Uruguay: Freno sindical al ferrocarril

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Por tercera vez en 10 años el sindicato ferroviario impide mejorar el vital pero deficiente servicio actual, con un argumento que se desvanece ante la magnitud del problema.

Por tercera vez en 10 años el sindicato ferroviario impide mejorar el vital pero deficiente servicio actual, con un argumento que se desvanece ante la magnitud del problema. Ya ni siquiera se desplaza el control estatal, como en las dos oportunidades previas. Ahora la Unión Ferroviaria (UF) frustra un tímido intento gubernamental de revertir la constante pérdida de cargas de trenes que operan a paso de tortuga por vías deterioradas, con una caída en los últimos cinco años de 1.400.000 toneladas anuales a 800 mil. Detrás del obstruccionismo de la UF está su negativa a pasar a trabajar bajo el derecho privado. El cambio no implicaba reducción de puestos de trabajo sino meramente perder la irrazonable inamovilidad de que gozan los funcionarios públicos, excepto los municipales. Pero si los miembros de la UF confiaran en su competencia laboral, sus empleos estarían igualmente garantizados.

La posición sindical constituye apenas la defensa de un interés ínfimo cuando se lo compara con sus consecuencias. Recuperar el ferrocarril es esencial para facilitar el trasiego de bienes, del cual depende la actividad económica en momentos en que la amenaza el actual crecimiento enlentecido. Lo torna urgente la averiada infraestructura de carreteras, sobrepasada por el tráfico de camiones y cuyo mejoramiento llevará años si el gobierno concreta algún día la asociación de capitales privados con el Estado. Esta necesidad apremiante vuelve a ser ignorada por la UF. Ya lo hizo en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando frustró un acuerdo con un consorcio privado para restablecer y gestionar el servicio, que erradas administraciones anteriores dejaron caer.

El expresidente José Mujica aseguró más tarde que estaba asegurada la venida de empresas chinas para recuperar el ferrocarril. Pero el sindicato volvió a decir no y todo quedó en la nada por falta de energía gubernamental. Ante este nuevo fiasco, la administración Mujica recurrió en 2011 a una rebuscada solución improbable. Dividió a AFE en dos empresas estatales, creando Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF) para manejar las cargas y dejando al ente a cargo de la infraestructura. Pero SLF, propiedad de AFE y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pasó a operar bajo el derecho privado, en tanto AFE continuaba como hasta ahora.

El previsible resultado fue que durante cuatro años SLF operó con cuatro empleados, porque los miembros de la UF se negaron al traspaso. Como desesperanzada salida a ese fracaso, la administración Vázquez hizo un llamado para cubrir 110 puestos de maquinistas y otros cargos técnicos. Se presentaron 1.198 aspirantes pero ninguno del sindicato, cuyo presidente, Carlos Aramendi, proclamó que “ningún trabajador ferroviario va a dejar de ser funcionario público para ir al derecho privado”. Los nuevos postulantes no llenaron los requisitos y necesitarán al menos tres años de capacitación antes de que puedan conducir trenes.

El resultado de esta acumulación de desaciertos sindicales y traspiés gubernamentales es que SLF está contratando al personal de la UF en AFE para que haya algunos trenes en marcha. Esto significa que todo queda como está desde hace décadas y que un servicio ferroviario medianamente eficiente no se concretará en el mediano plazo a menos que el gobierno sea capaz alguna vez de superar la ceguera de un sindicato que frena una urgente necesidad nacional.ElObservador.uy