GOBIERNO A PUNTO DE DARLE OTRO NEGOCIO A UN PROCESADO POR DÁDIVAS

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Las fuertes críticas que recibió al cumplirse el primer aniversario de tragedia de Once, el Gobierno de Cristina Fernández se apresta a cerrar un polémico acuerdo comercial que involucra a las líneas Sarmiento y Mitre.

El Ministerio de Interior y Transporte que conduce Florencio Randazzo ya habría resuelto dejar la explotación de los comercios de las estaciones de ambos ferrocarriles en manos de un empresario K que irá a juicio oral y público por el pago de dádivas al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Se trata de Néstor Otero, el dueño de TEBA, la concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro y del hall de Once, que ahora pasará a administrar los negocios colaterales del Sarmiento y del Mitre.

En los últimos días, los locatarios de los puestos ubicados en las estaciones del Sarmiento recibieron la notificación de que, a partir de mañana, tienen que pasar a abonar los alquileres mensuales a las oficinas del primer piso de la terminal de Once. En ese lugar funciona la empresa de Otero que, desde 2006, tiene la explotación comercial de estación cabecera del Sarmiento.

Además, fuentes de la UGOMS –la operadora privada que desde mediados del año pasado opera los dos ferrocarriles– confirmaron que ya recibieron la instrucción del Gobierno para cederle el control de los “colaterales” a la sociedad comandada por Otero.

El nuevo negocio que sumará el empresario bonaerense –que se encuentra procesado por abonar los alquileres de los departamentos donde vivió Jaime cuando era el mandamás de Transporte– abarca la administración de 250 locales de las estaciones del Sarmiento y otros, 150 de la línea Mitre.

Esos puestos –de los cuales la gran mayoría pertenecen al rubro gastronómico– aportan, según los números del año pasado, una recaudación mensual del orden de los $ 2 millones.

Hasta mayo del año pasado, los alquileres eran cobrados por Baires Comercial, una subconcesionaria de la ex TBA. Pero luego del quite de la concesión de los ferrocarriles al grupo Cirigliano, nadie le reclamó a los inquilinos el pago de los alquileres. Cuando se hizo cargo del área de Transporte en junio pasado, Randazzo les había prometido a los intendentes de los partidos por donde pasan las vías que ese negocio iba a quedar para ellos. Pero, tras evaluar las condiciones y las obligaciones que debían asumir como controladores de los puestos, ningún municipio reclamó hacerse cargo de los locales.

En noviembre del año pasado, el sector comercial de la UGOMS que manejan Osvaldo Tulli (de Metrovías) y Alejandro Astiz (Ferrovías) pidió la autorización a la Secretaría de Transporte para empezar a cobrar los alquileres. Tras rechazar ese planteo, los funcionarios le ordenaron a la UGOMS que se limite a efectuar un “relevamiento y una admininistración precaria” hasta que adoptara una medida definitiva.

Ahora, todo indica que la elegida para quedarse con el negocio es la empresa de Otero, la cual se habría hecho cargo de los arreglos y la refacción de la estación Once que el Gobierno salió a mostrar como propios en los primeros días de enero.

Hace menos de un mes, la Cámara Federal confirmó que Otero y otros directivos de TEBA deben ir a juicio oral y público por el pago de dádivas a Jaime, el ex hombre fuerte del Transporte de la administración kirchnerista.

La investigación judicial comprobó que los empresarios se habían hecho cargo entre 2003 y 2009 de los alquileres y las garantías de los departamentos porteños que habitó el polémico ex secretario, que tenía entre sus funciones el control de la concesión de la terminal de Retiro manejada por Otero./Diario Clarín