6 de octubre de 2010

UN PROCESAMIENTO CONFIRMADO

Está acusado de recibir dádivas de hombres de negocios del sector que en teoría debía controlar. En otra causa, donde se investiga si se enriqueció de forma ilícita, le ratificaron la prohibición para salir del país y su citación a indagatoria.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, acusado de recibir dádivas de hombres de negocios del sector que en teoría debía controlar. El tribunal confirmó también los procesamientos de los empresarios Manuel Vázquez (asesor y presunto testaferro de Jaime) y su hijo Julián, de Jorge Oscar Molina (ex director de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas) y de Sergio Claudio Cirigliano, titular del Grupo Plaza. En la causa por el enriquecimiento ilícito del ex funcionario, en tanto, los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero ratificaron la prohibición para salir del país de Jaime & familia, un embargo por cuarenta millones de pesos y confirmaron también la citación del ex funcionario para prestar declaración indagatoria. Ahora el juez federal Norberto Oyarbide deberá fijar la fecha.



La investigación del ex secretario de Transporte se inició por una denuncia en febrero de 2009 del ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien pidió que se investigara a Jaime por viajes de placer a Brasil, Uruguay y Córdoba, entre 2006 y 2008, con pasajes pagados por empresarios del sector del transporte. En marzo pasado, citado a indagatoria, Jaime se negó a responder preguntas pero presentó un escrito con el que buscó justificar ocho de los catorce viajes cuestionados. Un mes después, el juez federal Claudio Bonadío procesó al ex funcionario por el delito de admisión de dádivas, que prevé una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para quien la recibió, y de un mes a un año de prisión para quien la ofreció.

Bonadío había embargado los bienes de Jaime por 800 mil pesos y de Cirigliano por 500 mil. La cámara confirmó ayer los procesamientos pero redujo la cifra de los embargos: 200 mil para el ex funcionario, 100 mil para el empresario. En la misma resolución, los jueces dictaron la falta de mérito a favor del piloto Gustavo Carmona y de los empresarios Carlos Alberto Luch, Alejandro Ventola y Ricardo Izquierdo, aunque ordenaron que en sus casos se profundice la investigación.

En la causa por enriquecimiento ilícito y dádivas, la Cámara coincidió con el juez Oyarbide en que el patrimonio de Jaime disminuyó durante su actuación pública, a medida que aumentaba el de su pareja Silvia Elena Reyss, y el de las hijas de ambos, Julieta, Romina y Gimena Jaime, y Agostina y Lorena Jayo. El embargo de cuarenta millones de pesos afecta a ocho inmuebles que el entorno de Jaime, sobre todo la señora, habría adquirido a nombre de distintas sociedades mientras el pater familias era funcionario público.

Además de confirmar la prohibición para salir del país y el embargo de cuarenta millones de pesos, dictado por Oyarbide el 28 de marzo pasado, la Cámara ordenó ayer el secuestro de un avión Lear Jet 31A (valuado en cuatro millones de dólares), que se encontraría en un aeropuerto en Stuart, a cien kilómetros de Miami, y del yate Altamar 64 denominado Capricornio, valuado en un millón de dólares y anclado en el puerto de Florianópolis, en Brasil. Freiler, Farah y Ballestero destacaron que la investigación no concluyó y que debe reconstruirse “fehacientemente el verdadero patrimonio” de Jaime.

En la causa por enriquecimiento ilícito y dádivas se le imputa a Jaime que directivos de la empresa TBA, concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro, fueron garantes y pagadores del alquiler de dos departamentos que ocupó con su mujer. Oyarbide citó a indagatoria a ambos, que apelaron la convocatoria con el argumento de que la causa se inició sólo por el delito de enriquecimiento ilícito –la presunta compra por parte del ex funcionario del avión Lear Jet y el yate–, por lo que no podía imputarlo de otro delito, y en tal caso el expediente debía pasar a manos de Bonadío. La Cámara rechazó el argumento y confirmó la citación a indagatoria. El juez también investiga si Jaime tenía otro barco, llamado Cohiba, que tampoco figura en las declaraciones juradas pero por el cual su esposa pagaba el amarre en una guardería náutica de Victoria, provincia de Buenos Aires.(Fuente y foto: Página 12)

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