martes, 5 de abril de 2016

Régimen de subsidio para víctimas del accidente ferroviario de la estación Once de Septiembre de la Línea Sarmiento

Actualidad

Redacción Crónica Ferroviaria

Se encuentra en la Comisión de Transporte de la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de Ley solicitando un Régimen de subsidio para víctimas del accidente ferroviario de la estación Once de Septiembre de la Línea Sarmiento.

Dicho trámite recayó en el Expte. 1205-D-2016 del 31 de Marzo del corriente año, siendo los firmantes de dicho proyecto de ley los Diputados Nacionales Francisco Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo - Buenos Aires) y Alcira Susana Argumedo (Proyecto Sur - Unen CABA).


Fundamentos

Se cumplen cuatro años del accidente ferroviario de Once, resultado de una política ferroviaria ausente, donde el incumplimiento de los deberes del Estado, fusionado con el mal servicio de los concesionarios (TBA), llevaron a un accidente sin precedentes con 51 muertos y cientos de heridos. Se trató de un tren de pasajeros del Ferrocarril Línea Sarmiento el día 22/02/2012, individualizado con el Nº 3772, Chapa 16.

Vale la pena tener presente los informes sindicales del cuerpo de delegados y los de de la Auditoría General de la Nación presidida por el Dr. Leandro Despouy, que preanunciaban un desastre, que pudo haberse evitado, en cambio se optó por un mal gerenciamiento consentido con la excusa que se viajaba mal por culpa de los pasajeros, diciendo que la gente viajaba mal por una "cuestión cultural elusiva".

Accidentes de esta magnitud, con semejante cantidad de muertos y heridos, con secuelas irreparables y familias mutiladas, nos llevan a pensar que debemos reivindicar el derecho de las personas a viajar en servicios públicos como seres humanos y no hacinados y maltratados como ganado. En este caso existe, cuanto menos un dolo eventual, ya que no puede considerarse meramente culpable un siniestro preanunciado, consecuencia de una secuela de corrupción.

El 22 de febrero de 2012, 51 argentinos murieron y cerca de 800 tuvieron lesiones de distinta gravedad, físicas y psicológicas, porque hubo connivencia y corrupción, desidia, negligencia y un absoluto abandono de la responsabilidad que le cabe a los funcionarios públicos del área, más preocupados por elevar los subsidios a prestadoras de servicios de transporte ineficientes, que de defender los derechos humanos de las personas que diariamente se trasladan a la Capital Federal, muchas veces hacinados como animales para cumplir con su trabajo, visitar un hospital y otras obligaciones. Todos conocemos la gran interrelación que existe entre la C.A.B.A. y el conurbano bonaerense.

Es el primer aniversario y las víctimas y sus familias se sienten abandonadas. Parte del dolor tenía que ver que para la Presidenta de la Nación, -hasta ayer- el hecho parecía no tener la dimensión que realmente tiene. Ese abandono por parte de quienes ejercen el poder hace que sea necesario que las víctimas y familiares mantengan activa la memoria, y luchen por evitar la impunidad de que aún gozan los responsables, protegidos por el manto de un poder que ve como bueno todo lo propio y como enemigo y peligroso todo lo que disiente.

Si hay algo que me enorgullece como argentino y diputado de extracción sindical, es ser un activista de la memoria, haber luchado toda mi vida por la justicia y la verdad, participar en los movimientos sociales, y como dirigente sindical reivindicar en todos mis actos los derechos de los trabajadores.

Por eso, hoy al cumplirse un año de la terrible tragedia ferroviaria de Once, no puedo sino escuchar el clamor de las víctimas y sus familiares, reclamando justicia para las mismas y utilizar como herramienta de lucha, un proyecto legislativo que termine con la impunidad para evitar que se repita un hecho similar, porque el abandono de la red ferroviaria en todos sus tramos hace temer que la historia se repita, que más argentinos mueran, argentinos de trabajo, argentinos que usan el transporte público, en muchos casos porque no tienen otra alternativa. No podemos olvidar que hubo varios descarrilamientos posteriores, que gracias a Dios no tuvieron mayores consecuencias. Descarrilamientos que se siguen repitiendo.

La falta de esclarecimiento pleno y de castigo a los funcionarios públicos responsables por acción u omisión, la de los empresarios titulares de la concesión, la falta de políticas públicas de transporte y de control de los servicios públicos, invitan a tomar medidas legislativas tendientes a evitar lamentables accidentes con víctimas fatales, que en realidad no son tales, sino derivación razonable del estado en el que se encuentran los ferrocarriles y las vías donde circulan.

Por eso hemos acogido el proyecto de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, recibido por la Confederación General Del Trabajo. Pretendemos que las personas que hayan fallecido a consecuencia del accidente (por sus derechohabientes), los heridos, y sus familiares tengan derecho a percibir, una reparación justa.

Recordemos que en el caso de la Amia, cuyo saldo fue 85 muertos y cientos de heridos, ese proyecto pretende una reparación económica para los herederos de los muertos, calculada de $ 1.800.000 para la familia de la persona fallecida (Se calculaba como el equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado O, del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobada por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) modificado por los Decretos Nros. 875/05 y 679/06, por el coeficiente 200). En caso de lesiones gravísimas, según la clasificación del Código Penal, debe ser reducida en 30%. Esto es, $ 9.000 por 170 da un total de $ 1.530.000.Asimismo la reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones graves, según la clasificación que hace el Código Penal, la suma será reducida en 40%. Es decir que cobrarán $ 1.440.000. Esto es $ 9.000 por 160.

Este antecedente de reparación, bajo la forma de pago único extraordinario por única vez como se pretende con el caso de los muertos de la AMIA, toma como precedente la ley Nº 26.690 que establece el pago de una indemnización a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, perpetrado el 17 de marzo de 1992 que dejó un saldo de 29 muertos y 242 heridos. Duplicando el valor de la indemnización por lo que sigue siendo cuestionado.
En el caso de las víctimas del 19/29/21 de diciembre de 20 también se fijó una indemnización extraordinaria por cada víctima estimada en $ 1.400.000.

Otro antecedente podemos encontrarlo en el Estado Nacional, también la Ciudad Autónoma de Buenos Años, ha vivido la tragedia de Cromañón, que el 30 de diciembre de 2004 dejó más de 194 muertos y más de 1432 heridos y mutilados, en ese caso la ciudadanía ha ido más lejos a tal punto que se destituyó por Juicio Político al entonces Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.

En esta oportunidad, al cumplirse el año de la tragedia de Once, nos ocupamos de la reparación patrimonial por las víctimas de ese hecho, y lo hacemos cumpliendo nuestra función de representantes del pueblo de la nación, y lo asumimos como es nuestra vocación, escuchando al conjunto de las víctimas, al que muchos solo rinden homenaje desde la palabra, y nosotros pretendemos conmemorar desde los hechos.

Este proyecto es de avanzada. No pretende una indemnización extraordinaria para sus 51 muertos y más de 800 heridos reconocidos, pretende un subsidio a la manera de las pensiones graciables, de por vida, para todos los que acrediten los requisitos establecidos por la ley, con un fundamento objetivo que lo amerita. No se trata de establecer una prebenda para sepultar el tema, sino de establecer un subsidio permanente como homenaje a su memoria y con carácter ejemplificador.

Llamamos a la reparación subsidio, por su fuerte connotación política, ya que son empresas fuertemente subsidiadas por el estado las que permitieron de manera directa el hecho. El descontrol del estado fue partícipe de la desinversión que permitió el accidente trágico.

"La muerte de un ser querido es irreparable e irrecuperable", dijo la Presidente de la Nación en un acto público, - se refirió al hecho un día antes de cumplirse el primer aniversario del mismo-. Hasta ahora y pese a estar los ferrocarriles dentro de la órbita del gobierno nacional, en todo este tiempo no se había expresado sobre el tema. Es nuestro deseo que ésta sea una reparación efectiva para las víctimas y no sólo una mera declaración política sobre un tema que es muy sensible para el pueblo argentino trabajador que diariamente debe abordar un transporte público para llegar a su trabajo y para volver a su casa.

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta que el proyecto fue recibido por la C.G.T. Azopardo, que el mismo pertenece a víctimas y familiares de víctimas del accidente ocurrido en la Estación Ferroviaria de Once el 22 de febrero de 2012, que en la fecha de su presentación ante la HCDN se cumple un año de la tragedia y teniendo en cuenta que ninguna conmemoración puede ser más sincera y efectiva que el legítimo intento de resarcir el daño físico y moral causado, solicito que el proyecto sea sometido al debate de las comisiones, y oportunamente aprobado por el Pleno.