le señalaron que confundía polvo con óxido. A eso, Brito no tuvo respuesta.

Es decir que durante la audiencia, todos los especialistas que actuaron en el caso se mantuvieron en sus conclusiones, incluso aunque los había denunciado el juez. El único que afirmó que no era seguro que el tren podía frenar, terminó admitiendo errores de todo tipo, fallas fundamentales, en su dictamen.

El saldo de la declaración de ayer fue que quedó reafirmado el dictamen mayoritario de los peritos: que los frenos funcionaban, por lo tanto el tren estuvo a la deriva, sin tracción (sin aceleramiento) ni frenado en los últimos 300 metros; que chocó a 25 kilómetros por hora, cuando debía llegar al anden a cinco kilómetros por hora y que ni siquiera la estructura de paragolpes hubiera frenado una formación que entrara a Once a más de 12 kilómetros por hora.

En los hechos, lo ocurrido favorece incluso a algunos de los que fueron condenados en el anterior juicio porque reitera que una causa fundamental, directa, de la tragedia fue la inacción del motorman. Página12.com

10 de mayo de 2018

Piden investigar los llamados de Arribas durante la época que el arrepentido del Lava Jato le transifirió dinero

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Jorge Di Lello le exigió al juez federal Claudio Bonadio que analice las llamadas entrantes del jefe de los espías durante el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2013, tiempo en que el cambista Leonardo Meirelles aseguró transferirle 850 mil dólares en concepto de soborno para conseguir la obra de Soterramiento de la Línea Sarmiento.

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que se analicen los llamados entrantes del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para la época en que el "arrepentido" del Lava Jato en Brasil Leonardo Meirelles dijo haberle transferido 850 mil dólares como presunto pago de sobornos.

El pedido hecho al juez federal Claudio Bonadio es en la causa por la cual Arribas había denunciado a Meirelles por falso testimonio, y es aquellos registros de llamadas entrantes entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.

 Titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas

Meirelles había declarado que hizo 14 transferencias por orden de Odebrecht  desde un banco de Hong Kong a una cuenta a nombre de Arribas por un monto total de 850 mil dólares en concepto de "acuerdo de sobornos" para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

La causa que se investiga contra Arribas está stand by y a la espera que la Corte Suprema de Justicia evalúe un recurso de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) que promovió proseguí con la investigación pese al archivo decretado en primera y segunda instancia.

Pero en paralelo tramita la causa contra Meirelles en donde el juez Bonadio ordenó su captura nacional e internacional y a su vez denunció a los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez, este último de la PIA, por haberles tomado declaración al "arrepentido" e impulsar aquella otra denuncia.

En el marco de ésta causa es que Di Lello reclama otra medida de prueba así como incorporar en el expediente información de los exhortos enviados a  la Procuración General de Brasil, al juez de Curitiba Sergio Moro y del Chartered Bank con sede en Hong Kong.

La otra medida solicitada por el fiscal es la citación como testigo al propio Arribas para que amplíe sus dichos cuando dijo que Meirelles declaró motivado por terceras personas  y que sus expresiones obedecen a "intereses espurios".PolíticaArgentina.com

22 de junio de 2016

De Vido y Jaime más complicados: Los procesan por irregularidades en contratos ferroviarios

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El juez Sebastián Ramos procesó a Julio De Vido y Ricardo Jaime en la causa por la renegociación de contratos ferroviarios. Además ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 500 millones de pesos cada uno.

El juez Sebastián Ramos procesó este miércoles (22/06) a Julio De Vido y Ricardo Jaime en la causa por la renegociación de contratos ferroviarios. Además ordenó trabar embargo sobre sus bienes por 500 millones de pesos cada uno, según informa el Centro de Información Judicial.


El procesamiento y embargo es por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.

Cabe recordar que De Vido y Jaime ya fueron procesados por el juez Claudio Bonadio por la tragedia ferroviaria de Once, el siniestro ferroviario que dejó 52 muertos y más de 700 heridos en febrero de 2012.

De Vido había sido excluido del juicio oral que condenó a los exsecretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Pero el Tribunal Oral ordenó investigar al exministro que ejerció esa función durante los 12 años de gobierno K.

Bonadio procesó a De Vido como "coautor" de "descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas" y como "partícipe necesario" del delito de "defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta". Además, le trabó un embargo por $600 millones.

Por su parte, Jaime también se encuentra procesado con prisión preventiva por ser autor de los delitos "de peculado de bienes, administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública, cohecho y negociaciones incompatibles, y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias", en el marco de una causa que investiga presuntas compras irregulares de trenes a España y Portugal.Urgente24.com

4 de abril de 2016

Bonadío citó a Julio De Vido a indagatoria por la tragedia de Once

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El ex ministro de Planificación, hoy diputado nacional, deberá declarar el 21 de abril.

El juez federal Claudio Bonadío citó a prestar declaración indagatoria al ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa por la tragedia ferroviaria de Once del 22 de febrero de 2012 por la que fueron condenados 21 acusados. Deberá presentarse el 21 de abril próximo.

En tanto, el fiscal Federico Delgado solicitó hoy al juez Julián Ercolini la indagatoria de De Vido en la causa por la compra de los coches a España y Portugal, en la que está detenido el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.


Delgado sostuvo en su dictamen que "Desde que la fiscalía tomó intervención en la causa, el 18 de junio de 2013, sostuvimos que debido a la verosimilitud y precisión que derivaba del informe de la Auditoría General de la Nación en que se basaba la denuncia, todos los responsables del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, así como de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte debían ser intimados en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación", es decir indagatoria.

La citación a De Vido en la causa "Once" es para el 21 de abril, y fue dispuesta por Bonadío luego de que el tribunal oral que dictó las condenas en esta causa ordenó avanzar contra el ex ministro kirchnerista como responsable del área.

En el juicio resultaron condenados el detenido Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos ex secretarios de Transporte, que están acusados en otra causa por la compra de trenes a España y Portugal.

Días atrás se conocieron los fundamentos del fallo del tribunal oral federal 2, que dijo que empresarios y ex funcionarios conformaron hubo una "empresa criminal" que permitió un servicio ferroviario en un "deplorable estado de mantenimiento que afectaba las condiciones de seguridad" y que "produjo un incremento indebido del riesgo", que terminó causando la tragedia ferroviaria.

Respecto de De Vido, el tribunal oral dijo que "pese a haberse acreditado una intervención determinante en los hechos de parte Schiavi y Jaime, quienes durante el ejercicio de sus cargos posibilitaron la creación de riesgos ilegítimos, ello no eximiría de responsabilidad a De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un desconocimiento acerca de las circunstancias que hemos probado".

Ahora Bonadio, en base a ese fallo, lo citó como imputado a De Vido.Minuto1.com

1 de octubre de 2015

Jaime tiene un juicio por el “tren fantasma” de Tucumán

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El diputado Cano lo acusó de autorizar el pago de $ 8 millones por una obra que no se hizo.

Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la Nación, suma un nuevo juicio oral en sus expedientes judiciales con la causa que le inició el juez federal Claudio Bonadío, quien lo acusa de administración fraudulenta en la línea ferroviaria Belgrano Cargas del corredor ferroviario Tucumán-Concepción. El ex secretario de Transporte de la Nación será juzgado por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una Administración Pública, por un sobrepago para la rehabilitación del corredor ferroviario (57 km de vías).

LA TRAZA DEL BELGRANO. Sobre las vías se han instalado viviendas precarias. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)

Es que Jaime había autorizado un monto máximo de casi $ 8 millones para el Belgrano Cargas, pero fueron utilizados $ 8,16 millones. Asimismo, el Belgrano Cargas le dio menos dinero a Zonis, la empresa a cargo de las obras, y Jaime autorizó una partida extra de dinero para saldar esa diferencia.

Para Bonadio, Jaime tuvo “una inequívoca voluntad de convalidar hechos y giros de dinero que ya se habían concretado, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la Administración”.

La causa judicial derivó en un escándalo político. Así fue como el diputado nacional José Cano calificó de “mentiroso” al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El funcionario aseguró, durante su paso por Tucumán, que desconocía la existencia del “tren fantasma” por el que se pagaron $ 8 millones sin que la obra se concretara. “Randazzo es funcionario desde 2007 y tiene a su cargo el sistema ferroviario desde 2012. O es un irresponsable al desconocer este robo; o es un hipócrita que no quiere hacerse cargo de la corrupción de su Gobierno”, expresaba Cano en junio de 2014. LaGaceta-com

22 de febrero de 2015

Ordenan megaperitaje sobre manejo de subsidios de trenes

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TBA tiene a cargo las líneas ferroviarias del Sarmiento y Mitre.

La Justicia ordenó una megapericia sobre el manejo de subsidios estatales que hicieron los distintos operadores ferroviarios entre 2003 y 2012, entre ellos la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) que explotó la línea Sarmiento.

Es el otro tramo de la investigación por la Tragedia de Once, pues en lo que hace al accidente en sí y las responsabilidades de empresarios y funcionarios del área de Transporte se está realizando un juicio oral y público, mientras que aún sigue en curso una causa sobre los subsidios estatales que recibía TBA, a cargo de las líneas Sarmiento y Mitre.


La empresa hoy tiene a toda su cúpula en juicio de la mano de Claudio Sergio Cirigliano, y fue el Gobierno el que le revocó la habilitación para operar tiempo después de ocurrido el accidente ferroviario de Once, el 22 febrero de 2012, y del cual este lunes se cumplen tres años.

La causa por la tragedia ferroviaria se inició en el Juzgado de Claudio Bonadio, pero fue la Sala II de la Cámara Federal la que le quitó la investigación sobre el tramo de los subsidios estatales y la trasladó al magistrado Sebastián Ramos, a raíz de que éste venía investigando desde antes el manejo de los fondos públicos que recibían las concesionarias.

Fueron los abogados defensores los que objetaron que había a la par dos causas en trámite y el juez Ramos quedó a cargo de la investigación por los subsidios que recibía la empresa TBA al anexarla a una causa anterior.

Dos años antes del accidente, el 20 de abril de 2010, fueron los entonces diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Moran, Elsa Quiroz, Horacio Piemonte, Héctor Flores y Sebastián Cinquerrui, quienes presentaron una denuncia para que se investiguen los subsidios al transporte ferroviario de pasajeros y lo que hace respecto a los fondos recibidos por TBA quedó anexado a esa otra pesquisa.

La investigación en poder de Ramos apunta a determinar qué destino se le dio a los subsidios y si hubo complicidad política, de funcionarios del área de Transporte, en la falta de control de los mismos.

Concretamente se intenta determinar si fue irregular la entrega de esos subsidios y si hubo desvío del fin original que tenían, que era el mantenimiento y mejora del servicio ferroviario.

Ni bien Ramos asumió el Juzgado hace pocos años llevó adelante una gran cantidad de medidas para recolectar pruebas y documentación, no sólo de TBA sino de otros concesionarios ferroviarios, como Metrovías, Ferrovias S.A y UGOFE S.A.

Respecto a TBA dispuso un total de 43 puntos de pericia para conocer el destino de los subsidios estatales: específicamente si la empresa tenía obligación de llevar un registro contable, si existía método de control alguno y si una vez que los fondos públicos ingresaban a las arcas de la empresa perdían su carácter como tal y pasaban a ser patrimonio de la concesionaria.

Sobre la pericia, ordenada por el juez a fines de diciembre pasado pero que se conoce hoy, se notificó a los acusados exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como a otros exfuncionarios y el directorio de TBA.

Se trata de los mismos acusados que son actualmente juzgados por el accidente desde comienzos del 2014 y por el cual el Tribunal Oral Federal 2 pretende llegar a un veredicto a mediados de este año.

En el juicio se los juzga a todos por los delitos de descarrilamiento culposo y administración fraudulenta, excepto al motorman Marcos Córdoba que sólo se lo hace por el primero de ellos.

También dispuso similares puntos de pericia sobre el resto de los concesionarios, Metrovías (por la explotación de la línea Urquiza, los subterráneos de Buenos Aires y el Premetro); y UGOFE (por el tren de la ex línea Roca), entre otros.

Incluso, el juez pidió en la pericia que se señale si los concesionarios cumplieron con las cuestiones de mantenimiento y seguridad requeridas, a raíz de los subsidios recibidos.

Esta causa se encuentra en un estado incipiente, en tanto que la otra está mucho más avanzada y está cerca de conocerse un veredicto a mediados de este año sobre los exfuncionarios involucrados y empresarios, así como el motorman que condujo la formación siniestrada.Terra.com

6 de enero de 2015

Un policía reveló que TBA guardaba la documentación del tren Sarmiento "en un sótano mojado y sin luz"

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El ex subcomisario de la delegación San Martín, Luis Crego Mache, explicó que concurrió a un sótano de la empresa Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) por orden del juez federal Claudio Bonadio para allanar el lugar ante denuncias que aludían a quema de documentos por parte de la ex concesionaria TBA.

Pero el policía aludió a un "conflicto gremial" como el motivo de la denuncia.

"Se notaba claramente que ahí había un conflicto gremial. Querían dar la noticia en la televisión y me mostraron cosas que no tenían nada que ver con lo que el juzgado me mandó a secuestrar”, aseguró al declarar ayer en la última audiencia del debate, que se reanudará en febrero próximo en los Tribunales Federales de Retiro.


"Había documentación con fecha de 1992 en un sótano. Estaba en muy mal estado de preservación, yo vi un sótano todo mojado, sin luz, de muy difícil acceso por una escalera donde había cables sueltos, de hecho teníamos miedo de quedar pegados”, recordó.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 el efectivo dijo que los documentos estaban comidos "por las ratas" y opinó que "si alguien quiere resguardar información no la va a poner ahí”.

Por el choque del tren en la estación de trenes de Once el 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas, son juzgados el maquinista Marcos Córdoba, el empresario Claudio Cirigliano, los ex secretarios de Transporte de la Nacion Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros procesados.


El debate seguirá desde febrero con más testigos y se espera llegar a un veredicto a mediados de 2015.Telam

9 de octubre de 2014

Juicio por Once: recrudece la interna sindical entre La Fraternidad y la UF Bordó

Gremiales

Esta semana declararon como testigos trabajadores del gremio La Fraternidad y delegados de la Unión Ferroviaria sector Bordó. Acusaciones entre conductores de trenes y operarios del Taller Castelar e intereses cruzados de los testigos que responden a Ernesto González y Rubén Sobrero. El rol inquisidor de Valeria Corbacho.

Las audiencias del juicio oral por el accidente ferroviario de Once, que se realizan en los tribunales federales de Comodoro Py, se convirtieron estas últimas semanas en el campo de batalla donde se dirime un viejo conflicto sindical que en los últimos años transformó al ferrocarril Sarmiento en un botín de guerra disputado por distintos sectores políticos.


Estas facciones sindicales, con vocación de capitalizar políticamente y de modo mezquino el trágico accidente del 22 de febrero de 2012, juegan su propio partido dentro del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 integrado por los jueces Jorge Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Ana D’Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.

Por un lado están los trabajadores del Taller Castelar que responden al sector bordó de la Unión Ferroviaria, liderado por los delegados gremiales Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso, y por el otro lado están los conductores del gremio La Fraternidad, seccional Haedo, liderados por Ernesto “gallego” González.

La feroz interna sindical que se apoderó silenciosamente de las audiencias del juicio oral, comenzó varios meses atrás cuando el delegado Edgardo Reynoso acompañó a prestar declaración testimonial a los guardas Miguel Jerónimo y Patricio Juárez, quienes finalmente fueron detenidos y acusados de presunto falso testimonio por sus contradicciones y reticencia a contestar preguntas. Ahora, los dos guardas que fueron a declarar acompañados por Reynoso deberán enfrentar juicios paralelos por falso testimonio, en los que podrían recibir hasta diez años de cárcel.

En aquella oportunidad, una vez finalizada la audiencia, el abogado querellante Gregorio Dalbón escribió en su cuenta de Twitter: “#ONCE El guarda de Andrada preso por falso testimonio. Siempre dije que fueron los sindicatos y los motorman. Todos procesados. Querés más” y luego añadió “#ONCE La Unión ferroviaria y La Fraternidad impunes por Claudio Bonadio. Y vengan que les daré batalla. Porque: La Verdad es inevitable”.

La semana pasada fue el momento de apuntar los cañones hacia los operarios del Taller Castelar por parte del gremio La Fraternidad cuando declararon como testigos los conductores de trenes propuestos por la multifacética abogada Valeria Corbacho (quien patrocinó a varios genocidas en distintos juicios por delitos de lesa humanidad como así también del espía Ciro James y del ex subcomisario Luís Patti), defensora en este caso del principal imputado de provocar el estrago: el joven motorman Marcos Antonio Córdoba.

En aquella oportunidad, las declaraciones testimoniales de los conductores Carlos Alberto Palacio, Juan Facundo Matías Aiger,Walter Francisco Schafer, Raúl Palacios y Gustavo Carrizo pusieron en el centro de la escena a los operarios de la Unión Ferroviaria por las tareas de mantenimiento realizadas a los coches eléctricos Toshiba dentro del Taller Castelar que controla la Seccional Oeste de la UF, liderada por Sobrero y Reynoso.

Ante las reiterativas preguntas formuladas por el fiscal Fernando Arrigo y por Valeria Corbacho a estos testigos, se evidenció la clara directiva establecida por la base Castelar que lidera el “gallego” González de apuntar contra las tareas de mantenimiento y alistamiento que realizan los operarios del Taller Castelar para intentar ocultar la responsabilidad del motorman y transferirla hacia quienes realizaron el alistamiento del tren.

“Había que reiterar los pedidos de revisión al taller porque los trabajos no estaban bien realizados y las falencias persistían. A veces decían que no podían efectuar las reparaciones y se cancelaban los trenes. Arreglaban las ventanillas así nomás y los pisos con chapas. Nosotros no podemos ver cómo hacen los trabajos”, fueron algunas de las frases que se escucharon en la audiencia a modo de reclamo por el poco apego a las tareas de mantenimiento que mostraban los trabajadores del Taller Castelar en cuanto a la reparación de burletes, ventanas, pisos, luces y demás problemas suscitados en los trenes.

En una improvisada conferencia de prensa en las puertas de Comodoro Py,Dalbón, que fue excluido de continuar en el juicio por su comportamiento en las audiencias, denunció: “No se bancan que ponga huevos y me meta con la mafia sindical”.

Bajo el guión pergeñado por Corbacho, que no pudo disimular cierto corporativismo o cuidado a la hora de declarar para no perjudicar al “compañero” Córdoba,fueron los conductores Daniel Garbarino (quien al momento del accidente era Secretario de la Seccional Haedo del gremio) y Marcelo Canela, los encargados de intentar direccionar el debate hacia las tareas que realizan los trabajadores que responden al “pollo” Sobrero.

Esta estrategia ideada por un sector del gremio La Fraternidad y liderada en las audiencias por parte de la abogada defensora Valeria Corbacho contra el sector bordó de la UF, cuenta por ahora con el inocente apoyo de la querella encabezada por los abogados Leiva y Menghini, funcionales (tal vez sin entender el rol sindical de cada parte en esta histórica disputa gremial) a esta estrategia en pos de disminuir las responsabilidad del motorman y hallar más responsables que sustenten la construcción de su relato público.

Alertados de esta situación que se produjo en el debate, tanto Rubén Sobrero como Edgardo Reynoso y Diego Hormachea delegados gremiales de la UF e integrantes de la Comisión de Reclamos del ferrocarril Sarmiento, bajaron claras instrucciones a sus afiliados para defender las tareas de mantenimiento y alistamiento de trenes Toshiba que se realizaban en los talleres de TBA y sacar a los trabajadores de la UF de las críticas o acusaciones que pudieran llegar a recibir por la realización de su trabajo.

En este sentido, en la audiencia del martes -que al igual que la del lunes estuvo bajo la presidencia del juez Jorge Gorini-, fue el turno de los mecánicos Hipólito Antonio Buena (declaró durante casi 5 horas) y Gustavo Cavallone, quienes ante las preguntas del representante del Ministerio Público Fiscal y de los abogados querellantes y defensores detallaron cada uno de los trabajos que le fueron realizados al tren Toshiba chapa 16 que protagonizó el choque.

“Al momento de realizarle el alistamiento al tren chapa 16 se probaron todos los sistemas de frenos, incluso los frenos de emergencia y se verificó que todos los frenos y compresores instalados funcionaban correctamente. También se verificó que todos los coches estuvieran nivelados. Lo revisamos de punta a punta”, indicó ante el Tribunal el representante gremial Gustavo Cavallone,en clara defensa de las tareas que se realizaban en el Taller Castelar y con la mira en la responsabilidad del motorman al momento de aplicar los frenos para detener la marcha del tren.

La jornada 46 del juicio fue larguísima, aunque sólo pasaron por el estrado dos de los cuatro testigos planificados para la fecha. Sucede que las preguntas recurrentes y amplias se hicieron costumbre en las audiencias, a pesar de que ponen de malhumor al TOF 2, y los testigos repiten lo que a esta altura ya es sabido: el servicio del Sarmiento no era de los mejores, pero nadie advierte que el tren chapa 16 haya tenido problemas de frenos el día del accidente. Mucho menos, que alguna vez una formación Toshiba no haya tenido suficiente capacidad de frenado.

En este sentido, ante el punzante y filoso cuestionario de preguntas inquisidoras realizado por Valeria Corbacho, el testigo Cavallone agregó: “el motorman se da cuenta ni bien saca el tren del depósito como funcionan los frenos. Nosotros no podemos detectar con el tren parado el llamado freno largo. Igual quiero aclarar que el tren no se puede quedar sin freno; es freno largo”. Antes había explicado que el concepto de “freno largo” remite al tramo que necesita un tren para detenerse: “En vez de hacerlo en 100 metros, frena a los 120 metros”.

Cavallone, que estuvo acompañado durante toda su presencia en Comodoro Py por un grupo de compañeros del gremio, es delegado de la Unión Ferroviaria y fue uno de los trabajadores que alistó el tren Toshiba chapa 16 antes de que salga a servicio la fatídica mañana del 22 de febrero de 2012.

La guerra de acusaciones cruzadas entre La Fraternidad y la UF sector bordó ya está declarada y se esperan nuevas batallas en las próximas audiencias. Dependerá del Tribunal mantener el debate centrado en el objeto del proceso y sortear indemne esta inescrupulosa puja sindical que puede empañar la búsqueda de la verdad y justicia.


Por el accidente de Once, se encuentra imputado el motorman Marcos Córdoba por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), con pena de 1 a 5 años de prisión, junto a otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT, Eduardo Sícaro, el ex Subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento.LetraP

20 de agosto de 2014

Juicio por Once: Edgardo Reynoso, el hombre detrás de las detenciones de los dos guardas del tren

Gremiales

Tras la nueva detención de un guarda por falso testimonio, surgió en los pasillos de Comodoro Py el interrogante sobre la figura de Reynoso. El cuestionado delegado sindical de la UF en ambos casos acompañó a los guardas que terminaron detenidos. Su cercanía con un grupo de familiares y el oportunismo político. El rol del sindicalismo opositor en las declaraciones de sus trabajadores.


El juicio oral por el accidente de Once, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 integrado por los jueces Jorge Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, está atravesando largas audiencias con un debate que pone en duda muchas de las actuaciones hechas en la instrucción de la causa llevada adelante por el Juez Claudio Bonadío.

En el debate de ayer se vivió un nuevo capítulo que tuvo como protagonistas a los trabajadores que responden al sector bordó que controla la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), liderado por los delegados gremiales Rubén Sobrero y Edgardo Reynoso.

El guarda Patricio Juárez, primero de los tres testigos en declarar, quedó atrapado entre sus contradicciones y fue detenido acusado de presunto falso testimonio. Otra vez un guarda reticente a contestar preguntas y con un relato “moldeado”. Semanas atrás, el guarda Miguel Gerónimo había sido detenido bajo la misma imputación que recayó sobre Juárez.

Los dos guardas viajaban en la cabina de conducción ubicada en la parte trasera del tren chapa 16. Juárez, que iba desde Moreno en la formación que conducía Leonardo Andrada (el conductor que fuera asesinado en un hecho poco claro), fue el que debió pasarle en Castelar la posta de su puesto de trabajo a Gerónimo, para que haga el trayecto Castelar-Once con Marcos Córdoba como motorman.

Durante la declaración a Juárez se le preguntó si fue coaccionado por alguien para declarar, puesto que se lo vio llegar a la sala donde se lleva adelante el juicio junto a Edgardo Reynoso, dirigente de la seccional Haedo y opositor a la conducción nacional de la Unión Ferroviaria.

La presencia de Reynoso en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py llamó la atención, sobre todo porque es uno de los testigos que deberá declarar ante el TOF 2 más adelante en este juicio. ¿Qué hacía ahí cuando ningún testigo puede hacerlo? ¿Por qué hablaba con los familiares de las víctimas, que se acercaron a él en varias oportunidades como para consultarlo? Estas preguntas se hacían tanto los abogados defensores como así también algunos querellantes.

Las sospechas de algunos querellantes y defensores apuntaban a desentrañar una eventual protección de parte del sector bordó de la UF, liderado por Sobrero, sobre sus trabajadores y que en afán de ese objetivo monten un escenario que se aleje de la verdad de los hechos.

En efecto, el abogado querellante Gregorio Dalbón fue incisivo en querer revelar si alguien había “apretado” a Juárez o le había sugerido cómo declarar. Una vez finalizada la audiencia, en su cuenta de Twitter el abogado escribió: “#ONCE El guarda de Andrada preso por falso testimonio. Siempre dije que fueron los sindicatos y los motorman. Todos procesados. Querés más” y luego añadió “#ONCE La Unión ferroviaria y La Fraternidad impunes por Claudio Bonadio. Y vengan que les daré batalla. Porque: “La Verdad es inevitable”.

Otro dato llamativo de la audiencia se produjo cuando Dalbon les exhibió a los dos guardas la foto del juez Bonadio para que lo reconocieran y ninguno lo hizo, algo que genero extrañeza en el auditorio y que fue permitido por el Tribunal.

Reynoso se quedó afuera de la sala, en el subsuelo de Comodoro Py, hasta el final de la declaración de Juárez, pero su nombre circuló durante la jornada en boca de los jueces del Tribunal, del Fiscal Fernando Arrigo y de casi todos los abogados querellantes y defensores.

La audiencia tuvo un momento de tensión cuando Dalbón le insistió con detener al testigo, lo que en un primer momento fue rechazado por el Tribunal. “Si tengo que pagar las causas, si tengo que ir preso, iré preso”, dijo Juárez. A los pocos minutos todas las partes cuestionaron su declaración ante el TOF 2: las querellas, la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo y varias defensas lideradas por el abogado Mariano Fragueiro Frías. Todos notaron evidentes contradicciones en su “maquillado” relato.

Para el fiscal Arrigo, el testigo fue “reticente” a contestar las preguntas, y lo mismo interpretaron algunas defensas al considerar que podía incriminarse.

Luego de dos cuartos intermedios que dispuso Jorge Tassara, presidente del Tribunal, el guarda Patricio Juárez quedó detenido.

En la audiencia del 17 de junio se había dado una situación casi idéntica. Miguel Ángel Gerónimo, el guarda que acompañó desde Castelar hasta Once a Marcos Córdoba, quedó detenido por falso testimonio. Luego de varios días detenido fue liberado.

Ahora, los dos guardas que fueron a declarar acompañados por el dirigente Edgardo Reynoso deberán enfrentar ahora juicios paralelos por falso testimonio, en los que podrían recibir hasta diez años de cárcel.

La extensa jornada de ayer se cerró cerca de las 21.30 horas con la declaración de Felipe López Bonfanti, quien también es guarda del ferrocarril Sarmiento y fue el único de los tres guardas que estuvo en el tren que chocó en Once que no fue detenido por presunto falso testimonio en el juicio oral.


Casualidad o no, Bonfanti fue el único de los tres que no fue acompañado por algún delegado gremial y fue el único que dijo tener diferencias con “políticas gremiales y de métodos” con ellos, sobre todo cuando se le preguntó si conocía a Rubén Sobrero. “Por desgracia sí”, contestó.Fuente: Letra P.

6 de junio de 2014

Indagarán a ex Secretarios de Transporte de la Nación por subsidios a trenes

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Lo decidió el juez federal Claudio Bonadío. Se desprende de la causa por la tragedia de Once.

Unos doce ex secretarios de Transporte de la Nación y otros ex funcionarios de esa dependencia fueron citados a declaración indagatoria por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a las licenciatarias del servicio ferroviario.


Así lo informaron hoy fuentes judiciales y precisaron que el juez federal Claudio Bonadio hizo la convocatoria en un expediente que se desprendió de la causa penal que se instruyó por la tragedia ferroviaria de Once, actualmente en la etapa de juicio oral y público.

Los convocados a declarar como imputados, el 7 y 8 de julio, son los ex secretarios Armando Canosa, Jorge Horacio Koghan, Ignacio Alfonso Ludueña y Guillermo Carlos López del Punta.

Para los días siguientes fueron citados los ex subsecretarios Alberto Trezza y Julio Tito Montaña, más los ex titulares de la CNRT Roberto Ciappa, José Bernasconi, José Antonio Recio, Jorge Telmo Pérez, Pedro García y Roque Lapadula.

En el expediente se investiga si hubo desmanejos en los subsidios que la secretaría otorgó a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), que explotaba las líneas de trenes Sarmiento y Mitre hasta la tragedia de Once, en 2012.

El fiscal Ramiro González había requerido la ampliación de la pesquisa porque, según entendió, "el manejo irregular" en la administración "se remonta prácticamente a la época de la concesión misma del servicio publico, en los 90".

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 y provocó la muerte de 51 personas, mientras más de 700 resultaron heridas.


Por ese hecho están siendo juzgados los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el maquinista Marcos Córdoba, y otros 26 acusados. Perfíl

23 de abril de 2014

Jaime negó responsabilidades sobre la tragedia ferroviaria de Once

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"No tengo ninguna responsabilidad", dijo el ex secretario de Transporte y agregó que las pericias demostraron que "el tren frenaba".

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime remarcó hoy que las pericias realizadas por la tragedia de Once demostraron que "el tren frenaba", al tiempo que señaló que no tiene "ninguna responsabilidad" en el siniestro ferroviario que provocó 51 muertos y más de 700 heridos.

El ex funcionario nacional manifestó que "está demostrado en las pericias del propio juez (Claudio Bonadio) que el tren frenaba y no frenó", y recordó que "al año siguiente hubo otro choque y se demostró que fue por una distracción del motorman".


"No quiero hablar sobre lo que pasó en el accidente de 2012 porque yo renuncié a mi cargo en el 2009 y no me quiero hacer cargo de algo de lo que no tengo ninguna responsabilidad, pero sé que tampoco tienen responsabilidad los funcionarios y eso se determinará en el juicio", afirmó en declaraciones a radio La Red.

El ex secretario añadió que "no se puede hablar de estrago ya que se estaban realizando inversiones que permitían llegar a la gente a su destino y por eso el crecimiento de pasajeros".

Por último, manifestó su "solidaridad" con los familiares de los 51 fallecidos en la tragedia de Once y envió sus "condolencias por el sufrimiento que han tenido y que siguen teniendo".

"Lamentamos que la causa se haya querido politizar y no esté encauzada en el marco de lo que corresponde a las pericias que el juez hizo", agregó el ex responsable nacional de Transporte.


Jaime desligó su responsabilidad el lunes pasado cuando prestó declaración indagatoria como imputado en el juicio que investiga el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012. (Télam)

16 de abril de 2014

Ordenan elevar a juicio una causa contra Jaime, que queda más cerca de ir preso

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Es por fraude en el Belgrano Cargas. Acumula 5 procesamientos.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer elevar a juicio la causa seguida al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por presunta defraudación por administración fraudulenta en una licitación relacionada con la concesión de la línea ferroviaria Belgrano Cargas, lo cual lo deja con más posibilidades de ir a prisión como le pasó a María Julia Alsogaray hace diez años por la multiplicidad de procesamientos penales.

Para el juez hubo “una inequívoca voluntad” de Jaime “de convalidar arbitrariamente hechos y giros de dinero que ya se habían concretado, motivados en una licitación que duplicaba el monto inicial presupuestado y que no tenía respaldo legal por parte de la Administración”.

De vuelta. Jaime regresó ayer a un juzgado en Comodoro Py./DAVID FERNANDEZ

Junto con Jaime también irán a juicio el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero y el ex secretario general de la Unión Ferroviaria José Pedraza, preso por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.

Jaime y Ochoa Romero son juzgados actualmente por su presunta responsabilidad penal en la llamada “tragedia de Once”, el accidente ferroviario ocurrido en la cabecera de la línea Sarmiento el 22 de febrero de 2012, en donde a ambos se les ofrecerá la próxima semana la oportunidad de declarar (ver páginas 43 y 44).

“Por respeto a las víctimas, declaro primero en Once y luego daré explicaciones”, dijo ayer Jaime en los tribunales de Comodoro Py al ser consultado por el último procesamiento sufrido el viernes pasado en una causa penal. Es la que más puede complicarlo, ya que está acusado de enriquecimiento ilícito al no haber podido justificar unos 12 millones de pesos en bienes a nombre de familiares y allegados.

Jaime acumula ya al menos cinco procesamientos en causas penales y hasta una condena a seis meses de prisión por haber intentado ocultar pruebas durante un allanamiento en la provincia de Córdoba en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

La causa elevada ayer a juicio por Bonadio refiere a un presunto sobrepago en la licitación de la rehabilitación del ramal San Miguel de Tucumán-Concepción, autorizado por Jaime. “Los fondos girados por el Estado Nacional a Belgrano Cargas fueron desapareciendo, no alcanzando su destino de pago a la empresa contratada para la obra”, había expresado el juez al procesar al ex secretario de Transporte.

En aquella ocasión, el juez dictó la prisión preventiva de Jaime y hasta ordenó su detención, pero el ex funcionario se mantuvo en situación de prófugo hasta que la sala I de la Cámara Federal le concedió la eximición de prisión.

Además de esta causa, Jaime también se encuentra a la espera de la realización de otros dos juicios orales. En ambos casos, por el delito de dádivas. Uno por el departamento que ocupaba, propiedad de la empresa que controla la Terminal de Omnibus porteña y otro por los vuelos privados que le pagaban los concesionarios del ferrocarril Sarmiento.Clarín

19 de marzo de 2014

Bonadio sobre la Tragedia de Once: "De Vido no tenía obligaciones operativas de control"

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El juez de la causa por el accidente ferroviario, Claudio Bonadio, denunció en el programa Inimputables, de CN23, que existió una “tríada siniestra” entre funcionarios, empresarios y sindicalistas que apostaron a que “esto nunca iba a ocurrir”.

En el programa Inimputables, que se transmitió el martes a las 22 por CN23, el juez de la causa por la tragedia de Once, Claudio Bonadio, afirmó que en su vida “hay un antes y un después” de este caso. Fue explícito respecto al papel del ministrio de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido: "No tenía obligaciones operativas de control". También explicó: “No es un expediente, acá hay muertes, con eso no se juega”.

Juez Federal Claudio Bonadío

En ese sentido, relató que “la interacción con familiares es muy pesada” ya que estos casos “te dan una responsabilidad muy importante”, y afirmó que en los encuentros que mantuvo “ellos reclamaron justicia y que se identifique a los culpables”.

En tanto, defendió el accionar de la Justicia, y destacó que “en nuestro caso tuvimos que centrarnos en las razones del choque del tren”.

“Hicimos pericias económicas y mecánicas. La económica la cerramos, y expusimos todo lo referido a desvíos de fondos”, relató, y agregó que “las cuestiones mecánicas fueron también motivadas por las decisiones económicas del grupo empresario”.

“Para resumirlo, vimos en los empresarios un uso totalmente irracional de los fondos recibidos, y más teniendo en cuenta que el sistema se sostenía por los subsidios estatales”, afirmó.

Por otro lado, Bonadío explicó que sobreseyó al motorman Córdoba, al considerar que “lo subieron a un lugar al que no tendría que haber estado”.

“La pregunta es qué hacía en la conducción de ese tren un chico de 25 años, con dos años de experiencia, con un tren absolutamente cargado, de la década del '60 y al que le faltaban dos compresores”, se preguntó.

Ante esto, acusó que “la responsabilidad del gremio radica en los recambios de maquinistas. Había una suerte de corruptela institucional, acordada en paritarias con la empresa”, y denunció una “tríada siniestra entre empresarios, funcionarios y sindicalistas”.

“Apostaron a que algo así nunca iba a pasar, pero quedaba claro el deterioro del servicio. Aún cuando cambió la administración, los accidentes siguieron pasando. Apostaron a su buena fortuna”, destacó.

Por último, el magistrado afirmó que “no hay ninguna duda que los frenos funcionaron, eso quedó demostrado en las pericias”, y consideró que “la pregunta es qué pasó en los últimos trescientos metros, ya que no hay ninguna reducción de velocidad. Córdoba dice que el tren no frenó”.

“Es probable que Córdoba haya tenido un problema de recuperación de presión en el sistema y frenó muy sobre el golpe. En el GPS hay una disminución de velocidad muy sobre el golpe. Creo de 21 kilómetros lo baja a 10, que es la velocidad a la que chocó”, concluyó.

Lucas Menghini Rey

El magistrado se refirió al caso de Lucas Menghini Rey, y explicó que la demora para encontrar su cadáver fue “responsabilidad de los bomberos”.

“A ellos correspondían las tareas de rescate, y algunos de ellos fueron procesados por incumplimiento de deberes”, relató.

En tanto, dijo que “Lucas viajaba en el cuarto vagón, en lo que se llaman cabinas auxiliares, que son las cabinas de los motorman que no se usan porque están en el medio de la formación”.

“Del lado de adentro, esas ventanas están tapiadas. Los pasajeros igualmente entran por ahí cuando los coches están muy llenos, y fue lo que hizo Lucas, que era un chico muy menudito. Él viajaba sentado en el piso escuchando música, y quedó comprimido por el golpe y murió inmediatamente”, explicó.Infonews

Videos de Declaraciones del Juez Federal Claudio Bonadío, para verlos deberá hacer click en los siguientes links.



23 de diciembre de 2013

CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE JAIME POR UN CASO DE CORRUPCIÓN

ACTUALIDAD

La Sala I de la Cámara Federal porteña avaló el procesamiento que el juez Bonadio le había dictado al ex secretario de Transporte por una maniobra en el ferrocarril Belgrano Cargas

Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, estuvo prófugo de la Justicia durante una semana en julio pasado. El juez Claudio Bonadio lo procesó por un negociado de dos millones de pesos que se pagaron de más por la realización de una obra pública hecha en el ferrocarril Belgrano Cargas. Bonadio también había pedido la detención de Jaime quien no pudo ser hallado por las fuerzas federales de seguridad. El ex secretario de Transporte no pasó ni un solo minuto detenido a pesar de que se lo había procesado con prisión preventiva.

Ex Secretario de Transporte de la Nación, Ing. Ricardo Jaime

Debido a una carta firmada por Jaime  en 2007 y dirigida al presidente de la empresa SOESA que administraba el ferrocarril Belgrano Cargas, se pagaron dos millones de pesos de más por una obra pública. La empresa Luis Carlos Zonis hizo una obra en el tendido de vías entre Tucumán y Concepción. El costo fue de ocho millones de pesos y, a partir de la misiva que envió Jaime, el monto que finalmente pagó el Estado fue de más de diez millones de pesos. Por eso fue procesado Jaime junto al sindicalista José Pedraza, la esposa de éste Graciela Coria, Ángel Stafforini, el presidente de SOESA Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero.

La Sala I de la Cámara Federal porteña fue la que otorgó la eximición de prisión de Jaime cuando estuvo prófugo y la que hoy confirmó el procesamiento. Con la firma de los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Freiler, quedaron firmes los procesamientos de Jaime, de Coria, de Stafforini, de Capelli y de Ochoa Romero. Los jueces entendieron que Pedraza no formó parte de la maniobra y le dictaron una falta de mérito.

En su fallo los jueces señalaron que"existen suficientes indicios como para presumir que una porción de los fondos públicos entregados por la Secretaría de Transporte de la Nación al Belgrano cargas para financiar la obra investigada resultó desapoderada. En tal sentido pudo acreditarse que Belgrano Cargas retenía parte de las sumas dinerarias que recibía del Estado Nacional para cubrir cada una de las etapas adjudicadas de Zonis, a punto tal que, luego de ser apartada de la operación de la red ferroviaria...se contabilizó a su favor el remanente de $2.524.065,24 cuyo destino no pudo ser determinado técnicamente".


Con la decisión de la Cámara queda confirmado otro procesamiento para uno de los kirchneristas más investigados por casos en los que se cuestiona la oscuridad con la que se manejó el área de Transporte desde 2003 a 2009. Jaime fue procesado por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública. La forma elegante que en el Código Penal se le llama a alguno de los delitos de corrupción.InfoBae

18 de noviembre de 2013

FERROCARRILES EN DECADENCIA

ACTUALIDAD

Los ferrocarriles argentinos están en la decadencia más grave que se recuerde. El Estado carece de una política de transportes y su gestión está dominada por prácticas corruptas.

Siguen los problemas con los trenes de la empresa TBA. Este hecho se destaca porque fue denunciado a causa de la tragedia del 22 de febrero de 2012 en la Estación Once, de la ciudad de Buenos Aires.

TBA era la operadora del servicio del Ferrocarril Sarmiento. Se espera que la Justicia condene a los culpables por su responsabilidad en la muerte de 51 personas.


Tragedia de Once: el fiscal acusó al juez Claudio Bonadío. Este accidente mostró, además de la ineptitud de la empresa operadora, la falta de idoneidad y el flagrante incumplimiento de ejercer justicia por parte de funcionarios de la Justicia federal ante tan grave hecho.

Con aval del Gobierno, a los subsidios de TBA los recibe una financiera. Esta información surgió de las primeras investigaciones realizadas luego de la primera tragedia de Once. Sobre esto, la Justicia federal no ha informado que se haya investigado a los responsables o que se los haya condenado.

Graves fallas en los organismos de control: el tren de pasajeros “el Bolívar”, de Ferrobaires, descarriló. Estas fallas fueron denunciadas por la Auditoría General de la Nación a causa de innumerables accidentes y fallas en el funcionamiento del servicio en varios ramales ferroviarios. Pero, frente a estas actuaciones comprobadas, el Estado nacional omitió intervenir para corregir, reparar, mejorar o solucionar cada caso.

Vence la intervención a TBA. Fue la vergonzante actitud oficial del Estado nacional para eludir su responsabilidad en el caso de la primera tragedia de Once. Este hecho mostró que los funcionarios de la Secretaría de Transportes y sus estamentos ferroviarios se burlaron de las investigaciones y disposiciones de la Justicia federal.

Salta y Tucumán: el tren urbano sigue sin rodar y las vías generan peligro. En 2009, este servicio motivó inauguraciones fastuosas a cargo de la Presidencia de la Nación. Hoy son servicios mantenidos por el Estado nacional sin rédito alguno. Corresponde preguntar: ¿qué presupuesto nacional autoriza a mantener este despropósito?

En Córdoba, circula el tren urbano, pero sin pasajeros. Las vías son tierra de nadie. Como en el caso anterior, ¿qué presupuesto nacional permite mantenerlo?

Salta: la provincia perdió una dupla de coches motores del tren urbano. Este hecho aún no tiene ninguna explicación oficial y urge denunciarlo ante la Justicia federal.

Pero es hora de dejar de declamar. El sistema nacional de transportes debiera ser un servicio público, con operadores sujetos a controles federales de eficiencia energética, de seguridad vial y regulación de cargas.

Recordemos que la infraestructura ferroviaria nacional está desmantelada, inoperable y sin normas de seguridad en casi toda su extensión. El dimensionamiento de la red ferroviaria debiera restablecer la transversalidad que tenía en la década de 1950 para terminar con el centralismo porteño.

Establecer un sistema federal de tarifas de cargas, compatible con transportes intermodales y la capacidad de porte por eje, sin injerencias políticas o de intereses particulares.

Integrar efectivamente todo el país con sistemas de transportes fluviales, marítimos, ferroviarios, aéreos y camineros, regulando su funcionamiento con leyes y normas internacionales de aplicación.

La realidad nacional indica que sólo una política de transportes seria y comprometida con el pueblo asegurará objetivos y presupuestos sin corrupción.

Se necesitan funcionarios honestos para ejecutar esta política de Estado. La Argentina requiere una urgente refundación ferroviaria para recuperar el desarrollo del país.Por Román Ballesteros (*) Diario La Voz


*Ingeniero, especialista en servicios públicos.