Línea Sarmiento: Ordenan continuar el proceso contra un hombre que amenazó con detonar una granada en la estación Flores

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El Juzgado Federal N°6 lo había sobreseído por considerarlo inimputable, pero la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó la decisión y dispuso la emisión de un nuevo pronunciamiento.

En línea con lo reclamado por el Ministerio Público Fiscal, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento por inimputabilidad de un hombre que amenazó con detonar una granada en la Estación Flores de la Línea Sarmiento, e instó al Juzgado Federal N°6 a que desarrolle una serie de medidas para profundizar la investigación.

El caso

El 2 de marzo pasado, los pasajeros de la formación R3461, chapa 18 del Ferrocarril Sarmiento, advirtieron que el hombre realizaba movimientos como si portara un arma de fuego, por lo que alertaron a la policía.

Al llegar a la estación Flores -en el anden sentido Once/Moreno- el hombre fue interceptado por la policía. Los agentes advirtieron que llevaba en su mano izquierda una granada explosiva con el seguro de anillo liberado y amenazaba con detonarla. Tras reducirlo, los efectivos advirtieron que el imputado también portaba una pistola Pietro Beretta calibre 7.65mm con su numeración erradicada y apta para producir disparos.

La investigación recayó en el juez interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, Daniel Rafecas, con intervención de la Fiscalía Federal N°12, que encabeza Alejandra Mángano. Así, el 17 de marzo, el juez procesó con prisión preventiva al sujeto como autor de los delitos de intimidación pública, tenencia de explosivos, entorpecimiento de la circulación ferroviaria, resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Sin embargo, la junta médica integrada por especialistas del Cuerpo Médico Forense, la Defensoría General y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, concluyó -por unanimidad- que, al momento de los hechos, el hombre poseía “una perturbación de sus facultades mentales por alteración morbosa de las mismas”, la cual afectó “la capacidad y la autonomía psíquica para comprender y/o dirigir su accionar al momento del hecho”.

En virtud de ello, el juez Rafecas dispuso el traslado del imputado al Programa Integral de Salud Mental Argentino (PRISMA), en el marco de la Ley Nacional N°26.657 de Salud Mental. Posteriormente, el magistrado concluyó que “estaba evidenciado que al momento del hecho el autor, por su estado psíquico, no pudo comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones conforme esa comprensión”, por lo que dispuso su sobreseimiento por inimputabilidad.

La postura del MPF

Sin embargo, la fiscal Mángano recurrió la decisión, a la que consideró “prematura” ya que los diagnósticos periciales no fueron “determinantes ni concluyentes, sino que observaron y detallaron la presencia de una posible afección psíquica compatible con un trastorno delirante”. Para fundar su posición, la fiscalía consultó nuevamente a los especialistas de la DATIP quienes, si bien coincidieron con los peritos que el hombre presentaría Trastorno Delirante Subagudo, ello “no supone necesariamente que, al momento del hecho, no hubiera tenido la capacidad de compresión ni dirección de sus actos”. Agregaron que los profesionales participantes de la evaluación solo realizaron “una inferencia sobre la alteración morbosa, la cual no implica un diagnóstico definitivo” e indicaron que “debía realizarse una nueva evaluación dentro de los 90 días”.

A su turno, la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal se expresó en igual sentido y consideró que “lo adecuado, entonces, era disponer la suspensión del proceso y ordenar aquella nueva evaluación ya referida (art. 77.2 del C.P.P.N.) y no la declaración criticada y el sobreseimiento”.

La decisión de la Cámara

En su resolución, los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico coincidieron con la postura del Ministerio Público Fiscal, revocaron el sobreseimiento del hombre y encomendaron al juez la emisión de un nuevo pronunciamiento, acorde a las consideraciones planteadas.

Consideraron que “la evaluación conjunta de todas las pruebas y circunstancias detalladas” y “el contenido de las afirmaciones contenidas en los informes periciales hasta aquí realizados, impiden avalar el sobreseimiento dictado en los términos de las normas citadas”.Fiscales.gob.ar

Entre Ríos: "Qué se dejen de joder con ese tren de…": Denuncian agresión y amenazas a voluntarios que limpian la vía

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Dos jóvenes que colaboran con el Ferroclub Central Entrerriano - Estación Elisa habrían sido atacados verbalmente y conminados a marcharse por un vecino de la zona rural del Departamento Colón, que a su vez habría impedido la limpieza de un paso a nivel.

“Al intentar sacar la broza que cubría el paso a nivel ubicado al norte de la ciudad, sobre las vías a La Clarita, un residente, un hombre de unos 40 años, aledaño a los rieles, salió e increpó de muy mala manera a los dos jóvenes, con insultos descalificadores hacia el Ferroclub”, declararon.

Ocurrió en la jornada del feriado provincial de este martes, cuando se disponían a continuar con la tarea de limpieza del ramal ubicado entre Villa Elisa y San Salvador, a la altura del kilómetro 301, en el nomenclador ferroviario, a solo 3 kilómetros de la estación ferroviaria, con un tractor y una pala de arrastre de la institución.

Entre insultos y amenazas del lugareño a los ferroviarios, se habría escuchado “que se dejen de joder con ese tren de m…”, “no tienen ninguna autorización para andar jodiendo por acá” y “mándense a mudar que los voy a c… a tiros”, según reprodujeron desde el Ferroclub.

Ante esta situación que consideran de “extrema violencia”, los jóvenes voluntarios optaron por marcharse del lugar e informar lo sucedido a las autoridades de la entidad.

Exposición y notificación

El agresor, “una persona de apellido muy conocido en Villa Elisa”, fue denunciado ante la dependencia policial local, mediante una exposición realizada por Ramiro Lugrin y José Guillaume, presidente y vice de la comisión directiva del Ferroclub Central Entrerriano.

Sobre las consecuencias que podría acarrearle este episodio, “la ley especifica que quien de manera ostensible y violenta, impida la realización de una tarea sobre terrenos ferroviarios o del Estado nacional, es pasible a ser imputado y procesado por la comisión de un delito federal”, advirtieron desde la misma entidad.

El presunto agresor fue notificado por las autoridades horas más tarde y desde la comisaría elisense quedaron atentos para actuar en caso de que se repitiese una situación similar, según informaron.

Sobre el lugar

“No es la primera vez que suceden agresiones que impiden la tarea de limpieza en este sector”, alertaron desde el Ferroclub, al mismo tiempo que subrayaron que ese tramo “no tiene movimiento ni circulación desde hace 8 años, por lo que algunos linderos asumen como propio el ámbito ferroviario aledaño a su propiedad”.ElEntreRíos.com

N. de la R.: El Ministerio de Transporte de la Nación y las empresas estatales ferroviarias tendrían que de una vez por todas tomar cartas en el asunto con relación a los terrenos y ramales ferroviarios que se encuentran clausurados para que personas que NADA TIENEN QUE HACER EN LOS MISMOS Y QUE SE CREEN DUEÑOS DEL PATRIMONIO NACIONAL, nos referimos a los ocupas, no a la gente del Ferroclub que hace lo imposible por cuidar que no se roben la infraestructura de vía a la vez que hacen limpieza del trazado ferroviario.

De una vez por todas tendrían que hacer cumplir la ley y desalojar a esos intrusos que se hicieron de terrenos que no les son propios, sino del ESTADO NACIONAL.

Otro trabajador de la empresa de seguridad Murata que muere por COVID-19

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Redacción Crónica Ferroviaria

A la muerte de Miguel Olmedo de 64 años ocurrida el 29 de Mayo último, se suma ahora la de Juan Campos ambos personal de seguridad de la empresa Murata en la Línea San Martín.

El Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) mediante un comunicado manifiestan que "denunciamos la conducta especulativa tendiente solo conservar o acrecentar sus ganancias de la empresa de seguridad privada MURATA. Dentro del personal están provocando decenas de contagios, con la trágica y evitable muerte de Miguel Olmedo. El deliberado encubrimiento de casos puede traer consecuencias impredecibles".

Continúa diciendo el comunicado de la SUTCA que "esta actitud criminal no es nueva. Ya en el comienzo de la pandemia, el 20 de Marzo se realizó una medida de fuerza en la estación Retiro de la Línea San Martín exigiendo el cumplimiento de protocolos de prevención y la entrega de insumos de protección. Lejos de escuchar los legítimos reclamos, a 7 trabajadores se les impidió el ingreso a sus puestos de trabajo en los días posteriores y se los amenazó con despidos. Para abortar la organización de los trabajadores, son sacados de sus puestos y distribuidos en otros. Otros tantos tuvieron que sufrir la humillación de ser filmados por gerentes de la empresa con elementos de protección que nunca tuvieron y los obligaron a decir lo conforme que estaban con el trato de la empresa".

"Estos mismos trabajadores usaban como vestuario y comedor un container que a la vez se utilizaba como módulo para recibir a pasajeros con síntomas de Coronavirus. Hace pocos días compañeros del mismo ramal reclamaban el aislamiento general debido a un positivo que debió ser internado en un Hospital de La Matanza. Nada de esto ocurrió hasta ahora", expresa el comunicado de la SUTCA

"Es histórica la impunidad conque se maneja MURATA, elenco estable de todas las ganadoras de las licitaciones habidas y por haber dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Fuerte aportante en las campañas políticas de Mauricio Macri. Debido a la alta rotación de su personal, que puede pasar de un servicio a otro y de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia y viceversa, esto puede traer consecuencias impredecibles", termina diciendo el SUTCA.

Por las amenazas de bomba, el Gobierno planea un “nuevo protocolo”

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El objetivo es achicar el promedio que manejan para hallar a los responsables y el tiempo que lleva la inspección de los espacios públicos o privados que están amenazados.

Ante las múltiples amenazas de bomba de los últimos días, que incluyó desde la Casa Rosada y el Congreso, hasta los ferrocarriles Sarmiento y la estación Retiro, el Ministerio de Seguridad planea implementar un nuevo protocolo.

Fuentes del Ministerio de Justicia adelantaron que hay un “promedio de detención de entre 7 y 10 días” a las personas que realizan las amenazas. “Si bien los llamados son anónimos, hay tecnología para identificarlos y eso lleva tiempo. Ellos (los responsables) creen que no podemos identificarlos por sí es posible”, indicaron.

Lo que busca ahora la cartera es achicar ese promedio que manejan para hallar a los responsables y también el tiempo que lleva la inspección de los espacios públicos o privados que están amenazados. Es que, por ejemplo, durante el trabajo de las fuerzas de seguridad que se realizó el lunes en Constitución, la interrupción afectó a 150 mil pasajeros de los ramales La Plata, Bosques, Alejando Korn y Ezeiza del tren Roca y limitó los tres ramales del Mitre.

Esta mañana los estudios de Telefé, ubicados en la localidad bonaerense de Martínez, fueron evacuados por una amenaza de bomba, donde trabajó personal de Tránsito, Policía, Bomberos y Defensa Civil a la espera de la llegada de la Brigada de Explosivos para realizar el chequeo en busca de algún artefacto peligroso. Finalmente, se comprobó que se trató de una falsa alarma y los trabajadores pudieron volver a ingresar al edificio.

El lunes 13 de mayo en la Casa Rosada y el anexo de la Cámara de Diputados recibieron amenazas de bomba cerca de las 13. Pocas horas antes habían detenido a un hombre que quiso ingresar armado a Balcarce 50 con la excusa de que tenía una reunión con el presidente Mauricio Macri. NoticiasUrbanas.com

ATE denuncia irregularidades en la empresa Tren Patagónico

Gremiales

El gremio ATE avanza en presentaciones judiciales y no descarta una denuncia penal contra el presidente del Tren Patagónico y otros funcionarios por presuntas “maniobras ilegales, amenazas y aprietes que se están llevando adelante contra los empleados, en complicidad con otros gremios”, explicaron.

ATE apuntó contra Jorge Maljasian, titular de la empresa estatal, y al Jefe del Departamento Comercial Darío Dukart.

“Lo que ocurre en esta empresa estatal es muy grave e involucra irregularidades con recursos que son públicos, dinero que aportan todos los rionegrinos” denunció el secretario general, Rodolfo Aguiar. Y agregó: “Intentan inventar un mecanismo para evitar las afiliaciones a ATE, retener de manera indebida haberes, perseguir y despedir a los trabajadores que se sindicalicen. No habíamos tenido nunca antes una prueba tan elocuente de la prohibición del Derecho de Reunión en plena democracia, como lo es el memorándum del Jefe Comercial”.

El jefe sindical adelantó: “Vamos a avanzar en dos planos. En el judicial y en el gremial. En febrero comenzaremos con medidas de fuerza”.

El conflicto se inició cuando los trabajadores del tren público decidieron afiliarse a ATE y desde la empresa estatal comenzaron a violentar todas las normas vigentes para evitar su reconocimiento y efectuar el correspondiente descuento por cuota sindical, incurriendo en una retención indebida de haberes, además de prácticas ilegales según el artículo 38 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y artículo 24 del Reglamento 467/88 configurando un “acto discriminatorio” y “antisindical”, así como una “práctica desleal”.

El sindicato informó que logró “hacerse de las pruebas del operativo pergeñado por las autoridades y otros gremios para intentar, mediante la comisión de distintos delitos”, desconocer el Derecho Constitucional de la Libertad Sindical en la empresa y “evitar que los trabajadores lleguen a agremiarse”.

ATE reveló que por un lado, se da una irregularidad elocuente y es el correo electrónico que remite el Jefe del Departamento Comercial Darío Dukart a los Jefes de Estación, Auxiliares y Supervisores prohibiendo la realización de reuniones con ATE pero si permitiéndolas con otras entidades que el empleador considera más dóciles o de mayor cercanía.

Y por el otro, el “mecanismo inventado por la Presidencia” para que previo al descuento del aporte gremial, los empleados tengan que ratificar su afiliación a la entidad. “Este accionar no se verifica en ninguna otra entidad pública o privada del país. Lo que se busca en este punto es que una vez conocida las personas que se afilian, se inicie sobre ellas un inmediato proceso de amenazas, persecuciones, sanciones y despidos para quienes no desistan de su voluntad de asociarse”, afirmaron desde ATE.

Por último, desde el sindicato informaron que durante las primeras semanas de febrero se iniciarán distintas protestas y medidas de acción directa no sólo en Viedma, sino en todas las sedes de la empresa, a los efectos de poner freno a la grave discriminación y reclamar por mejoras salariales y de las condiciones laborales de todos los trabajadores.ADNRíoNegro

Subte: La tarifa puede pasar a valer directamente 12,50 pesos

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Desde la empresa confirmaron que se concretará el aumento en julio. En tanto que dirigentes de Izquierda denunciaron amenazas.

Mientras la tarifa del subte continúa congelada en $7,50 -debido a un amparo judicial que frenó el aumento-, desde Subterráneos de Buenos Aires dialogaron con Crónica y no descartaron que en julio pase a valer directamente 12,50 pesos. Dirigentes de la izquierda, por su parte, resaltaron que "Sbase amenaza constantemente".

La decisión está en manos de Patricia López Vergara, jueza en lo contencioso administrativa. La jueza, a pedido de Myriam Bregman y Patricio del Corro (diputados del PTS-FIT), suspendió la aplicación del aumento en la tarifa para pedir la documentación que justifique el alza.

"Vamos a presentar todo lo requerido. Pero hay que destacar que los aumentos están en línea con los nuevos precios del colectivo, por ejemplo", le dijo a este medio Eduardo De Montmollin, presidente de Subterráneos de Buenos Aires. "La política es recomponer las tarifas sin romper el balance entre los valores de los distintos servicios que existen", agregó.

Desde la empresa buscan "resolver esto lo más rápido posible", ya que, según De Montmollin, "si el 1° de mayo se aplicaba la tarifa de 11 pesos, se recaudaba por día 3,5 millones de pesos más". Además ejemplificó diciendo que "desde el 1° de febrero, con la aplicación de la Red Sube, la tarifa promedio del subte es menor a la que se recaudaba anteriormente".

Con esos números sobre la mesa, De Montmollin dijo que "capaz pasemos en julio directamente a cobrar $12,50", y añadió: "Este año no habrá otro aumento". Destacó que "la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires corroboró que la metodología usada para determinar la tarifa es válida", y precisó que "se trata del valor técnico, que es cuánto debería costar el subte para cubrir los costos de las empresas".

Por su parte, Patricio del Corro denunció que "es raro que busquen apelar cuando se les pide simplemente que brinden información". El dirigente del Frente de Izquierda subrayó que "el aumento ya estaba presupuestado, por eso, la audiencia pública fue una chantada".

Del Corro, quien presentó el amparo para que se congele la tarifa junto a Bregman, manifestó que "las empresas amenazan constantemente" y ejemplificó diciendo que "Sbase había dicho que si no aumenta el subte, la frecuencia pasaría a ser cada 12 minutos, y no cada 3 como ahora".Crónica.com

Grave: Amenazan a conductores de locomotoras en el ramal Haedo – Temperley de la Línea Roca

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Redacción Crónica Ferroviaria

Nos llegó la información que el servicio ferroviario entre Temperley – Haedo de la Línea Roca se encuentra interrumpido hace 2 días por reiteradas amenazas de muertes a los maquinistas que arrollaron a una persona (que según dicen habría sido arrojada a la vía ya sin vida y con 17 puñaladas), pero personas allegadas al fallecido querrían cobrar venganza contra los conductores que prestan servicio por dicho ramal.

Estación Haedo

Dos personas subieron a la formación el día posterior al accidente, y con dos armas de fuego amenazaron al guarda del tren advirtiéndole que tienen identificado a los conductores y que "SE LA IBAN A DAR".

Aunque hoy se prestó algún que otro servicio en el ramal, en horas de la tarde y al insistirse la amenaza contra los maquinistas estos no quisieron correr los trenes.

Creo que debería tomarse urgente cartas en el asunto por parte de las autoridades nacionales dando la custodia necesaria para los trabajadores ferroviarios.